16 de abril 2022
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“Adolfo” cumplió 60 años en diciembre pasado y, hasta ese mes llevaba 1225 semanas cotizadas en el Seguro Social. El nicaragüense, que pide omitir su nombre para evitar represalias del régimen de Daniel Ortega, cumple los principales requisitos para optar a una pensión por jubilación: edad y más de 750 semanas cotizadas. Sin embargo, no pretende jubilarse, porque la pensión que le corresponderá es menos de la mitad de su salario actual. “No me da para vivir. Prefiero seguir trabajando”, justifica.
La idea de no jubilarse se presentó como una posibilidad a inicios de 2019, cuando el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo reformaron el Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, reduciendo las pensiones para los nuevos asegurados, pese a que, al mismo tiempo, también incrementaron el aporte de los trabajadores y empresarios al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Adolfo” creyó que las nuevas medidas tendrían “las patas cortas” y servirían nuevamente para encender las protestas ciudadanas, tal y como ocurrió diez meses antes, cuando –en abril de 2018– unas reformas al INSS fueron la chispa que encendió una serie de manifestaciones ciudadanas que luego fueron sofocadas a balazos por el régimen orteguista.
En junio de 2013, el edificio del INSS ya había sido escenario de una protesta de jóvenes y ancianos, por una pensión reducida de vejez. El movimiento bautizado como #OCUPAINSS fue atacado por simpatizantes del Frente Sandinista que impunemente golpearon a jóvenes y ancianos y se robaron siete vehículos.
Las reformas al INSS, anunciadas en 2018, reducían la pensión de los jubilados e incrementaban las cuotas de los trabajadores y las empresas para la Seguridad Social, pero fueron suspendidas por Ortega, a los pocos días, ante las masivas protestas ciudadanas.
Las reformas de 2019 fueron igual de nocivas para los trabajadores y empleadores que las de diez meses antes. Sin embargo, el régimen ya había impuesto, desde septiembre de 2018, un estado policial de facto que criminalizó y prohibió las protestas ciudadanas.
Los cambios en la Seguridad Social se dieron al mismo tiempo que una reforma fiscal, que aumentó en un 3% los impuestos de los grandes contribuyentes; y en un 2% el pago de las medianas empresas. Según el Gobierno, buscaba revitalizar la economía, luego de la Rebelión de Abril, que el régimen calificó —sin fundamentos— como un “intento fallido de golpe de Estado”.
Reformas de 2019: aumentan las cuotas y bajan las pensiones
Con las reformas al INSS, publicadas en La Gaceta del 1 de febrero de 2019, la cuota patronal de las empresas con menos de 50 trabajadores se elevó del 19% al 21.5%, y para las empresas con más de 50 trabajadores del 19% al 22.5%. Además, la tasa de los trabajadores aumentó del 6.25% al 7%.
Un experto, que solicita omitir su nombre, explica que el cambio más drástico se dio en el cálculo para las nuevas pensiones, ya que modificó la fórmula para obtener la pensión y se redujo la “tasa de reemplazo” —el monto que sustituye al promedio salarial del asegurado—.
Hasta enero de 2019 se usaban dos fórmulas para calcular la pensión, en las que variaba el factor básico —porcentaje por los tres primeros años cotizados— y el factor crecimiento —porcentaje sobre el exceso después de los primeros tres años cotizados—. Ambos coeficientes dependían del nivel de ingresos de cada asegurado.
Sede del INSS, en Managua. Archivo /Confidencial.
A un trabajador con un sueldo bajo —dos veces menos que el salario de la industria manufacturera— se le calculaba su pensión basado en un factor básico del 45% y un factor de crecimiento del 1.591%. Para los demás salarios, el factor básico era del 37% y un factor de crecimiento del 1.15%.
Con la reforma de 2019 se eliminan las dos fórmulas y se establece “para todos” los asalariados un factor básico del 20% y un factor de crecimiento del 1%.
Además, se redujo del 15% al 13.5% el monto extra que recibían los nuevos pensionados, en los casos que tuvieran una esposa o pareja estable bajo su cargo, o un esposo inválido en el caso de las mujeres.
En el caso de los hijos menores de edad —hasta 21 años si están estudiando y solteros— o dependientes ascendientes —padres mayores de 60 años—, el porcentaje en las nuevas pensiones bajó del 10% al 9%.
