20 de marzo 2023
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El Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, identificó al presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo como los “máximos responsables” de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pero además identificó “a toda la estructura, a los que ordenaron, actuaron, y acompañaron este designio criminal”, explica la ex fiscal colombiana Angela Buitrago, miembro de la comisión investigadora.
La jurista que actuó como fiscal en el caso del asalto al Palacio de Justicia en Bogotá e investigó la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa, considera que en Nicaragua existen varias vías para llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes: la jurisdicción universal, la corte de justicia internacional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El próximo cuatro de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá una resolución para prorrogar el mandato del Grupo de Expertos de la ONU, y Buitrago espera que con el respaldo del Consejo podrán ampliar las investigaciones sobre la responsabilidad de la cadena intermedia de mando del régimen Ortega Murillo.
En una entrevista brindada en San José, Costa Rica, para CONFIDENCIAL y Esta Semana, Angela Buitrago destacó la importancia del testimonio de las víctimas para investigar a los responsables y ejecutores de una maquinaria represiva que “ha hecho todo para mantener el poder a costa de la vida, de la integridad de la dignidad de los nicaragüenses”.
La primera recomendación del Grupo de Expertos es al Gobierno de Nicaragua, al que llaman a liberar de manera inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, a cesar la persecución política, incluyendo la privación arbitraria de nacionalidad y las deportaciones forzosas, pero el Gobierno hasta hoy ha desconocido a la comisión ¿Qué consecuencias tiene la negativa del Gobierno a establecer un contacto con la ONU, que ahora le está haciendo ahora recomendaciones oficiales?
Lo importante de este tema también son las obligaciones que tiene Nicaragua como Estado firmante de la Convención y como Estado firmante de los mecanismos internacionales. Nicaragua tiene obligaciones adquiridas y por esa razón, el hecho de que trate de ignorarlas no quiere decir que pueda omitir su cumplimiento. También hay posibilidad de exigibilidad a través de los mecanismos internacionales y obviamente, también a través de los países que están viendo seriamente lesionados los derechos a la humanidad y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La recomendación de cesar de manera inmediata la pérdida de nacionalidad obedece a la existencia de un compromiso internacional de que la pérdida de la nacionalidad no es posible, y a una prohibición internacional de esta naturaleza, que lleva a consecuencias de que no tenga ningún efecto esa pérdida de nacionalidad decretada sobre la base de la persecución como delito subyacente.
El Gobierno no ha hecho caso, no ha manifestado ninguna clase de acercamiento, ni al mecanismo, ni al instrumento, ni a la Organización de las Naciones Unidas, pero la Organización de las Naciones Unidas tiene herramientas para lograr que, de alguna manera, se generen estos efectos.
La colombiana Ángela Maria Buitrago y el alemán Jan-Michael Simon , expertos de la ONU, participaron en una conferencia de prensa, en San José (Costa Rica). Los expertos de la ONU que analizan la situación de Nicaragua urgieron a la comunidad internacional tomar "acciones efectivas" para impedir que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos.
La jurisdicción universal
¿Qué alternativas tiene la ONU para hacer que se cumplan estas recomendaciones, y que el Gobierno de Nicaragua acate los compromisos que ha adquirido con estos convenios internacionales? ¿La pueden llevar a otra instancia? ¿Pueden crear un tribunal especial para el caso de Nicaragua?
Nosotros entendemos que acudiendo al derecho internacional es factible que la ONU busque mecanismos y también activar las jurisdicciones universales y lograr formas de que no quede impune un comportamiento que está afectando a miles de personas en Nicaragua bajo la mirada atónita de los países que se han comprometido al principio de protección en estos casos.
Sabemos que Nicaragua no suscribió el Estatuto de Roma, pero también hemos propuesto dentro de las recomendaciones del informe del GHREN -Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua-, que se pueda acudir a instancias de otros países y también a mirar, cómo se puede activar el ejercicio de la jurisdicción universal. Pueden haber países que asuman la revisión de estos casos de manera judicial y también la posibilidad de que haya casos donde la doble nacionalidad significaría la posibilidad de que estos países asuman la investigación de sus connacionales, entendiendo, que le fueron violados gravemente los derechos y sobre estos supuestos podríamos tener doble vía.
