27 de abril 2025
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El sol caía sobre las calles de Managua aquel 18 de abril de 2018, cuando los primeros gritos de protesta se propagaron por la capital. El Gobierno respondió con una vieja receta, que hasta entonces nunca le había fallado para anular cualquier expresión de descontento: organizaron turbas, enviaron a la Policía y golpearon sin discriminación. Pero a la mañana siguiente, las protestas se extendieron a las universidades y otras ciudades del país. Y, por segundo día consecutivo, la Policía, fuerzas de choque y miembros de la Juventud Sandinista siguieron golpeando. También comenzaron a disparar, y aquella segunda noche se reportaron los primeros tres muertos. “Puchitos”, “vandálicos”, “hormiguitas”, les llamó una furibunda vocera de la dictadura, Rosario Murillo, en un primer intento de controlar la narrativa de los hechos y silenciar las protestas. Pero uno a uno, varios sectores se siguieron alzando contra el Gobierno de Daniel Ortega, empezando un estallido social que marcaría un antes y un después en Nicaragua.
Aquel abril de 2018, el país fue sacudido por una ola de protestas masivas, desencadenadas originalmente por el rechazo a las reformas al sistema de Seguridad Social. De forma unilateral, el Gobierno imponía un incremento del porcentaje de cotizaciones, una reducción del porcentaje de las pensiones y aumentaba de 60 a 65 años la edad mínima para la jubilación. Pero la sangrienta represión con la que respondió el Gobierno —dejando más de veinte muertos en menos de 72 horas— rápidamente transformó la protesta en un clamor generalizado por justicia, libertad y democracia, que se extendió por más de cinco meses hasta la imposición de un estado policial de facto para amordazar el descontento social.
Siete años después, la versión oficialista insiste en calificar aquellas protestas como un intento fallido de “golpe de Estado”, orquestado por fuerzas internas y externas. Pero la memoria viva de los protagonistas relata una explosión cívica espontánea frente a años de violaciones a los derechos humanos, el autoritarismo, y la violenta respuesta del Gobierno para aferrarse al poder, frente a un movimiento autoconvocado que atestiguó con dolor la masacre que incluso alcanzó a menores de edad, y llenó las calles para demandar la salida de Ortega y Murillo.
CONFIDENCIAL contrasta los intentos de la narrativa oficialista, que pretende imponer la desinformación como verdad, y los testimonios de los protagonistas de la Rebelión de Abril, en rescate de la memoria histórica de las protestas.
La falsa “verdad verdadera”
“Siete años desde las masacres. Siete años desde las imperdonables noches y días de terror”, dice con la voz como adolorida al iniciar abril de 2025, pero las declaraciones no se tratan de una madre que perdió a su hijo, o de alguna víctima, sino de la misma Rosario Murillo. La vocera de la dictadura —hoy autoproclamada “copresidenta”— inició así el séptimo aniversario de la Rebelión de Abril de 2018: arrogándose la fecha e intentando invertir los roles de la masacre. “Siete años desde la traición suprema a la patria y al pueblo. Siete años desde el ataque injustificable del odio, la crueldad, y la ambición”, continuó.
Desde su cúpula, las estructuras del gobernante Frente Sandinista y sus aparatos de propaganda hablan hoy de una “verdad verdadera”, para insistir en presentarse como las víctimas de las protestas a las que el régimen reprimió violentamente. Dicen que fue un “intento fallido de golpe de Estado”, que estaba orquestado por opositores y financiado por fuentes imperialistas.
Sin embargo, los testimonios de quienes vivieron la Rebelión de Abril recuerdan los hechos de forma muy diferente.
La masacre y la impunidad
Francys Valdivia era una joven abogada en 2018 y una nicaragüense más que se volcó a las calles para protestar. “Yo era trabajadora, era cotizante del INSS. Entonces, al analizar esta reforma a la ley de Seguridad Social y lo que implicaba, me involucré en las protestas sociales del 18 y el 19 de abril”, recuerda. En esas mismas protestas se involucró su hermano Franco Valdivia.