Los pensionados nunca habían sido tan “castigados”
Para el experto, la reforma significa un retroceso en la Seguridad Social, ya que compara que, ni en los tiempos de la dictadura de los Somoza, los pensionados estaban “tan castigados”. En 1955, Anastasio Somoza García estableció un factor básico del 30% y un factor de crecimiento de 1.5%.
El sistema de las dos fórmulas fue establecido en los años de la Revolución Sandinista. “Los Gobiernos de doña Violeta (Barrios de Chamorro), Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños respetaron las reformas y no tocaron la tasa de reemplazo”, destaca el experto.
Previo a la reforma de 2019, “Adolfo” —que en los últimos años ha mantenido un salario de 22 000 córdobas, como contador en una distribuidora de repuestos automotrices—, tenía prevista una pensión total de 17 026 córdobas: 14 806 córdobas por sus años cotizados, más un 15% por su esposa.
Sin embargo, con los cambios en la Seguridad Social, “Adolfo” ahora recibirá una pensión de 10 120 córdobas: 8800 córdobas por sus cotizaciones y un 13.5% por su esposa.
“Mi pensión es menos de la mitad de mi salario mensual. Es como que me corran y me digan que me van a recontratar, pero por la mitad del sueldo. Es un robo”, valora el asalariado.
“Adolfo” recibiría unos 6906 córdobas menos en su pensión mensual, que al año —con el aguinaldo incluido— sumaría unos 89 778 córdobas.
El experto comenta que el Gobierno no ha subido la edad de la jubilación, pero igual mantiene “amarrados” a muchos asegurados que prefieren retrasar su edad de retiro, como es el caso de “Adolfo”.
“Este cambio, por año, afecta a unas 30 000 personas, que es el promedio anual de nuevas pensiones que otorga el INSS”, subraya el experto.
Detalla que “la reforma es un sacrificio de la población, que le cuesta unos 25 millones de córdobas al año a los asegurados. Los que ingresaron en 2019 han perdido unos 75 millones de córdobas, los de 2020 unos 50 millones; y cada año le van a sumar 25 millones”.
Reforma también afecta tasa de deslizamiento
Los cambios no se han dado solamente en las nuevas pensiones. Entre 2019 y 2020, el régimen bajó del 5% al 3%, y luego al 2% la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar, lo que para el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz fue una “maniobra truculenta de Ortega” para despojar de unos 800 millones de córdobas a los 300 000 pensionados del INSS.
A finales de octubre de 2019, el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó al Seguro Social que la tasa de deslizamiento bajaría al 3% a partir de noviembre de ese año, por lo que el Gobierno debió aplicarla solo para ese mes; pero lo hizo para todo el año. Por ley, las pensiones se ajustan cada 30 de noviembre.
“No correspondía dar el 5%, pero tampoco era el 3%, si fueran honestos tenían que aplicar el 4.83%, porque entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, la moneda se estaba devaluando mensualmente un 0.25”, detalla el economista.
La tasa del 5% se mantuvo desde febrero de 2004, cuando se bajó del 6%. De acuerdo a fuentes consultadas por el diario La Prensa, en noviembre de 2019, con la aplicación del 3%, el INSS “confiscó” unos 389.9 millones de córdobas a los pensionados.
El diario ejemplificó que un jubilado con una pensión de 6800 córdobas recibiría un ajuste de 328.71 córdobas, al aplicar el correcto 4.83%; pero al imponer una tasa del 3% solamente le entregaron 204 córdobas. La diferencia de 124.71 córdobas se la quedó el INSS.
Para finales de 2020, el Seguro Social efectuó la misma operación, pero esta vez al reducir del 3% al 2% la tasa de deslizamiento.
“El problema no es del Banco Central, la bandidencia es del INSS”, opina el especialista.
Mejorar las arcas del INSS a costilla de los asegurados
Para la fuente, el Gobierno le ha “quitado” dinero a los pensionados por tres vías: “cambios en la tasa de devaluación, reducción de la cuantía de las pensiones, y los asalariados que no se quieren jubilar porque son muy bajas la pensiones, entonces mantienen los ingresos del empleado y el empleador”.
“El objetivo de la reforma (2019) era pagar menos y tratar de mejorar el déficit financiero del INSS”, destaca.
La combinación entre el impacto de la pandemia de covid-19 y las secuelas económicas de la crisis sociopolítica de 2018 mantiene las finanzas del INSS en un persistente estado de “desequilibrio financiero”.
