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Una investigación periodística de CONFIDENCIAL reveló un esquema multimillonario de paquetería en Nicaragua, controlado por figuras cercanas a la familia gobernante, como Rafael Ortega (nieto presidencial), Margarita Sánchez, y los hermanos Laureano y Maurice Ortega Murillo. Este sistema, que capta mercancías en el extranjero y evade impuestos, no solo implica delitos graves, sino que roba al pueblo recursos que podrían destinarse a obras sociales. La opacidad, el uso de testaferros y la connivencia con el poder político generan pérdidas millonarias y perpetúan desigualdades.
El negocio de paquetería está controlado por empresas como Grupo Garza, liderada por Rafael Ortega y Margarita Sánchez, junto con Rapidus, Inversiones Payita, Roambeth, y otras, operan un esquema que importa “paquetitos” desde países como Estados Unidos y Panamá, evadiendo controles aduaneros. Los hermanos Ortega-Murillo controlan el acceso al negocio a través de testaferros y operadores, afectando al fisco y al comercio formal mientras benefician a una élite.
A continuación analizamos algunos de los delitos involucrados, su alcance transnacional y el impacto social de este sistema diseñado para evadir el pago de impuestos.
Delitos de defraudación aduanera
El ingreso de mercancías sin controles rigurosos o con declaraciones falsas es defraudación aduanera. Este mecanismo permite a las empresas introducir bienes sin cumplir las normativas, debilitando la economía formal. Para la sociedad, esto significa menos fondos para servicios públicos esenciales, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad donde los más vulnerables son los más afectados.
Corrupción y abuso de poder
El control del negocio por parte de los Ortega-Murillo, quienes deciden quién participa y quién no, refleja corrupción y abuso de poder. Este favoritismo asegura beneficios para una élite conectada políticamente, mientras el pueblo sufre las consecuencias de un sistema que prioriza intereses privados. La falta de inversión en salud, educación o empleo digno es un recordatorio de cómo la corrupción desvía el capital que podría transformar vidas.
Asociación ilícita: una red organizada
La estructura de operadores, testaferros y empresas que coordinan la captación de mercancías en el exterior y su ingreso a Nicaragua sugiere una red organizada para delinquir. Este sistema, que opera con conexiones transnacionales, perpetúa un modelo donde los beneficios se concentran en pocas manos. Para la sociedad, esto significa menos oportunidades y una economía que favorece la informalidad, dejando a miles sin acceso a un futuro digno.
Competencia desleal: asfixia al comercio formal
Las empresas formales enfrentan trabas mientras las favorecidas operan sin restricciones, lo que constituye competencia desleal. Esto afecta a importadores legales y agencias aduaneras, que no pueden competir con los precios bajos de los “paquetitos”. Socialmente, este desequilibrio destruye empleos formales y limita el crecimiento económico, afectando a familias que dependen de negocios legítimos para sobrevivir.
Fraude fiscal y posible contrabando
El uso de testaferros para ocultar la titularidad de las empresas apunta a un fraude fiscal, mientras que la introducción de mercancías sin control podría rozar el contrabando si se traen productos restringidos. Estos delitos agravan la pérdida de recursos públicos, dejando al pueblo sin los beneficios de un sistema fiscal justo. Cada paquete que evade inspección es un recurso menos para hospitales, escuelas o seguridad ciudadana.
Impacto transnacional y en el comercio formal
La captación de mercancías en el exterior amplifica el alcance del esquema. Por ejemplo, el mercado de celulares importados legalmente no puede competir con productos traídos vía paquetería, que evaden impuestos y se venden más baratos. Esto no solo perjudica a las empresas formales, sino que refuerza un mercado informal que priva a la sociedad de empleos estables y servicios públicos de calidad.
El negocio de paquetería en Nicaragua, con conexiones en Estados Unidos y Panamá, va más allá de la evasión fiscal. Delitos como defraudación aduanera, lavado de dinero transnacional, corrupción y competencia desleal reflejan un sistema que enriquece a una élite mientras despoja al pueblo de recursos vitales. La pérdida de estos fondos perpetúa la pobreza, la desigualdad y la desconfianza en las instituciones. Es urgente exigir transparencia y justicia para que el capital del pueblo se invierta en su bienestar.
