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Al menos 22 nicaragüenses opositores del régimen Ortega-Murillo fueron secuestrados por la Policía Nacional, entre la noche del jueves 14 y viernes 15 de agosto de 2025, según información preliminar de fuentes cercanas a las familias de los detenidos y el Monitoreo Azul y Blanco.
Los arrestos ilegales ocurrieron principalmente en los departamentos de Carazo y Masaya, pero también hay denuncias de secuestros policiales en Granada y Rivas.
De acuerdo con testigos de las redadas, los operativos y allanamientos —sin orden judicial—fueron “violentos”, y los policías “destruyeron” bienes, “robaron pertenencias” y usaron la técnica canina.
Entre los detenidos se identifican a excarcelados políticos, abiertos opositores, exiliados retornados, artistas, empresarios y líderes comunitarios.
En Carazo, el 15 de agosto, fueron detenidos el pintor Marvin Campos y su hijo, el ingeniero Marvin Campos Aburto. Este último estuvo exiliado y regresó a Nicaragua.
También fueron arrestados, Renato Ortiz y su padre, Joaquín Ortiz, Chester Cortés y María José Rojas. Esta última es hija del opositor Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en Honduras en 2022.
Durante la noche del 14 de agosto, fueron detenidos Mario Rodríguez y Alder López Luna, quien volvió recientemente de Honduras para “normalizar” su vida en Nicaragua, señalaron las fuentes.
También se reportan, en Carazo, los allanamientos de tres viviendas durante la madrugada del viernes. Los propietarios de dos de las casas se encuentran detenidos y sus familiares solicitaron no ser identificados. La tercer vivienda pertenece a un ciudadano que reside en Estados Unidos.
El Monitoreo Azul y Blanco informó que, el 13 de agosto, fueron secuestrados en Masaya los ciudadanos Luis Francisco Ortiz Calero y Yolanda del Carmen González Escobar.
Arrestos arbitrarios y sin orden judicial
El organismo alertó que, en los últimos días, han recibido numerosos reportes de detenciones arbitrarias en distintos departamentos del país ejecutadas por la Policía Nacional, en lo que parecen ser operativos coordinados contra la población civil.
“Estas detenciones se realizan de forma violenta con interrupciones en los hogares, incluso en presencia de niños y niñas”, denunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
Enfatizaron que, al momento de las detenciones, las autoridades no brindan explicaciones, no presentan órdenes de atención ni de allanamiento y en varios casos han sustraído equipos digitales, sin justificación alguna.
“Las familias, al acudir a las estaciones policiales, enfrentan la negativa de acceso a información sobre sus seres queridos, lo que incrementa la vulneración de derechos y profundiza un ambiente de terror e indefensión”, subrayó el organismo.
Presos políticos en Nicaragua
Justamente en Carazo, el 17 de julio, cinco críticos con el Gobierno nicaragüense fueron detenidos en el marco del 46º aniversario de la revolución popular sandinista y luego de que Ortega ordenara “capturar” y “procesar” a quienes “conspiren” contra su Gobierno, que preside desde 2007.
Hasta el 15 de julio, al menos 54 disidentes y críticos con el régimen de Nicaragua seguían en las cárceles del país, incluidos dieciocho adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una coordinadora de activistas de derechos humanos cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo de 2025, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro, Álvaro Baltodano.
Otras personas que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.
También los militares en retiro Víctor Boitano, y Eddie Moisés González Valdivia, y los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.
Ante esta nueva ola de detenciones, el Monitoreo Azul y Blanco demandó a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de la represión, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas, sus familias y la niñez, así como la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad de forma injusta.
