"No hay justicia para Militza"

Ana María Martínez no descansará hasta que se imparta justicia para su hija Militza, aquella jovencita que salió de Bluefields en 2010 para estudiar medicina en Venezuela y regresó un año después en completo estado vegetal.

Ni el gobierno nicaragüense ni el venezolano tuvieron intenciones de esclarecer el caso o ayudar a la madre en la recuperación de su hija. Han pasado más de cinco años desde aquel 22 de mayo de 2011, el día que Ana María recogió a su hija en el Aeropuerto Internacional de Managua convertida en otra persona. Aunque asegura que su principal lucha es que Militza se mantenga estable de salud, la madre también busca que se castigue a los culpables.

“No hay justicia, hay amenazas contra mi persona, no sabemos qué me puedan hacer. Este gobierno, esta pareja, lo que les estorba lo callan de alguna manera. Pero no voy a callarme. Si hay que ser una piedra que les moleste en el zapato de ellos (el gobierno), esa va a ser la madre de Militza”, expresó Ana María en entrevista con el programa Esta Noche.

Militza Matute Martínez regresó a Nicaragua en condiciones poco claras. En 2011 su madre solo recibió un correo que le notificaba que debía recoger a su hija en Managua. Ana María esperó y esperó que su hija saliera de la fila de pasajeros de aquel vuelo de Copa, pero nunca apareció. Un policía se acercó a ella y la escoltó hacia la sala diplomática, donde se encontraba la joven junto a una delegación del gobierno de Venezuela y la directora de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Sandra Moreno, donde Militza estudiaba. Su hija no respondía ni la reconocía. “Era un vegetal”, recuerda Martínez.

Ese fue el inicio del vía crucis que madre e hija han tenido que enfrentar durante los últimos cinco años. Militza salió de Bluefields siendo una joven sana y feliz de comenzar sus estudios de Medicina. Un año después regresó a Nicaragua, totalmente desmejorada, ni siquiera podía comer sola, cuenta su madre. La explicación oficial que le dijeron a Ana María es que Militza estaba deprimida y que no pudo adaptarse a la universidad.

Lo que revelaría la propia Militza, meses después, es que su situación fue producida  por una violación, perpetrada por un trabajador de la ELAM. Su madre también acusa a los directivos de esa institución de suministrarle a la joven alguna sustancia que afectaría su cerebro.

La beca con la que Militza se fue a Venezuela es gestionada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en Nicaragua y se trata de un paquete que funciona como colaboración de Estado a Estado. A pesar de haber interpuesto varias denuncias y recursos en las instancias de justicia nacionales, incluyendo un Recurso de Amparo contra el Procurador General de la República, Hernán Estrada, el caso sigue ‘engavetado' y los supuestos agresores en impunidad.

“Aquí no encubren solamente al violador, está de por medio la directora. Están varias personas involucradas porque a mi hija la sacaron del recinto y la tenían recluida en una clínica y nadie sabía. Que no sean tan sin vergüenzas el presidente Ortega y su esposa, que no proclamen un gobierno de amor, de paz, de solidaridad, de apoyo a las mujeres porque sabemos que eso es falso. Si eso fuera, el caso de Militza ya estuviera resuelto. Es fuerte lo que digo, pero este gobierno de Nicaragua, protege al violador, protege al asesino, protege al que nos lastima, a las víctimas nos revictimizan más”, enfatizó la madre.

Ana María ha recorrido varias instituciones medicas. En el primer año después del regreso de Militza, la madre buscó apoyo en las instancias encargadas de la beca de su hija. Ahí fue enviada por órdenes de la primera dama, Rosario Murillo, al Hospital Militar de Managua. Estuvo internada por 57 días. Los médicos de esa institución le dieron a Militza cuatro años de vida y un diagnóstico de Encefalopatía Mioclónico Epiléptica y Progresiva.

Decepcionada, la madre siguió buscando respuestas. En Bluefields promovió un hablatón para conseguir recursos y logró recoger dinero para llevar a Militza a Cuba. Ahí le diagnosticaron otra enfermedad distinta: Distonía mioclonica y Disinesia tardía por neurolépticos.

“Me dijeron que la enfermedad fue provocada por medicamentos. Además del trauma debido a la violación sexual que sí sufrió mi hija, en Nicaragua, el tiempo que ella estuvo en el Hospital Militar, el tipo de medicamentos que me le suministraron ahí empeoró la situación. Todos los días se le daba el reporte médico a la Rosario Murillo y no a mí”, relató Ana María.

Con el tratamiento cubano, Militza mejoró considerablemente, aunque todavía tiene dificultades motoras y de habla. A más de 5 años de regresar a Nicaragua todavía no vuelve a ser la misma joven. La nueva lucha que emprende su madre es llevarla a Estados Unidos a continuar con su terapia.

“Mi hija necesita mucho apoyo psicológico para poder superar traumas, ella todavía no duerme bien, no habla bien, tiene problemas de coordinación, ella lee pero no puede escribir porque tiene problemas motores. Desde que denunciamos nos han infundido temor, primero le negaron la salud a nivel nacional. Fuimos a un hospital de mucho prestigio y nos dijeron que por temor al gobierno no me la iban a atender. Hoy por hoy, no me expongo a que un médico en Nicaragua me la toque”, dijo Martínez.

Gracias a la ayuda de amigos en Estados Unidos, Ana María logra costear los 400 dólares mensuales del tratamiento de su hija. No van a los hospitales de aquí, ni visitan a ningún especialista. Por el momento, el avance de la Militza es lento y esperan que en Estados Unidos se agilice.

En cuanto al plano legal, todos los documentos o recursos que Ana María ha interpuesto sigue en ‘proceso’, aunque asegura que ya no confía en la instituciones de Estado y tiene pocas esperanzas de que resuelvan algo. En el futuro quiere llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución que ya había empezado a estudiar el caso, pero que fue desalentada y cerró el expediente por un informe de la Procuraduría de Nicaragua, que asegura que el Estado se encargaba de toda la atención médica.

“Alegan que me tienen un cuarto casi equipado con lo que se necesita, cosa que era falsa, la CIDH me cerró el expediente de una medida cautelar por la salud de Militza. Hoy quiero tocar esa puerta, pero ya no por la salud si no por la justicia. En Nicaragua no han querido investigar el caso, lo que han hecho es ponerme obstáculos, mandarme a amenazar por haber puesto el caso público. He recibido amenazas de muerte, pero no tengo donde denunciar, si el mismo procurador dice que el caso de Militza es clasificado ¿Ir a la policía a que a que me echen presa a mí? No hay donde ir en este país. Quiero llegar a Venezuela y que el Parlamento me escuche y se den cuenta que hay un caso que investigar”, manifestó Ana María.