Franco estudiaba tercer año de Derecho en la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), de Estelí. En sus ratos libres producía canciones de rap, con el nombre artístico de “Renfan”. También trabajaba en un taller de carpintería y los fines de semana era árbitro de béisbol y softbol.
El 20 de abril de 2018, Franco se reunió con un grupo de amigos para protestar en contra de las reformas del INSS. Minutos antes de recibir un disparó en la cabeza había declarado a una radio local: “Estábamos en una protesta pacífica y vinieron a dispararnos”, dijo mientras mostraba en sus manos una bala de goma.
“Su cuerpo sin vida fue maltratado y arrastrado por los agresores, que lo abandonaron en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Al día siguiente, trabajadores de la Alcaldía de Estelí limpiaron la escena del crimen, ocultando pruebas fundamentales para avanzar en la investigación e individualizar a los culpables”, indicó un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el primer organismo internacional que documentó y denunció los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
Semanas más tarde, Francys se unió a la Asociación Madres de Abril (AMA), que reúne a madres y familiares de las víctimas de la masacre.
Francys señala que tras el asesinato de su hermano, las autoridades del Gobierno se negaron a entregarle una copia de la autopsia que le practicaron y a pesar de todas sus gestiones no tuvo “acceso a la justicia”.
El caso de otro estudiante universitario, asesinado en Managua el 30 de mayo de 2018, también es otro caso en la impunidad.
Josefa Meza, madre del joven, denuncia: “Mi hijo era un estudiante universitario. Participamos todos en esa marcha el 30 de mayo y allí fue asesinado. Es mentira la narrativa que ahora quiere dar el Gobierno diciendo que eran delincuentes… Jamás de los jamases el Gobierno se acercó hacia nosotros para brindarnos apoyo o auxilio o algo, o para esclarecer estos asesinatos”.
Yader Parajón, expreso político y miembro de AMA, también relata que tras el asesinato de su hermano, Jimmy Parajón, representantes del Gobierno se acercaron a su familia con la intención de hacerlos “firmar un documento” en el cual tergiversaban los hechos. Su negativa a aceptar la versión del Gobierno los llevó a ser víctimas de persecución y amenazas.
“Nunca nadie nos ha pagado”
El 19 de julio de 2018, Daniel Ortega contó por primera vez su versión de lo que ocurrió en abril de 2018. Todo, dijo, fue parte de un plan creado por Estados Unidos, en complicidad con las oenegés, sacerdotes, los empresarios y otros sectores. Para eso, aseguró, organizaron, armaron y manipularon a la población a través de las redes sociales. En cambio, ellos fueron las víctimas.
“Ese fue el plan, y empezaron a inventar nuevamente lo que ya venían trabajando desde hace unos años, con financiamiento de organismos, de agencias norteamericanas, empezaron a trabajar a través de las redes con mayor fuerza para provocar ese choque y destruir la paz”, dijo.
Tamara Dávila, quien fue presa política de la dictadura, responde a la acusación de financiamiento externo: “Esa pregunta nos la han hecho a los más de 5000 presos y presas políticas que Ortega ha tenido en cárceles desde el 2018 a la fecha. Nadie nos pagó nunca nada. Yo nunca recibí un peso”.
Dávila explica que su motivación, y la de muchos otros, era mucho más profunda: “Queremos vivir en un país en donde se respete la ley, una ley que nos cobija a todos bajo la luz de los derechos, los derechos humanos que tenemos todos, independientemente de dónde vengo, de dónde nací, de qué ideología o de qué partido provengo”.
Dora María Téllez, la exguerrillera sandinista que también fue presa política del régimen, ironiza sobre las acusaciones de financiamiento externo para las protestas: “Ellos decían que yo las financiaba. Y a mí no me llegó ni un real… A los Estados Unidos no les interesa ni jamás han metido un real para pagar una protesta”. Según Téllez, lo que realmente ocurrió fue “una suma de agravios que explotó frente al Gobierno y el Gobierno reaccionó tiránicamente”.
“Respondieron con balazos”
Las protestas de abril de 2018 fueron desencadenadas inicialmente por las reformas al sistema de Seguridad Social, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento más amplio contra el régimen de Ortega y Murillo.
