17 de agosto 2023
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El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, reclamó este jueves 17 de agosto que “se revierta y corrija” la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pues, valoró, las acusaciones contra la universidad jesuita “son totalmente falsas y sin fundamento alguno”.
En una misiva dirigida a la Curia Provincial de Centroamérica, Sosa expone parte de las arbitrariedades en este proceso, ya que —además de las acusaciones infundadas— a la UCA “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”.
La justicia del régimen ordenó a la universidad jesuita traspasar al Estado sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, basándose en una acusación en la que se señala a la UCA de haber funcionado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales".
Ante esta situación, Sosa señaló que un juicio justo, con una justicia imparcial, sacaría a luz “la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles de 2018, contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia católica y contra miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”.
“El servicio de la UCA ha estado siempre en consonancia con la misión de la Compañía de Jesús y de la Iglesia católica. Defendiendo la causa de la justicia y la verdad. Promoviendo el derecho al pensamiento y a una educación abierta, libre y democrática”, subraya Sosa en su misiva.
Por esas razones, el superior de la Compañía de Jesús reclamó “que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y sus integrantes y se abran caminos de diálogo en base a la verdad, libertad y el derecho a la calidad de la educación”.
Erosión de las normas democráticas
Para el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, la UCA era un “símbolo de excelencia académica y esperanza” en Nicaragua.
La confiscación de la Universidad Centroamericana “representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.
Universidades jesuitas reclaman por la UCA
Las universidades y organizaciones jesuitas de Centroamérica también han condenado la confiscación de la UCA y exigen a las autoridades nicaragüenses que suspendan “estas agresiones contra la comunidad universitaria” del país.
La Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, expresó que “a pesar de las estrategias antidemocráticas que el Gobierno nicaragüense ha ejecutado en los últimos cinco años”, en contra de personas e instituciones con posturas críticas, la UCA es reconocida en la región y el mundo “por su calidad académica, labor investigativa y proyección social”. No es ningún “centro de terrorismo” como señala el régimen.
Las acciones que el régimen nicaragüense ha emprendido contra la UCA, “no son un hecho aislado, sino que representan el colofón de una estrategia que pretendió, desde un primer momento, eliminar una de las voces legítimas que ha evidenciado la degradación de la democracia en Nicaragua”, señaló la universidad guatemalteca retomando parte del comunicado de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
La Universidad Rafael Landívar “condena enérgicamente las acciones emprendidas contra la UCA, por los nefastos efectos que generan en la juventud y por lo que el cierre de una universidad, en estas circunstancias históricas, representa para la región y el mundo”, agregan.
En esa misma línea, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, de la Compañía de Jesús en Honduras, repudió "el cierre" y la "incautación de bienes inmuebles" de la Universidad Centroamericana.
Señalaron que esos actos "sólo dejan precaria la democracia y el derecho al acceso de la educación nicaragüense donde se expresa el daño que se le hace al pensamiento y conocimiento que debe prevalecer en toda sociedad".
"Exigimos que se esclarezcan las acusaciones infundadas que han llevado a esta deplorable decisión del Gobierno nicaragüense a la incautación de bienes inmuebles de la institución (de la UCA) y el cierre de la misma", añadieron.
Consecuencias legales internacionales
La Compañía de Jesús en Honduras también indicó que esas acciones "atentan contra el Estado de derecho y forma parte de la sistemática violación de los derechos humanos que traspasa de las puertas del centro universitario a toda la población que ha resistido ante los embates y atropellos a su dignidad humana por parte de las autoridades gubernamentales".
Agregó que los "daños" contra el personal, estudiantes y jesuitas de la UCA serán "responsabilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en el futuro traerá consecuencias legales internacionales".
Exigió además que "se haga justicia y se restablezca la vida universitaria para el beneficio de los estudiantes y para que la Compañía de Jesús siga llevando su servicio educativo en este país hermano".
Asimismo, la universidad Landívar exige “al Gobierno de Nicaragua, así como a sus instituciones de justicia, suspender las agresiones contra la comunidad universitaria de la UCA y reparar los daños generados por su inescrupulosa intervención”.
“En estos tiempos, la Universidad, como institución social, está siendo atacada por medio de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, por la dictadura que controla el país. Lo cual representa la consecución de los objetivos del autoritarismo, que se extiende en la región, en detrimento del bien común”, agrega la universidad guatemalteca.
