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El exiliado político nicaragüense, Reinaldo Picado, afirma que el atentado que sufrió el 27 de junio de 2026 en la provincia costarricense de Cartago fue un ataque planificado por personas que conocían dónde vivía y seguían sus movimientos. La denuncia fue recibida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien realiza las diligencias en busca de “evidencias”.
“Ellos ya me tenían ubicado (…) Es un trabajo dirigido desde la embajada de Nicaragua”, denunció el exmiembro de la “Contra” nicaragüense, alias “comandante Omar”, en entrevista con CONFIDENCIAL.
El opositor explicó que quienes intentaron asesinarlo esperaban interceptarlo en un cruce cercano a la vivienda donde residía en el distrito de San Diego, del cantón de La Unión, provincia de Cartago. Asegura que un vehículo pasó junto a él y, unos segundos después, escuchó que alguien corría detrás suyo. Cuando giró, vio a un hombre con una pistola apuntándole a la cabeza.
“Lo que hice fue detenerme, giré el cuerpo y le agarré la mano que traía la pistola (…) Ellos me iban a esperar en la bocacalle, pero yo me adelanté un poquito y ya me los topé como a unos 100 metros del cruce”, relató.
Durante el forcejeo, dijo haber escuchado que el arma falló al intentar disparar. El exiliado aseguró que el desconocido subió en el vehículo que lo aguardaba y huyó del lugar.
OIJ busca evidencias
Tras presentar la denuncia ante el OIJ, Picado cuestionó la respuesta inicial del órgano auxiliar de justicia costarricense. El opositor nicaragüense esperaba una inspección inmediata en el lugar y la revisión de cámaras de vigilancia para buscar evidencia.
“Me llamaron hoy (martes 30 de junio) para preguntarme si yo todavía estaba en el lugar, pero yo estoy fuera. De hecho, hay unas cámaras, pero dicen que no vieron nada porque están largo (…) Yo me cambié de lugar, porque me doy cuenta que ya me tienen ubicado ahí. Entonces, me moví de lugar”, subrayó.
Agregó que el OIJ le ofreció “protección”, pero decidió rechazarla porque perdió la confianza en las autoridades costarricenses tras el intento de extradición en octubre de 2023.
Según su versión, en 2023 fue trasladado junto con otros opositores hacia la frontera con Nicaragua pese a que no existía una resolución judicial firme que autorizara su entrega, un procedimiento que fue detenido después de acciones legales de su defensa.
“Ahora que me están ofreciendo protección, yo no lo acepté”, reiteró, el opositor que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Picado también sospecha que la información sobre su paradero pudo haber sido filtrada desde espacios de la oposición. “Hay gente que dice ser opositora y a lo mejor nos están traicionando”, dijo.
Agregó que salía poco de su vivienda y que normalmente bajaba “cada 15 días, a veces más”, para hacer compras, por lo que considera que quienes organizaron el ataque conocían sus rutinas.
Víctimas de represión transnacional
Las autoridades costarricenses rechazaron la solicitud de extradición presentada por la dictadura orteguista. El 23 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo Migratorio reconoció a Picado la condición de persona refugiada y resolvió que “no puede ser extraditado bajo ninguna circunstancia vinculada a los hechos que motivaron el otorgamiento del refugio”.
La solicitud de extradición contra Picado es por los mismos hechos en el que Nicaragua acusa a otros dos opositores: Douglas Gamaliel Pérez Centeno, ya extraditado, y Pedro Javier Fernández Sandoval, cuya entrega fue frenada tras obtener refugio en Costa Rica.
Los tres son señalados por las muertes de una oficial de Policía y un civil ocurrido en El Castillo, Río San Juan, según el régimen sandinista.
“Ellos quedaron ardidos porque fue una derrota para ellos. Yo sabía que a toda costa iban a quererme matar”, afirmó.
En marzo de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), determinó que Rosario Murillo encabeza una cadena de “mando vertical” que coordina una amplia red de vigilancia e inteligencia, creada para determinar qué nicaragüenses exiliados deben ser perseguidos.
Al menos 12 fuentes entrevistadas por el GHREN de la ONU identifican al cocanciller Valdrack Jaentschke en el centro de la “arquitectura de vigilancia e inteligencia”, que opera bajo el mando de Murillo.
Esta red, según el GHREN, “ha sido crucial para que el Estado pueda identificar, vigilar y perseguir a los nicaragüenses exiliados”.
Otros hechos de represión transnacional en contra de exiliados nicaragüenses son:
- El activista Joao Maldonado sobrevivió a dos atentados armados en 2021 y 2024. Su pareja, Nadia Robleto, opositora y refugiada, también fue víctima del atentado.
- El 19 de junio de 2025, el mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica.
- Jaime Luis Ortega Chavarría, ejecutado en la comunidad de El Quebradón de Upala, Costa Rica, el 28 de octubre de 2024.
- El excombatiente y exiliado jinotepino, Rodolfo Rojas, fue asesinado en junio de 2022 en Honduras.
- Erick Antonio Castillo, joven excarcelado político nicaragüense, tras recibir amenazas fue asesinado el 7 de febrero de 2023 en La Cruz, Guanacaste.
- El 11 de agosto de 2022 un activista exiliado, identificado como Carlos A., recibió dos disparos en un ataque vinculado a amenazas recibidas meses antes en San José.
Picado insiste en que no piensa abandonar su activismo. “Eso a mí no me quita el sueño. Yo no le tengo miedo a ellos. Eso no me frena para nada; más bien me fortalece”, concluyó el opositor..
