“Nos tratan como traidores”: Los empleados públicos “rehenes” en Nicaragua

A cinco semanas de la boda de una familiar cercana, Jorge se dirigió al despacho de su jefa en busca de un permiso, aunque de antemano sabía la respuesta. Le sudaban las manos. “No lo hagas, porque podés tener muchos problemas”, le aconsejaron. Esa advertencia ya se la habían dado en otra ocasión, cuando también solicitó permiso para visitar a su familia en Estados Unidos.

Jorge es médico y trabaja para el Ministerio de Salud (Minsa) desde hace más de diez años. Se considera un “rehén” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha incrementado las medidas represivas contra los trabajadores públicos en los últimos años: despidos masivos, la aprobación de una ley que recorta las liquidaciones laborales, espionaje, obligación de llenar formularios con sus declaraciones de bienes, participaciones en actos partidarios forzosos y negativas de viaje fuera de Nicaragua.

“No me han dejado salir, de alguna manera me dejan claro que piensan que voy a quedarme fuera del país”, asegura.

En los últimos tres años nació una sobrina de Jorge y solo la conoce por videollamadas. “Mi hermana tampoco quiere venir al país, porque tiene miedo”, insiste Jorge.

La paranoia del régimen crece y crece

Aunque Jorge ha pensado en renunciar varias veces, se detiene por temor a represalias con su familia. “Tengo personas cercanas trabajando para el Estado y creo que si me voy, ellos pagarían las consecuencias”, apunta.

Recuerda que recibió varios llamados de atención porque tardó en llenar la declaración patrimonial que le exigieron. “Es algo invasivo porque también tengo que brindar información de mi esposa y de mis hijos”, remarca. 

“Es una forma de controlarnos y decirnos que si hacemos algo que no les parezca, pueden quitarnos todo”, comenta el médico.

La paranoia del régimen con los servidores públicos le parece “temible” porque han despedido y castigado a muchos que incluso “parecían los más fieles”. “Ellos ahora nos tratan como si dentro del Estado todos somos traidores”, remarca.

La negativa que vivió Jorge no es aislada. Muchos de sus compañeros han intentado solicitar permisos para viajar al exterior —ya sea para visitar amigos, familiares, para congresos médicos o como turistas— y en la mayoría de los casos la respuesta es la misma: “No se puede”.

“Tengo un compañero que tuvo que mandar una carta explicando dónde iba, cuánto tiempo, los motivos y muchas preguntas personales, pero la respuesta nunca llegó”, recuerda. 

Este médico indica que es “triste” impedirle a la gente poder realizar viajes. “Uno se siente como un prisionero que depende del capricho de alguien, que no sabemos quién es, que decide si podés o no salir”, lamenta.

Les prohíben viajar y no les dicen por qué

La sensación de ser “rehenes” que enfrentan los trabajadores de la Salud es la misma en el Ministerio de Educación. Maribel es maestra en un colegio del sur de Nicaragua y la última vez que pudo salir del país fue en 2022. “Prácticamente después que me permitieron a regañadientes salir, me han repetido que es imposible que vuelva a salir”, explica. 

En esa ocasión, viajó a Costa Rica para visitar a unos amigos y familiares, con años de vivir en el vecino país. “Siento que como la mayoría de exiliados están en Costa Rica les resulta sospechoso que uno quiera viajar para allá, pero yo antes viajaba cada año”, sostiene.

El criterio para autorizar o negar viajes es desconocido por los trabajadores públicos. La mayoría, como Maribel, creen que es arbitrario. “No encuentro una explicación lógica, supongo que insistir es caer mal y que te vean como una persona sospechosa”, comenta.

“Conozco a una compañera, del mismo colegio en el que trabajo, que agarró sus maletas e intentó salir, pero al llegar al Aeropuerto le dijeron que no podía abordar, y le quitaron el pasaporte”, señala. 

En un primer momento las prohibiciones de salida eran para “altos cargos”, indica Maribel. “Pero ahora es una ley pareja para todos”, detalla.

“Los privilegiados ahora son muy pocos, porque ya los ‘padrinos’ que están en puestos de alto nivel no se arriesgan a interceder por nadie y menos para un viaje al exterior”, agrega Maribel.

Los despedidos “por hablar”

Joaquín es un doctor especialista en un hospital de Managua. Cuenta que ha visto cómo despiden a muchos compañeros, incluso a algunos que eran “los únicos especialistas” en determinadas áreas de la Salud en el país. “No hay una política de preservar a personal con amplía trayectoria y capacidad”, comenta.

Este hombre que lleva más de dos décadas trabajando para el sistema de Salud público afirma que el peor momento se vivió durante la pandemia de covid-19. “Nicaragua es creo que el único país del mundo que además de no aplicar protocolos de prevención se dio el lujo de despedir personal médico solo porque muchos se atrevieron a denunciar la falta de equipos de protección”, menciona.

“Mucha gente fue despedida únicamente por hablar, por dar su opinión médica, porque el Gobierno jamás admitió la cantidad de muertes, aunque los desfiles a los cementerios era cosa de todos los días”, expresa Joaquín.