Cuando se habla de este principio de jurisdicción universal, entiendo que hay algunos países en cuyas legislaciones penales está incorporado de manera plena, es el caso de Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, Paraguay, otros lo tienen asociado a distintos convenios. ¿Existen precedentes en otros países bajo la jurisdicción universal, de que se hayan llevado a cabo casos de crímenes de lesa humanidad?
Sí. Tenemos el ejemplo más claro que es la activación de la jurisdicción universal por el juez Baltazar Garzón en España con respecto a los hechos que cometió (Augusto) Pinochet dentro de la dictadura chilena. Desde ese punto de vista, veamos que el derecho internacional por excelencia dentro del cual se aplica el principio de universalidad. Hay Estados que están reglamentando, de manera clara, este principio, que se llama un principio de ámbito territorial, donde no importa que el hecho cometido no se haya cometido en su suelo, sino que desde ese punto de vista, la jurisdicción universal le permite activar su competencia por ser un hecho de naturaleza grave.
La jurisdicción universal está contemplada en Colombia, por ejemplo, en el Código Penal, y desde ese contexto, podría intentarse buscar cómo una de las formas de sancionar. La jurisdicción universal se genera para evitar la impunidad en estos graves crímenes. Cómo de una u otra manera esas jurisdicciones podrían activarse. Argentina, como usted lo mencionó, es un ejemplo y sobre esos supuestos, ya hay una indagación, que habría que estar analizando. Frente al desarrollo que tiene Argentina, el Grupo ha tenido comunicación directa con los fiscales y está explorando la posibilidad de contribuir con el informe para que sea un insumo dentro de la jurisdicción universal. Ahí vamos a ver cómo los antecedentes de los tribunales Ad Hoc y Ex post podrían ser parte de esta aplicación de la jurisdicción universal.
Los tribunales internacionales
El Gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, ¿Qué margen de aplicación existe de la justicia en otros tribunales internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya o la Corte Interamericana de Justicia y la propia Corte Penal Internacional?
Son sistemas diferentes. El sistema regional es un sistema de responsabilidad estatal, que está activado no solamente con las medidas cautelares que se han solicitado para las diferentes personas que han sido objeto de estas graves violaciones y que han prosperado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y obviamente, que podrán llegar, eventualmente, a un caso de responsabilidad estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero están los otros dos niveles, el nivel de una Corte de Justicia Universal, que puede mirarse como una responsabilidad individual penal y sobre esos supuestos, la posibilidad también, incluso, de analizarse como al activar estas jurisdicciones universales, la responsabilidad va a ser individual para las personas que participaron en toda su extensión en esa verticalización de órdenes y cumplimiento de órdenes ilícitas desde el derecho internacional.
Así que la forma de responder es a nivel regional con responsabilidad estatal y a nivel individual personal y aquí, hablamos de nombres propios y de personas consideradas de manera individual y personal. La responsabilidad, precisamente, en materia penal es personalísima por lo que hizo o dejó de hacer frente a estos graves crímenes.
El Grupo recomienda a la comunidad internacional iniciar estas acciones legales contra individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes ¿Estos crímenes están documentados en el informe, pero sus perpetradores no están señalados por sus nombres o existe más información en este informe que no es de dominio público?
Nosotros señalamos dos nombres, como máximos responsables en la verificación de la coordinación, manejo y control de toda la estructura, pero el informe está diseñado de tal manera que nos permite encontrar estructuras que fueron determinantes en la comisión de estos hechos.
¿Esos nombres que usted señala son el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo?
Correcto. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, pero si usted mira, también hay una serie de estructuras que actuaron obligatoriamente y que se prestaron para cometer también estos hechos. Desde este punto de vista usted verá como mencionamos el Ministerio de Salud, la entidad de salud que prohibió la prestación del servicio a heridos, el tema de justicia, el tema de Fiscalía, el tema de jueces, el tema de Policía, que si ustedes revisan, hay una información clara de las personas que tienen esta estructura de voz, mando y actuación, y que sobre esos supuestos, nosotros tenemos los nombres dentro de la búsqueda de prueba que nos permite decir quiénes ordenaron, quiénes actuaron, quiénes acompañaron todo este designio criminal.
