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Francisco es uno de los casi 3000 nicaragüenses con TPS en Estados Unidos. Ha vivido sus últimos 27 años en California, bajo el Estatus de Protección Temporal, por lo que la reciente cancelación del beneficio migratorio ha sacudido sus planes futuros, sobre todo porque no se plantea un regreso a su patria: “No sé a qué volvería a Nicaragua, ya ni amigos tengo allá”, sostiene.
El nicaragüense entró ilegal a EE. UU. en 1998, meses después que el huracán Mitch azotó Honduras y Nicaragua, por lo que se benefició del TPS “casi desde que empezó”, comenta. En Estados Unidos se casó y tuvo tres hijas, todas ciudadanas estadounidenses, pero nunca logró regularizar su situación migratoria.
Explica que, como “castigo” por entrar ilegalmente a EE. UU., debía pasar diez años fuera del territorio estadounidense para regularizar su situación migratoria. El nicaragüense se rehusó porque “era algo muy difícil”, ya que significaba “separarme de la familia por diez años”.
Ante la cancelación del TPS, Francisco se siente “vulnerable” y con “temor” de ser deportado a Nicaragua, un país que apenas reconoce. “Ya tengo mis años encima y es difícil volver para establecerme y comenzar de nuevo allá”, lamenta.
Nicaragüenses con TPS tienen “raíces” en EE. UU.
La fecha oficial de terminación del TPS para los nicaragüenses será el 8 de septiembre de 2025, según una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicada en el Registro Federal el martes 8 de julio.
Los nicaragüenses con TPS tienen un plazo de 60 días para regularizar su situación migratoria o abandonar Estados Unidos, advierte el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef por sus siglas en inglés).
Aunque el plazo de 60 días es más amplio de lo otorgado a otras nacionalidades, Rocha lo considera insuficiente para personas que han residido y trabajado en EE. UU. por más de 25 años. “Muchos tienen cónyuges e hijos que son ciudadanos estadounidenses, y están plenamente integrados en las comunidades donde viven y trabajan. Hacer las maletas para dejar atrás todo eso debe ser, además de doloroso, muy difícil”, enfatiza.
En un artículo de Opinión, publicado en CONFIDENCIAL, el politólogo nicaragüense Manuel Orozco señala que los nicaragüenses con TPS “son personas que tienen una raíz ya en Estados Unidos, con obligaciones familiares que incluyen hijos en escuela o universidad, trabajos estables con contribución tributaria, hipotecas de casa, y otras inversiones en Estados Unidos”.
“Muchas de estas personas —agrega— están por cumplir sesenta años, ya en momentos cercanos a su jubilación”.
Subraya que “el retorno a Nicaragua significa un trastorno sicosocial, así como un riesgo en sus vidas, ya que Nicaragua es un Estado policial en donde la democracia se criminalizó, negando derechos civiles y políticos a sus ciudadanos”.
“Desde una perspectiva estrictamente económica, estas personas retornan a sus países en una edad en la que para obtener empleo se enfrentan con limitaciones competitivas. Además, los salarios de Nicaragua son 15 veces menores a los de Estados Unidos y esto no les permitiría cumplir con sus obligaciones financieras”, detalla el investigador Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano.
En búsqueda de alternativas
Rocha señala tres posibles vías para modificar el plazo establecido por las autoridades estadounidenses:
- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puede enmendar la notificación y publicarla nuevamente en el Registro Federal.
- El Congreso podría dar trámite y aprobar un proyecto de ley presentado por el senador Chris Van Hollen, que otorgaría estatus permanente a residentes de larga duración.
- Una resolución judicial en la demanda presentada ante el tribunal federal en California, que “congele” el plazo mientras se litiga y resuelve.
El abogado alerta que, en la coyuntura actual con una política migratoria más adversa, “toda persona cuyo estatus vaya a vencer debe tomar medidas y tener un plan de acción, tanto en caso de una eventual detención como para una salida voluntaria”.
Sugiere otorgar poderes notariales a personas de confianza para asuntos financieros o familiares, especialmente si hay hijos menores de edad, y atender deudas o ahorros de pensiones.
¿Qué pasó con el TPS para nicaragüenses?
La Administración de Donald Trump eliminó el TPS que protege de la deportación a unos 75 000 migrantes nicaragüenses y hondureños en Estados Unidos desde 1999. El DHS justificó la medida con el argumento de que ambos países “ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS”.
El TPS para Nicaragua y Honduras fue designado tras el paso del huracán Mitch en 1998, como un beneficio migratorio temporal de 18 meses con opción de renovación. Estuvo dirigido a nicaragüenses y hondureños que vivían en Estados Unidos antes del 30 de diciembre de 1998 y que no salieron del país desde el 5 de enero de 1999.
Inicialmente, se estimó que unos 6000 nicaragüenses aplicaron, aunque un informe de septiembre de 2024 del DHS al Congreso de EE. UU. indica que la cifra total de titulares es de 2935.
Varias organizaciones y ciudadanos en Estados Unidos presentaron el lunes 7 de julio una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, para revertir la cancelación del TPS para nicaragüenses, hondureños y nepalíes.
De acuerdo con Rocha, la demanda se basa en que la decisión de cancelar el TPS “no siguió normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y es parte de una serie de decisiones que contravienen protecciones constitucionales”.
Argumentos contradicen el discurso de Marco Rubio
La activista y miembro de la diáspora nicaragüense, Damaris Rostán, valoró que el argumento utilizado para cancelar el TPS a los nicaragüenses se “contradice” con el discurso del secretario de Estado, Marco Rubio, en su visita a Centroamérica.
El secretario de Estado “catalogó a la dictadura de Ortega-Murillo como enemigo de la humanidad. Así, literal, lo dijo. Y hasta hace días atrás también estaba alertando a sus ciudadanos estadounidenses que no visitaran Nicaragua”, recordó la activista. Entonces, el argumento de que en Nicaragua hay estabilidad “es una bofetada a la cara” de las personas que denunciamos los abusos de la dictadura.
Agregó que la cancelación del TPS debe ser considerada como “una alerta” para los activistas políticos en EE. UU. para intensificar el trabajo de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos y la pérdida del Estado de derecho en Nicaragua.