La represión y la masacre con las que respondió el Gobierno fueron el mayor baño de sangre en la historia nacional en tiempos de paz. Esa violencia sin precedentes anuló la confianza que varios sectores le habían concedido a Ortega en su regreso al poder en 2007. Sin embargo, se estableció un diálogo nacional para intentar restablecer la democracia.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores del diálogo, propusieron una agenda para garantizar la democratización y justicia en el país, incluyendo reformas al sistema electoral, renovación de las autoridades nacionales, garantía de los derechos humanos, indemnización para las víctimas y la instalación de una comisión de la verdad internacional.
Los representantes del Gobierno no admitieron la agenda, plantados en la demanda de desmantelar los tranques que habían aumentado como medida de presión.
“Ellos pensaban que ya estábamos derrotados, simplemente porque teníamos paciencia, paciencia, paciencia… Y es que el plan de ellos era increíble, estaban tan coordinados que incluso recuerdo que nos pusieron como condición, para la reunión del diálogo, para la instalación del diálogo, que había que acuartelar a la Policía, es decir, encerrar a la Policía”, declaró Ortega en julio de 2018.
Azahálea Solís, abogada constitucionalista y activista feminista, despojada de su nacionalidad, fue integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que se integró por los diversos sectores demandantes. Solís recuerda el origen de las demandas en las protestas y el diálogo: “Las demandas no se inventaron en la mesa de diálogo. Las demandas venían acumulándose desde hacía tiempo, porque tenía que ver con institucionalidad, con democracia, con Estado de derecho, con respeto, con sometimiento de las autoridades a las leyes”.
Un informe detallado del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, presentado en febrero de 2025, detalló cómo incluso el Ejército de Nicaragua “participó activamente en la represión” contras las manifestaciones de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”.
Según el informe, el 20 de abril de 2018, cuando las protestas estaban en su pico más álgido, se celebró una reunión en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y las direcciones de Doctrina y Adiestramiento, Inteligencia y Contrainteligencia, Estado Mayor y Dirección, en la que se dijo que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”. Así, el Ejército participó también en la orden “vamos con todo”, que agudizó la represión.
Sobre aquellos días, Téllez reflexiona sobre el mensaje del Gobierno: “Vamos con todo, dijeron ellos, y se fueron con todo y mataron gente, mataron y mataron, hirieron, reprimieron, golpearon, sacaron paramilitares, todo”.
El estado de terror
Siete años después de las protestas, la situación en Nicaragua sigue siendo crítica. En septiembre de 2018 la dictadura impuso un estado policial de facto y de vigilancia y persecución que ha obligado al exilio a cientos de miles de nicaragüenses y mantiene en el país un “un estado de terror para que nadie se mueva, para que no haya movilización, para que no haya protesta”, dice Téllez.
Ana Margarita Vijil, que también fue presa política de la dictadura, cuestiona la legitimidad popular que el régimen dice tener: “Si Rosario Murillo realmente creyera eso que dice, en Nicaragua habría elecciones libres, justas y transparentes, y no terminarían metiendo presos a cualquier candidato o candidata que se le oponga… Si realmente Rosario Murillo y Daniel Ortega creyeran que son personas populares y queridas, no tendrían ese miedo”.
Vijil recuerda que en los interrogatorios policiales ella decía: “Si una escoba se pone de candidato o candidata en contra de Daniel Ortega, gana”.
Félix Maradiaga, uno de los aspirantes a la Presidencia encarcelados previo a las votaciones generales de 2021, cuestiona que el supuesto intento de golpe de Estado es “otra de las tantas mentiras oficiales” que el régimen repite para justificar su violencia. “Las protestas no fueron importadas ni compradas, fueron una explosión cívica espontánea contra años de indignación acumulada. Ninguna embajada le dijo al pueblo que saliera a la calle”, subraya.
Agrega que “bajo ninguna circunstancia”, el régimen de Ortega y Murillo puede ser considerado legítimo, y sostiene que las últimas votaciones nacionales fueron “una farsa grotesca” en la que la pareja de dictadores se proclamó electa “sin competencia, sin libertades y con todos los precandidatos presidenciales en la cárcel o en el exilio”.