Las Instituciones Financieras Internacionales
La comisión también recomienda a gobiernos y a organismos multilaterales que tienen negociaciones de cooperación al desarrollo o de inversión en Nicaragua que prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos ¿Cómo se puede materializar esto en la práctica con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BCIE, que dicen que se rigen por criterios técnicos? Este jueves escuchamos al presidente del BCIE, Dante Mossi, en un debate en el Diálogo Interamericano, decir “bueno yo cumplo órdenes de los gobernadores del banco para otorgar créditos a la dictadura de Ortega, yo no soy una entidad de Derechos Humanos”.
Dentro del contexto universal y del contexto nacional ya hay procedimientos que obligan, incluso, a verificaciones que impedirían aún teniendo condiciones técnicas entregar dinero. Y esto lo digo por las normas que se han globalizado, incluso, en temas de corrupción, lavado de activos, en donde se obliga a verificaciones de una serie de elementos que hacen necesario entender que ya no simplemente es una aprobación financiera, sino que deben cumplir requisitos y una serie de condiciones. Cuando se habla de esta clase de préstamos, que son para la población, en casos de emergencia, en casos de ayuda humanitaria. También están obligados a que ese dinero cumpla unas condiciones de entrega, manejo y sobre todo, de que se generen dentro de las pautas con que se entregaron ese dinero.
Cuando nosotros hacemos este llamado pedimos que se tengan en cuenta todos los elementos frente a una situación que ya está demostrada, que está diagnosticada y que está investigada. Es como se están llevando a cabo graves violaciones y crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y reiterada, entonces, el capital financiero no es ajeno a la labor que se desarrolle dentro de un país.
Si yo utilizo ese capital para realizar ejecuciones extrajudiciales, para darle material ilícito a determinados grupos, tampoco me lo permite el staff internacional y tampoco me lo permite la normatividad y esto lo digo de manera genérica, no con respecto a ninguno de los organismos que usted mencionó, sino para poner el ejemplo, de que en términos económicos el tema técnico no es solamente el dos más dos, ya está rodeado de unas medidas de seguridad que están imbuidas por todo el contexto que puede servir para evitar posibles comisiones delictivas.
A final de cuentas, esto es un asunto de voluntad política de los Gobiernos que están en la cabeza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del BCIE, ¿existe voluntad política para incorporar este principio de respeto a los derechos humanos que está en los pilares fundamentales de todas estas organizaciones, pero que simplemente vuelven a ver para otro lado?
Un factor preponderante en esto es voluntad política, nadie lo discute, pero también un factor es la obligación de respetar esos parámetros y todas las entidades que usted mencionó están cobijadas por esos parámetros tienen la obligación de limitarse a esos parámetros. Hemos podido tener algún acercamiento con algunas de esas entidades y vemos la disposición para entender también lo que se está manejando aquí en el fondo.
Varios países que integran la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han propuesto que se prorrogue el mandato del Grupo de Expertos, por uno o por dos años más, para que se fortalezcan también las atribuciones de la comisión para seguir investigando. Si eso se lleva a cabo ¿en qué se concentrarían las futuras investigaciones de este grupo de expertos?
En el mismo informe se dejan pistas sobre elementos que consideramos necesarios de profundizar. En algunos temas a pesar de que se trabajaron de manera un poco más amplia, en el informe se dice que deben ser mucho más explícitos y mucho más profundos, por ejemplo, para determinar cómo está constituida toda esa línea de mando y de actuación en todas las estructuras.
¿El caso del Ejército de Nicaragua, por ejemplo?
Cuando nosotros hablamos de todas las estructuras, estamos diciendo que hay información que no nos permite concluir ahorita, categóricamente, el involucramiento de otros elementos, pero que hay elementos que nos permiten decir que hay que seguir profundizando en la forma como actúan y cómo participan de esta transversalización.
