17 de agosto 2023
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El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó “preocupación” por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y recordó al Gobierno de Nicaragua que el cierre de cualquier centro educativo debe realizarse “de conformidad con las obligaciones internacionales” que el país ha adquirido.
Precisó que no basta alegar “preocupaciones de seguridad nacional” para cerrar una universidad tan prestigiosa como la UCA, pues el Estado de Nicaragua tiene obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Específicamente, advirtió Guterres, “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, ha enfatizado que un Estado parte que cierra una universidad u otra institución educativa por motivos tales como la seguridad nacional o la preservación del orden público tiene la carga de justificar una medida tan grave”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó la UCA basándose en un oficio girado por la jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales, quien acusa —sin presentar pruebas— al alma mater de los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
De acuerdo con la titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, durante las protesta cívicas de 2018, la UCA “funcionó como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados”.
De todas estas acusaciones contra la UCA, la jueza orteguista no presenta una sola prueba. Mientras, en un comunicado la universidad jesuita calificó como “infundados” los señalamientos de que funcionaron “como un centro de terrorismo”.
El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, reclamó este jueves 17 de agosto que “se revierta y corrija” la confiscación de la Universidad Centroamericana. Pues, valoró, las acusaciones “son totalmente falsas y sin fundamento alguno”. Además, a la UCA “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”.
Ante esta situación, Sosa señaló que un juicio justo, con una justicia imparcial, sacaría a luz “la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles de 2018, contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia católica y contra miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”.
