AA
Share
Rosario Murillo encabeza una cadena de “mando vertical” que coordina una amplia red de vigilancia e inteligencia, creada para determinar qué nicaragüenses exiliados deben ser perseguidos estableciendo “categorías de amenaza”, revela el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 16 de marzo de 2026.
Esta red “ha sido crucial para que el Estado pueda identificar, vigilar y perseguir a los nicaragüenses exiliados”, indica el documento.
El informe detalla que “en la más alta instancia”, las decisiones de esa estructura las han tomado Murillo, el entonces asesor presidencial para asuntos de seguridad e inteligencia, Néstor Moncada Lau, que ocupó el cargo hasta agosto de 2025, el viceministro del Interior, Luis Cañas, y altos dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esta estructura es la que determina “qué nicaragüenses exiliados deben ser objeto de persecución, definen categorías de amenaza y deciden las medidas que deben adoptarse, entre ellas la vigilancia, el acoso la intimidación digital y presencial, el seguimiento a través de servicios consulares y la denegación de documentos”.
Además “envían órdenes” a las instituciones estatales pertinentes, las embajadas y las estructuras del FSLN para la ejecución de las medidas represivas.
El informe del GHREN señala que los nicaragüenses exiliados han sido víctimas de “seguimiento físico, fotografiados, acosados y amenazados por agentes encubiertos o informantes” de la dictadura que se coordinan con la estructura sobre todo en Costa Rica y Honduras. El Grupo de Expertos, sin embargo, también ha documentado casos en Bélgica, Guatemala, España y los Estados Unidos de América.
“El Gobierno ahora quiere silenciar también a los que están en el extranjero. Nadie está fuera del alcance de esta máquina”, agregó Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en una conferencia de prensa tras la presentación del informe.
Ejército con presencia de vigilancia en cinco países
En esta “arquitectura de vigilancia e inteligencia”, identificaron dos componentes, uno político, que determina los “objetivos y proporciona orientación estratégica”, y otro operacional, a través del cual se “coordina la aplicación de estas decisiones en el extranjero”.
Ambos componentes, según el GHREN, ayudan al régimen a “proyectar su aparato represivo en el exterior”.
El “componente político” está liderado por el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, dependiente de la Presidencia a través del jefe del Ejército de Nicaragua.
Desde 2020, concluyó el Grupo de Expertos, las embajadas de Nicaragua en al menos cinco países “han acogido a personal” de la Dirección de Inteligencia de Defensa y de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que recopilan información obtenida por distintas fuentes, entre ellos agregados militares nicaragüenses”.
La mayoría de los embajadores nicaragüenses —expone el GHREN—, actúan como “secretarios políticos” del FSLN en sus embajadas, y desde sus puestos como diplomáticos “coordinan la vigilancia de exiliados y de sus familias en sus respectivos lugares de destino”, informando después directamente Murillo.
Según el documento, primero “establecen directrices generales y prioridades para la persecución transnacional”, y posteriormente, coordinan con “redes de personas alineadas con el FSLN” y el régimen dictatorial, “aunque no sean nicaragüenses”.
Asimismo, supervisan el “uso del servicio diplomático para la identificación, el seguimiento y el acoso de exiliados”.
El informe del Grupo de Expertos confirma que “también se coopera con Estados amigos”, siendo el objetivo último, “neutralizar cualquier actividad considerada hostil al Gobierno”.
“Su inteligencia política identifica los objetivos y sus unidades operativas los persiguen”, dijo Brody.
Valdrack Jaentschke en el “centro” del espionaje transnacional
Al menos 12 fuentes entrevistadas por el GHREN de la ONU identifican a Valdrack Jaentschke en el centro de la “arquitectura de vigilancia e inteligencia”, que opera bajo el mando de Murillo.
Su cercanía con la Presidencia, le permitió tener un rol importante en la “dirección de la estrategia de represión transnacional del país y en la coordinación de las actividades de inteligencia”, agrega el informe.
La red transnacional de “vigilancia e inteligencia” —que describe el Grupo de Expertos en su informe presentado en Ginebra—, se apoya principalmente en el Ejército y la Policía Nacional para localizar, vigilar e intimidar a los nicaragüenses en el exilio. También participan otras instituciones del Estado, así como el servicio diplomático y actores no estatales, en particular miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Juntos constituyen una estructura integrada eficaz que permite al Estado proyectar su aparato represivo en el exterior para perseguir a nicaragüenses exiliados”, determinó el Grupo de Expertos.
Jaentschke —según el documento—, coordinó “actividades de inteligencia”, mientras se desempeñó como ministro consejero en Guatemala, Honduras y Costa Rica, y también cuando ejerció como asesor presidencial en materia de políticas y asuntos internacionales. El actual cocanciller, también ejerció como secretario político del FSLN en esos lugares de destino.