También tenemos claro que tenemos que mirar el tema de población étnica, afrodescendiente, creole y obviamente, campesina, porque las dinámicas que se nos han presentado ahora también nos demuestran que han habido modificaciones y cambios que son necesarios de verificar y mirar la realidad de los asesinatos, de las muertes o de los encarcelamientos de esta población.
Y hemos insistido en que hay un tema fundamental que tiene que ver con la transversalización de la corrupción como un elemento central que tiene que profundizarse en el caso particular del régimen y del Gobierno de Nicaragua.
El testimonio de las víctimas
El grupo de expertos ha permanecido estas 48 horas en San José Costa Rica, se ha reunido con muchas víctimas de la represión y también de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo pueden otras personas en Nicaragua o en otros países tener contacto con esta comisión y brindarles también su testimonio?
El centro de nuestro informe son las víctimas y creímos necesario hacer no solamente el recorrido en San José, Costa Rica, sino en varios de los países donde están exiliadas o donde están deportadas y declaradas apátridas las personas de Nicaragua porque a ellas es que debemos nosotros la justificación del informe y las explicaciones correspondientes.
Para nosotros es fundamental y vamos a dejar todos los datos para que se comuniquen con la secretaría y el equipo técnico y también con los expertos, en donde hemos tenido contacto directo con las víctimas para poder seguir trabajando si es que se prorroga el mandato.
Para nosotros es importante conocer cada una de las dimensiones de las víctimas y poder dimensionar también las recomendaciones que lleguen a ese núcleo pormenorizado de víctimas porque las condiciones no son las mismas. La clase de víctimas son diferentes, las agresiones son diferentes, las violaciones son diferentes. Parte de este gran mundo de crímenes que se han dibujado, investigativamente en el informe, pero cada uno tiene una particularidad que también amerita una reflexión en torno a cómo sancionar en concreto cada uno de estos elementos y proponer ideas para que efectivamente actúe la comunidad internacional.
Usted ha sido fiscal en su país, ha investigado crímenes de Estado en Colombia, como el caso del Palacio de Justicia, y también en México, el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿Cómo ve la crisis de Nicaragua en el contexto de las dictaduras de América Latina y este tipo de crímenes de Estado?
En Nicaragua aparece un fenómeno particular y es la forma cómo se preparó de manera detallada y paulatina el desmonte de la democracia. Esto lleva años, de deconstrucción y se genera a través de modificaciones constitucionales legales, instrumentalización de la justicia, trabajo claro en donde se están poniendo plataformas para poder lograr los objetivos de mantener el poder y el control. Esto se genera dentro de una ambición al poder que es evidente para evitar que en cualquier momento, las personas que están en la cabeza, sean removidas, incluso, evitando las elecciones y la democracia dentro de un país.
También se llega al extremo de la violencia, de la persecución para asegurar esa finalidad que es evidente en cada uno de los pasos que se dan hasta llegar a lo que finalmente conocimos como la deportación forzada y la pérdida de nacionalidad.
Creemos que es una forma de eliminación física, jurídica, política y existencial que tiene grandes consecuencias y que humanitariamente nos preocupa muchísimo porque es el reflejo de las 316 personas que quedan sin nacionalidad es el principio de una gran diáspora de víctimas que son sus familias extendidas en Nicaragua y fuera de Nicaragua, personas a las que se les quita cualquier posibilidad de supervivencia, cualquier pasado, pero sobre todo, cualquier posibilidad de dignidad humana.
El Estado de Nicaragua ha sido de los estados que ha generado una política que nosotros llamamos envolvente, sistemática y generalizada para lograr su finalidad sin ninguna clase de remordimientos. Cada vez más se tiende a un elemento de eliminación de lo que se considera opositor político u opositor sospechado como tal. Aquí no han valido años, aquí no han valido niños, aquí no han valido mujeres, aquí solamente se ha previsto mantener el poder y ese es un tema que nos preocupa muchísimo porque se está haciendo todo para mantener el poder a costa de la vida, de la integridad de la dignidad de los nicaragüenses.