Sin embargo, los despidos injustificados comenzaron desde 2018. El médico recuerda que muchos fueron cesados por atender heridos durante ataques armados del Gobierno contra manifestantes. “Desde ahí empezamos a sufrir de espionaje dentro de los mismos hospitales”, apunta.

Desde que empezó a trabajar en el sistema de Salud, Joaquín identificó el “manoseo” político del régimen Ortega-Murillo con los trabajadores. “Nos obligan a participar en actos políticos o en circos insólitos como cuando nos sacaron a las calles prácticamente a darle la bienvenida a la pandemia de la covid-19”, dice.

La excusa de las “órdenes de arriba”

En todos los hospitales públicos del país y, en general, en todas las instituciones estatales, Joaquín dice que hay “encargados políticos”. “Tenemos nuestros jefes de trabajo, pero además existe toda una estructura de vigilancia para saber lo que comentamos, si nos quejamos, incluso hasta nuestras redes sociales”, lamenta.

Asegura que la mayoría de “abusos” llegan como “órdenes de arriba”. Entre los trabajadores comentan que son mandatos de Daniel Ortega, aunque principalmente de Rosario Murillo que “es quien controla a los trabajadores”.

“En ninguna institución pública se pueden tomar decisiones sin la aprobación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y existe una barrera enorme entre los funcionarios públicos y los que toman decisiones”, explica el médico. 

Joaquín cree que a veces la respuesta de “órdenes de arriba” es la excusa de los políticos “que no quieren trabajar más de la cuenta y no expresan nuestras solicitudes a nadie”.

Médicos y maestros golpeados por la represión interna

Para Elvira Cuadra, socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), desde 2018 hasta la fecha, los funcionarios estatales “han sufrido algunas órdenes que limitan sin ninguna razón su derecho de movilidad”.

“Hay evidencias numerosas de funcionarios públicos a los que les retiran los pasaportes y no les permiten salir del país. Hemos sabido también que a muchos les retienen, esperando permisos que nunca llegan”, comenta.

Cuadra valora la situación como crítica, a partir de 2021. En particular de los trabajadores de la Salud y la Educación, porque “son dos sectores que muchas veces tienen que participar en actividades propias de su profesión (en el extranjero), pero se ven impedidos de salir de Nicaragua”.

La especialista en Salud Pública, Ana Quirós, sostiene que el régimen Ortega-Murillo ha hecho del país “una gran cárcel”, particularmente de los maestros y personal médico, que son las dos áreas que aglutinan la mayor cantidad de trabajadores del Estado.

“Nos han informado que se mantiene un sistema de espionaje activo y en cada lugar (de trabajo) hay una o dos personas que tienen como tarea informar diariamente lo que dicen o dejan de decir los empleados públicos”, señala. 

Quirós, que fue desterrada de Nicaragua en 2018 por participar en las protestas de la Rebelión de Abril, indica que los trabajadores están secuestrados por el régimen Ortega-Murillo porque “no pueden participar en nada que no sea organizado por ellos”.

La situación de los empleados públicos se ha venido “deteriorando” y “muchos que han salido saben que el precio es no poder volver”, menciona Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM) y de la UNAN-León.

“Uno de los elementos que hace interesante dedicarse a la docencia o a la vida académica dentro del sector Salud es precisamente la posibilidad de poder viajar, participar en congresos, tener intercambio con colegas para conocer nuevos adelantos, conversar sobre temas de interés científico, y al cerrarse esa posibilidad obviamente se le está haciendo un gran daño a estas personas a nivel profesional”, indica Medina.

Una respuesta que no llegó

Rigoberta, educadora por varias décadas, relata que vivió un calvario para conseguir su pasaporte. “Me hicieron ir varias veces a las oficinas de Migración pero nunca me daban respuesta”, relata. Pero finalmente después de tres visitas se lo dieron. 

Ella lo pidió porque el esposo de su hija la estaba invitando a pasar un tiempo con ellos en un país de Europa. Emocionada, decidió pedir permiso para el viaje, pero un superior le advirtió que “eso me pondría en una lista negra”. 

“Hace un par de años pude salir de viaje, aunque tuve que dar todos los detalles de dónde iba y con quiénes me vería (…) y supongo que salir otra vez sería mal visto”, señala. 

Aunque tuvo miedo Rigoberta lo intentó. Han pasado nueve meses, el viaje lo debió realizar ya hace varios meses, pero el permiso o la negativa jamás le llegó. Tampoco le dieron el pasaporte. “Es como si uno enviara una carta y nunca le llega a la persona que tiene que verla”, menciona. 

“Lo peor de no tener respuesta, es que uno siente que eso equivale a que nunca más puede volver a pedir permiso porque no fue bien recibida la petición (…) eso es lo que al menos pienso después de quedarme esperando”, afirma Rigoberta.

“Querer salir fuera de Nicaragua puede dejarte sin trabajo”

Un reportaje de CONFIDENCIAL publicado en 2023 reveló que los permisos de salida al extranjero eran “selectivos”, mientras la mayoría lo tenían prohibido. Hoy la situación ha empeorado, dice Maritza, doctora en un hospital desde hace más de 15 años. 