Tamara Dávila también señala las consecuencias económicas de la represión: “Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden que las y los nicaragüenses sigamos pecho a tierra. Por eso la política de represión, por eso la política de expulsión del país, porque —además— expulsar nicaragüenses le ha resultado sumamente rentable. Más del 20% de los ingresos del Producto Interno Bruto a Nicaragua viene de las remesas de personas que estamos fuera de Nicaragua”.
Es cierto: “La gente no quiere a los golpistas”
Una de las acusaciones más repetidas por el Gobierno es que las protestas fueron un intento de golpe de Estado, y celebran los exilios y destierros.
“Fuimos atacados en el mes más crudo de la siembra y los derrotamos. Son fracasados y es lo que no soportan. Cómo les duele, cómo les arde, cuando les recordamos sus fracasos, su derrota (…) los que nacieron traidores, los que son indignos, los que son cobardes, los que son vándalos, lacayos, esclavos de los imperialistas de la tierra, no son nicaragüenses”, dijo Murillo en marzo de 2025.
Solís asegura: “Yo creo que hay una cuestión en la cual podemos estar de acuerdo con Rosario Murillo y Daniel Ortega, que la gente no quiere a los golpistas, por eso es que no los quiere a ellos, porque ellos han hecho un golpe de Estado a Nicaragua. Y que está demostrado jurídicamente que eso es así desde el año 2011”.
Josefa Meza, la madre del joven asesinado Jonathan Morazán, es enfática: “No somos golpistas, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes del pueblo y nosotros no estábamos armados en esa marcha… No estábamos ahí tratando de dar un golpe de Estado, jamás de los jamases. Nadie nos ha pagado por eso”.
La mentira oficialista contra la huella de Abril
El contraste entre la narrativa oficialista y la memoria de los protagonistas y la represión documentada revela una campaña de desinformación deliberada por parte del Gobierno nicaragüense. Mientras el Gobierno insiste en un “intento fallido de golpe de Estado” financiado externamente, los testimonios y la evidencia documentada señalan una reacción ciudadana genuina y espontánea ante la creciente deriva autoritaria y la injusticia social.
En el último informe de la ONU se detalla la estructura del Estado represor y las cadenas de mando responsables de las violaciones de derechos humanos, incluyendo la participación activa de la Policía Nacional, grupos progubernamentales e incluso miembros del Ejército. Esta realidad contradice la narrativa oficial que busca exonerar al Estado de la violencia desatada en 2018.
La desinformación oficial no solo busca reescribir el pasado, sino también justificar la represión continua. El mismo informe del Grupo de Expertos señala que después de reprimir brutalmente las protestas, el Gobierno avanzó en sus planes de silenciar las voces críticas, utilizando tácticas como la prohibición de manifestaciones, la vigilancia constante, las detenciones arbitrarias selectivas y la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
Lejos de un intento de golpe de Estado, como alega el Gobierno, la Rebelión de Abril de 2018 en Nicaragua fue una poderosa expresión del hartazgo ciudadano frente a un Gobierno cada vez más autoritario.
La narrativa oficialista, promovida por Daniel Ortega, Rosario Murillo y el aparato estatal, busca distorsionar la verdad y perpetuar la impunidad de los responsables de la brutal represión.
Sin embargo, la memoria viva de los protagonistas y la documentación de organismos internacionales sobre Nicaragua son fundamentales para preservar la verdad histórica y exigir justicia para las víctimas de la represión estatal, haciendo que la defensa de la memoria colectiva sea parte de la resistencia cívica contra la represión.
Como expresa Francys Valdivia desde el exilio: “Lo haría una y mil veces exigiendo justicia, exigiendo verdad, libertad, democracia, lo que todos los ciudadanos de una nación deberíamos de tener y sin duda alguna, volveríamos a hacerlo y continuamos… Continuamos demandando esa verdad, esa justicia, esa libertad, esa democracia para Nicaragua, porque un día, más temprano que tarde, vamos a regresar y vamos a construir ese país que nos merecemos”.
