23 de junio 2023
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Fiscales argentinos trabajan en la construcción de un listado de testimonios “profundos y contundentes”, como parte de los avances de la investigación penal abierta en Argentina contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, para castigar —bajo el amparo de la jurisdicción universal— los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
“Queremos conformar un listado de personas que puedan prestar una declaración testimonial, que sean representativas de las víctimas y de los distintos sectores afectados. Nuestra intención es que la cantidad de personas, que presten declaración, no sea excesivamente extendida, sino que al ser acotada, cada una pueda prestar un testimonio profundo y contundente”, explicó Florencia Zrycki, secretaria de derechos humanos de la Fiscalía argentina.
“De esta manera —prosiguió—, esperamos poder presentar una propuesta al juzgado, que permita brindar un panorama lo más completo y a la vez, conciso sobre los hechos denunciados”.
A inicios de octubre pasado, en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, se inició una investigación penal contra Ortega, Murillo y otras autoridades nicaragüenses para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. Un hecho que la justicia argentina basa en el principio de jurisdicción universal reconocido en su Constitución. En la denuncia, los abogados Darío Richarte y Diego Pirota acusan a la pareja presidencial y funcionarios del aparato represivo de la comisión de violaciones a derechos humanos contra ciudadanos, perseguidos desde la Rebelión Cívica de 2018.
El fiscal federal argentino Eduardo Taiano, encargado de dar seguimiento a la investigación, informó que, el pasado 24 de abril, Argentina envió un exhorto a Nicaragua solicitando un informe para corroborar si existían procesos penales en trámite acerca del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez —condenado a 26 años de cárcel— y casos de ejecuciones extrajudiciales, aprehensiones, desaparición forzada y demás. Sin embargo, Nicaragua no respondió.
Desde que se interpuso la denuncia en Argentina, hace ocho meses, se han incorporado al expediente judicial ampliaciones realizadas por nuevas víctimas, quienes de forma espontánea relataron los abusos en su contra y, en algunos casos, solicitaron convertirse en querellantes particulares.
Tras los nuevos aportes al proceso judicial, el objeto de la investigación —enfocada en violaciones de derechos humanos— se amplió y, ahora, incluye también la represión a las universidades y a los estudiantes, la persecución a medios de comunicación, la complicidad del sistema judicial en las detenciones, el combo de leyes represivas aprobadas por la Asamblea Nacional y la desnacionalización de 317 personas.
Zrycki destacó que las víctimas pueden compartir sus testimonios vía virtual, siempre manteniendo las garantías de seguridad. Además que, desde abril pasado, un magistrado dispuso la reserva de identidad de los querellantes y de las presuntas víctimas en la causa de Nicaragua, por lo cual no se publicarán sus nombres para evitar represalias de la dictadura.
Taiano señaló que, desde la jurisdicción argentina, se cuenta con una “investigación incipiente”, por lo que necesitan tomar más declaraciones a las víctimas y reunir más pruebas, para presentarlas ante un juez y que emita una orden internacional de captura. Sin embargo, aclaró que para llegar a esa instancia se puede llevar “mucho tiempo”, tanto, que ni siquiera se atrevió a estimar posibles plazos.
Rol de la CIDH es clave ante demanda de justicia
Zrycki y Taiano participaron en un conversatorio organizado por la Coalición Nicaragua Lucha —un conjunto de organizaciones civiles—, como parte de las actividades de la sociedad civil dentro de la 53° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en Washington, Estados Unidos. En la actividad también estuvieron la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Carolina Furtado, fiscal brasileña.
Arosemena calificó como una “situación de terror” lo que se vive en Nicaragua, y reveló que suspendió una visita a Nicaragua en 2017 porque las autoridades del régimen le advirtieron que “no le garantizaban la seguridad”.
Con la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), proceso que se concretará el 19 de noviembre de 2023, Arosemana señaló que Nicaragua sigue siendo parte de otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, y por esa vía, la CIDH aún tendría competencia sobre Nicaragua.
El organismo regional contabiliza al menos 355 asesinados en el contexto de las protestas cívicas de 2018. Desde ese año, la CIDH ha elaborado cuatro informes temáticos y aprobado unas 167 medidas cautelares a favor de opositores nicaragüenses, que no han sido acatadas por el régimen.
El caso de Reyneia Lima
Carolina Furtado, fiscal brasileña, explicó que en el caso del asesinato de la ciudadana brasileña Raynéia Lima, perpetrado el 23 de julio de 2018, en Managua, “hay desafios particulares” porque no se tiene seguridad de lo que ocurrió y lo qué fue investigado por la Policía de Nicaragua. Además, que el Gobierno de Ortega se negó a ofrecer asistencia jurídica, señalando que el caso fue amnistiado.
Y si bien el Código Penal de Brasil contempla la investigación de crímenes de nacionales cometidos en el extranjero, se debe cumplir el principio de extraterritorialidad hipercondicionada. Esto implica, por ejemplo, que el agente (el responsable del delito) no haya sido absuelto o perdonado en el extranjero.
La dictadura orteguista amnistió en 2019 al paramilitar, Pierson Gutiérrez Solís, quien había sido condenado por el crimen de la también estudiante de medicina. Por esa razón, Furtado señala que en el caso de Lima, varias condiciones de la ley “no están presentes ahora”, dijo.
Furtado agregó que “no hay jurisprudencia que se pueda aplicar automáticamente a ese caso de Raynéia, pero pienso que sí hay una decisión de la Corte Interamericana acerca de la Ley de Amnistía, tenemos como presupuesto la nulidad del proceso judicial de Nicaragua, y entonces, la condición para la aplicación de la ley brasileña, la extraterritorialidad hipercondicionada, quedará cumplida”.
Desde finales de 2022, el caso ha sido estudiado a fondo por la CIDH. Arosemena señaló que una de las prioridades es un análisis sobre la amnistía, “ya que no pueden ser violatorias de derechos humanos, cuando estas, precisamente, lo que pretenden es separar a los responsables de estas violaciones, la ley de amnistía no tiene valor”.