Roberto López en la presentación de las reformas al INSS, el 16 de abril de 2018. Confidencial | Presidencia
Los registros del Banco Central de Nicaragua establecen que, para noviembre de 2021, el número de afiliados al INSS era de 774 404 personas. Estos números distan mucho de los 914 196 asegurados registrados a finales de 2017.
Luego del estallido social, reprimido a sangre y fuego por fuerzas policiales y paramilitares del régimen, se dio un desangre de afiliados al INSS que, cuatro años después, sigue sin dar señales de una significativa recuperación.
La reducción de afiliados ha golpeado las arcas del Seguro Social, que de por sí ya enfrentaban una crisis por el manejo irregular de sus inversiones. Esto se ha traducido en un déficit financiero que, de acuerdo con cifras oficiales, ha subido y bajado en los últimos años.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2021, el déficit del INSS cerró en unos 343.4 millones de córdobas. En 2019, el déficit fue de 416.5 millones de córdobas, y en 2020 —año marcado por la pandemia— fue de 1485.2 millones de córdobas.
El déficit se ha reducido desde 2018 (cuando cifró los 1938 millones de córdobas), pero ha sido un problema recurrente durante la gestión de Ortega, quien incluso ha manipulado su discurso para hacer creer que el problema fue una herencia de su predecesor, Enrique Bolaños.
El 22 de agosto de 2018, con la sangre fresca tras la matanza contra las protestas ciudadanas de ese año, Ortega dio un discurso en el acto por el 40 aniversario de la toma del Palacio Nacional. “Era imprescindible hacer la reforma al Seguro. Lo habían quebrado en 2007”, justificó.
Sin embargo, las mismas cifras del Banco Central revelan que, cuando el caudillo sandinista llegó al poder en 2007, las cifras del INSS reflejaban un superávit global de 1691 millones de córdobas, y no estaba “quebrado”, como aseguró Ortega.
Menores ingresos versus mayores egresos
Un especialista en temas de Seguridad Social, que pide no ser identificado por la persecución política del régimen, explica que el problema del “desequilibrio financiero” en el INSS se puede graficar como una operación simple de mayores egresos versus menores ingresos, y que la solución es compleja. Se requiere –valora el especialista– un grado de gobernabilidad en el país, que definitivamente no existe en este clima de desgobierno impuesto por el régimen orteguista.
“Es palpable la dificultad que hay en cuanto a recursos en el Seguro Social, porque los ingresos han disminuido con relación a los egresos, que cada vez son mayores debido a que las pensiones van creciendo geométricamente, y los ingresos van reduciéndose por dos razones: la pandemia que ha golpeado a todos los sistemas de Seguro Social en el mundo y los efectos de la crisis que venimos acarreando desde 2018”, detalla el especialista.
El pago de las pensiones por parte del INSS es el principal rubro de egresos que enfrenta la cartera, con un promedio de 600 millones de dólares anuales.
“Efectivamente el crecimiento de asegurados no está al ritmo del crecimiento de las pensiones, lo que provoca que el déficit siga manteniéndose, hasta tanto no se logre ese equilibrio entre ingresos versus egresos. Solamente en pensiones el INSS paga casi 600 millones de dólares anuales. Y en estos momentos de crisis, cada vez hay menos empleadores”, menciona.
“Tiene que darse un equilibrio. Lo que se llama un período de maduración, en el que los ingresos y egresos estén equilibrados. Esto, más lo que se está invirtiendo con esos recursos, va dar la capacidad de ir creando reservas técnicas y ya no tanto por las cotizaciones, porque las mismas no pueden crecer más. Tiene que haber un techo. Si estoy subiendo la tasa de cotización, entonces sacó del juego a los empleadores. No podemos crecer vía aumento de la tasa de cotización”, critica.
Y añade: “Tiene que haber un equilibrio entre asegurados, las contribuciones por cuotas de cotización de empleadores y trabajadores y los egresos que se pagan por tres conceptos: pensiones, gastos de salud, más gastos administrativos. Pero –sentencia– mientras no haya una recuperación económica efectiva, el problema va a persistir. Con un crecimiento de 4000, 5000 asegurados, tal vez 10 000 asegurados al año, el desequilibrio financiero se va a mantener”. Y nicaragüenses que alcanzan la edad de jubilación, como “Adolfo”, seguirán optando por continuar trabajando para evitar una pensión que no les alcanzaría para costear sus gastos.
