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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que la persecusión contra opositores políticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “se ha convertido en una practica recurrente” que “puede extenderse más allá de sus fronteras”. Por lo que los nicaragüenses en el exilio están expuestos a “un alto riesgo de vida e integridad física”.
Este acoso “se ve exacerbado por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones indebidas a la participación política”, señaló la directora de la División de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, en un informe oral sobre la situación en el país presentado ante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el viernes 27 de junio de 2025.
Entre las formas de persecución fuera de las fronteras de Nicaragua, Kohonen apuntó la prohibición de ingreso a los nicaragüenses a su propio país y la negación de servicios consulares por motivos políticos.
Solo en lo que va de 2025, la OACNUDH documentó 29 casos de personas a quienes se les negó de forma arbitraria la entrada a su propio país por motivos políticos.
“Esta práctica, que venimos documentando desde 2023, ha resultado en la separación forzosa de familias, incluyendo a niños y niñas, afectando gravemente el derecho a la vida familiar y los derechos de la niñez”, expresó la funcionaria de OACNUDH.
Agregó que “otras personas han sido privadas de servicios consulares, vulnerando a sus derechos a la libre circulación y a la educación, entre otros, y exponiéndolas al riesgo de apatridia”.
Presos políticos y desapariciones forzadas
Mientras tanto, en el interior del país, las detenciones arbitrarias “continúan siendo utilizadas como herramienta de represión política, consolidando un clima de miedo para silenciar toda voz crítica”, explicó Kohonen.
La funcionaria de OACNUDH precisó que al menos 54 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, de los cuales 47 son hombres y siete mujeres. Entre los detenidos se encuentra 10 personas indígenas.
“La cifra real (de detenidos) podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por miedo a represalias. Nuestra oficina ha documentado 13 casos de posible desaparición forzada”, denunció Kohonen.
Afirmó que las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, con reportes de tortura y alimentación insuficiente. Además, agregó que 15 de las 54 personas detenidas son personas adultas mayores con necesidades médicas urgentes sin atención adecuada.
“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura, y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención”, subrayó la funcionaria.
Persecusión a opositores políticos
Desde la última actualización ante el Consejo, en marzo de 2025, el régimen nicaragüense ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, elevando a 5535 el número total de organizaciones canceladas arbitrariamente desde 2018.
“Esta cifra representa más del 80% de las organizaciones registradas hasta fines de 2017 y refleja un desmantelamiento devastador del espacio cívico en Nicaragua”, remarcó Kohonen.
También indicó que la situación de la prensa independiente “sigue siendo crítica”. Al menos 178 periodistas se han exiliado desde 2018 y quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura.
“El paradero del periodista Leo Cárcamo, detenido arbitrariamente en noviembre de 2024, sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada”, subrayó.
De igual forma, persisten “graves restricciones que vulneran el derecho al ejercicio de la libertad religiosa”. El clero y líderes laicos siguen siendo objeto de amenazas, interrogatorios y exilio forzado.
Además, mencionó que en los últimos meses la Asamblea Nacional aprobó nuevas leyes que profundizan la concentración del poder en la Presidencia, debilitan aún más las garantías de participación democrática, restringen la publicidad de los procesos penales y debilitan aún más las protecciones de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de sus formas de gobierno.