“Nuestras investigaciones nos permiten ahora nombrar al actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, quien formó parte del grupo de toma de decisiones de alto nivel que dirigía la estrategia de represión transnacional de Nicaragua (…) Él ayudó a dirigir la inteligencia política contra los nicaragüenses exiliados”, señaló Brody.
Exagente de la Seguridad del Estado
Jaentschke trabajó en la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) en los años ochenta realizando actividades de inteligencia y espionaje. Una fuente del sector de la sociedad civil, que lo conoce desde hace más de dos décadas, consultada para el reportaje de CONFIDENCIAL titulado El nuevo canciller Valdrack Jaentschke: espía, operador político y diplomático “siniestro”, lo describe como un operador político “hábil e inteligente”, pero también como “peligroso”.
La rápida sucesión de sus nombramientos en “países vecinos” coincidió con un rápido incremento del exilio forzado al que fueron sometidos los nicaragüenses desde 2018.
Durante sus misiones diplomáticas estableció —según el GHREN— “redes de influencia”, especialmente en Costa Rica, donde estuvo como ministro consejero en la Embajada de Nicaragua en ese país hasta el 7 de julio de 2022.
Además garantizó la correcta “coordinación operacional entre actores estatales y no estatales, incluidos informantes”, quienes eran los encargados de la represión transnacional contra exiliados.
Esto “contribuyó directamente a la localización, vigilancia e intimidación de nicaragüenses exiliados y a la recopilación de información en los tres países en los que prestó servicios”.
Contacto con “redes criminales” en países de acogida
En esta red transnacional de vigilancia e inteligencia también participan la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, la Policía Nacional, principal brazo represor del régimen. Cada dirección, según el GHREN, tiene roles asignados:
- Las Direcciones Generales “coordinan las actividades de inteligencia y vigilancia, incluidos el espionaje digital, la elaboración de perfiles, la localización y selección de objetivos entre los opositores, y el trabajo de los informantes”.
- También realizan “operaciones encubiertas en el extranjero”.
- El personal de la Dirección de Información para la Defensa es “responsable de establecer acuerdos informales con personas que se encuentran en el país de destino, algunas de ellas vinculadas a redes criminales, para vigilar, amenazar y acosar a nicaragüenses exiliados.
- Los acuerdos con las “redes criminales” buscan “evitar que las violaciones puedan atribuirse a la Dirección y al Estado”.
- La Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia realiza un “seguimiento de los movimientos en tiempo real en puestos fronterizos, como los de El Espino, Guasaule y Peñas Blancas”.
Un mínimo de tres personas, que desempeñan funciones distintas, entre ellas el “análisis y la supervisión de la información recopilada”, participan en las operaciones de inteligencia transnacional.
“Sobre el terreno, militantes del FSLN, agentes encubiertos e informantes tanto nicaragüenses como de otras nacionalidades recopilan información sobre la diáspora, por ejemplo en relación con reuniones, actividades, vínculos familiares y de otro tipo, así como la ubicación y los movimientos de figuras de la oposición”, señala el informe.
La información la transmiten a la Dirección de Información para la Defensa, la policía y los consulados.
“Algunos exiliados, considerados especialmente peligrosos para el régimen actual, también han sido objeto de agresiones físicas —y, en algunos casos, asesinados— por personas que podrían estar vinculadas al Estado de Nicaragua, lo que ha exacerbado el clima de miedo generalizado entre la diáspora nicaragüense”, puntualiza el informe.
El 19 de junio de 2025, el mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica.
Vigilancia digital desde Telcor
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) se encarga de la “vigilancia digital transnacional”. Las personas exiliadas son “rastreadas digitalmente mediante el pirateo informático de cuentas, el uso de programas espía, la vigilancia de los medios sociales y la interceptación de comunicaciones”.
También informan a la Dirección de Información para la Defensa sobre el seguimiento que realizan a los “medios sociales y la interceptación de comunicaciones”.
A su vez, Telcor envía esta información a periodistas e influencers progubernamentales y a sus granjas de trolls vinculadas a la Juventud Sandinista y a instituciones del Estado, quienes son los encargados de “campañas de acoso, desinformación y difamación en línea contra exiliados nicaragüenses”.
La Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, también “aportan información laboral, financiera, académica y de contacto a esta red de inteligencia transnacional”.
“Las violaciones transnacionales han tenido graves consecuencias, incluso psicológicas, tanto para los nicaragüenses exiliados como para sus familias en Nicaragua, en particular los niños, las mujeres con responsabilidades de cuidado y las personas mayores”, señala el informe.
