23 de junio 2022
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El Ministerio de Salud (Minsa) ya acumula media docena de edificios que fueron confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, y posteriormente fueron entregados a esta institución en un intento por “legitimar” estas confiscaciones, prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua.
La última confiscación se consumó contra unas oficinas que le pertenecían al Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, y que el 4 de mayo de 2022 fueron donadas a la Fundación Teletón-Nicaragua, después el Ministerio de Gobernación (Migob), controlado por el régimen de Ortega, eliminara su personería jurídica.
“En cumplimiento de esa disposición legal, la asociación nos escogió y se hizo la donación de los tres inmuebles, ya se hizo la escritura pública de cada uno de ellos, con el inventario de los tres inmuebles, y ellos ya reportaron al Ministerio de Gobernación dentro de su propio proceso de liquidación”, dijo a La Prensa el presidente de la junta directiva de Teletón, José Evenor Taboada.
Seis semanas después, en el edificio de Managua, ubicado a pocas cuadras de la Asamblea Nacional, ya se encuentra en construcción el supuesto Centro de Salud Dra. Erlinda López, propiedad del Minsa, según se lee en un rótulo donde destacan los rostros de Ortega y Rosario Murillo. En el inmueble ya se había observado presencia policial, pero fue hasta el 13 de junio que se confirmó la confiscación.
Teletón Nicaragua había explicado que con los tres inmuebles donados, ubicados en Managua, Estelí y Juigalpa, los primeros dos los ocuparían como centro de rehabilitación de pacientes y el último sería un albergue para familias del interior del país que acuden al Centro Teletón de la región central ubicado en la cabecera departamental de Chontales.
El Movimiento María Elena Cuadra se sumó a la extensa lista de 669 organizaciones no gubernamentales que cancelaron su personería jurídica, el pasado 15 de febrero. El Migob alegó que la eliminación se debía a que no presentaron sus estados financieros “con desglose detallado” y por tener “juntas directivas con plazos vencidos”. Y porque tampoco presentaron el detalle de las “donaciones previas, provenientes del exterior”, conforme a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Sin embargo, Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, señaló que “es falso de toda falsedad” que ese organismo haya incumplido con sus obligaciones ante el Migob y que su junta directiva esté acéfala. Fue el Ministerio de Gobernación quien se negó a recibir la documentación.
Las otras confiscaciones que entregaron al Minsa
En 2021, el régimen de Ortega le entregó cinco inmuebles confiscados al Minsa: las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de CONFIDENCIAL, que fueron convertidas en supuestas casas maternas; el de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na (Fundación Popol Na), donde instalaron un centro de salud; el edificio del Canal 100% Noticias, que ahora es un supuesto en un centro de atención de alcoholismo y adicciones, y el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), convertido en un centro para la atención de pacientes diabéticos.
Estos edificios habían permanecido ocupados por oficiales de la Policía Nacional desde diciembre de 2018, cuando fueron ocupados y confiscados de facto por el régimen de Ortega. Pero fue hasta enero de 2021 que aligeró una remodelación exprés para entregarlos al Minsa, pues el día en que fueron inaugurados se observó en ellos la falta de condiciones reales para la supuesta atención y prestación de servicios de salud, e intentaron hacer la fachada con la reutilización los muebles que antes le pertenecían a 100% Noticias, CONFIDENCIAL y las otras oenegés.
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El 23 de marzo de 2021, un mes después de que fueron inaugurados estos edificios del Minsa, CONFIDENCIAL reveló que la casa materna instalada en el inmueble confiscado a este medio de comunicación estaba vacía y bajo control policial.
“Los oficiales se ven extrañados, como que no están acostumbrados a recibir pacientes de servicios de salud. El antimotín que avisó sobre nuestra visita, nos indica con la mano que nos dirijamos hacia la parte izquierda del edificio, pasando a una salita. Ahí nos atenderá “la licenciada”. Los policías no nos pierden de vista, tampoco a nuestros teléfonos”, describe una crónica periodística de la visita realizada en el inmueble.
La misma situación se repitió al visitar el edificio de 100% Noticias, donde los antimotines que “resguardan” el lugar no se han retirado ni un día desde el viernes 21 de diciembre de 2018, cuando se tomaron el inmueble y arrestaron a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, quien nuevamente es reo de conciencia del régimen, tras ser detenido por segunda vez en junio de 2021. Solamente el Centro de Salud, ubicado en Popol Na, sí fue usado por el Minsa como centro de vacunación contra la covid-19.
En febrero pasado, el Minsa celebró en estos mismos edificios el primer aniversario de la inauguración de estos espacios. “Ha sido un beneficio de este gobierno sandinista”, destacó en su página de Facebook el Silais Managua.
Minsa se convirtió en brazo represor
Desde abril de 2018, el Ministerio de Salud ha sido usado como otro de los brazos políticos represivos del régimen de Daniel Ortega. En ese año, fue señalado de negarle atención médica a los heridos de bala durante las protestas. Uno de los casos más recordados fue el de Álvaro Conrado, el adolescente que se le negó atención en el Hospital Cruz Azul.
En ese mismo año, el Minsa despidió a más de un centenar de sanitarios que apoyaron las protestas y brindaron atención médica a los heridos. En agosto de 2018, Human Rights Watch denunció que al menos 135 doctores, personal de enfermería y otros trabajadores fueron despedidos en ese contexto.
Dos años después, en 2020, las autoridades de salud pública replicaron el gesto con la llegada de la pandemia de la covid-19 al liquidar a más de una docena de médicos que se pronunciaron públicamente para que les entregaran equipo de protección personal.
En junio de 2021, el Minsa agudizó la presión a los médicos y comenzó una jornada de citatorios ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal de esta institución, donde los cuestionó por sus declaraciones a medios de comunicación sobre la pandemia, les recordó la Ley Especial de Ciberdelitos (que supuestamente penaliza las noticias falsas, pero es usada como "Ley Mordaza") y a algunos los amenazó con quitarles sus licencias médicas.