Aunque hace un tiempo pudo especializarse y tener formación en el extranjero dice que eso “es cosa del pasado”. 

“Estaba con ganas de asistir a un encuentro de médicos que harían en el extranjero, pero cuando pedí permiso de inmediato me dijeron que eso era difícil; pero que intentarían gestionar mi salida”, detalla. 

Su jefe la obligó a brindar todos los detalles sobre el viaje, el tiempo de estadía y el destino. “Incluso me pidieron brindar información sobre quién me dijo de ese evento y por qué mi interés en participar”, dice Maritza. 

“De cierta forma era tanta la información que me generó miedo porque pensé que querer salir fuera de Nicaragua podía dejarme sin trabajo o lo que es peor que no me dejaran entrar”, admite. 

Desde el 20 de abril de 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que obligaría a las distribuidoras farmacéuticas, laboratorios y empresas de equipos médicos que realicen capacitaciones y congresos, con personal de Salud público o privado, a solicitar una autorización con 30 días de anticipación.

Entre las actividades a controlar, el Minsa incluye las “capacitaciones, lanzamientos de productos, congresos y actividades técnicas científicas, congresos nacionales e internacionales, y cualquier otra promoción de productos”.

Maritza valora como “terrible” el hecho de que los médicos no tengan formación actualizada en el extranjero. “Ni siquiera el propio Ministerio de Salud está enviando a médicos a prepararse a ningún lado”, confiesa.

Pasados unos días escribió una nueva carta donde se excusaba de solicitar el permiso alegando motivos familiares. “No quise seguir, porque me dio terror”, insiste. 

Cinco años perdiendo maestros, y personal de la Salud sin crecer

Nicaragua ha perdido 4504 maestros entre 2018 y enero de 2026, según las cifras de distribución del empleo en el Gobierno central, publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

De acuerdo con esas estadísticas, el sistema de educación pública inició el 2026 con 48 288 docentes, lo que significan 188 menos que en diciembre de 2025 cuando el país cerró con 48 476 maestros para todo el país.

Y en el caso del personal médico, incluidas enfermeras y parteras, Nicaragua es uno de los tres países de todo el continente americano con menos personal, según la Organización Mundial de la Salud. 

En los últimos diez años, de 2016 a enero de 2026, el promedio de trabajadores de la Salud solamente ha aumentado en 2025 personas, según las cifras oficiales del BCN.

Mientras en 2016, el promedio anual de personal de la Salud en el sector público fue de 19 051 contrataciones, el promedio a enero de 2026 apenas aumentó a 21 076. 

El análisis de las estadísticas oficiales revela que, a pesar de que la cifra de personal ha aumentado, ha sido oscilante con años a la baja como 2020, 2023, 2024 y 2025 en los que el promedio anual de trabajadores de la Salud ha disminuido con respecto al año anterior. 

Este “desplome” de las contrataciones en ambos sectores, a juicio de Elvira Cuadra, se debe “a la vigilancia, control, amenazas y chantajes, particularmente para los maestros y el personal de Salud, pues muchos han decidido renunciar y buscar otras formas de sobrevivir”.

No reponen al personal que sale

“Otro elemento es que las plazas vacantes no se están reponiendo, e incorporan solamente a personas que por alguna razón son necesarias; pero los que llegan en una gran mayoría es por su nivel de lealtad o subordinación y no por su experiencia”, valora la socióloga. 

En tanto, Ana Quirós menciona que el mismo régimen ha ido eliminando todas las organizaciones que aglutinaban a médicos que velaban para que pudieran especializarse en el extranjero. En el caso de los maestros, denuncia que “los obligan a educar y repetir con mentiras impuestas en los programas educativos”. 

“Cada año hay mucho personal de la Salud y de la Educación que se forma en el país, pero no se ve en los datos de contrataciones. Sin embargo, tanto los pacientes como los estudiantes sí aumentan, lo que significa que cada vez tienen que atender a más personas”, destaca. 

“Lo que prefiere el régimen es contratar a personal más joven, más sujeto a presiones, en lugar de profesionales con años de experiencia y con mayor criterio sobre su papel en el desarrollo del país”, expresa Quirós. 

En ese mismo sentido, el académico Ernesto Medina lamenta que se estén perdiendo trabajadores con “amplía experiencia” y se priorice buscar reemplazos “con un criterio puramente de lealtad política”. 

“Si hay alguna sospecha de que una persona no simpatiza con el régimen o que no es confiable con los criterios absurdos que ellos tienen (…) no tienen ninguna oportunidad de trabajar ni en el sistema educativo ni en el sistema de salud”, opina. 

Medina insiste que “la gran mayoría de las personas que se han incorporado” a puestos en Educación y Salud “son personas que ni tienen la mejor formación, ni fueron los mejores estudiantes durante sus estudios, y que el único mérito que tienen es haber mostrado que son incondicionales y leales al régimen”.