13 de agosto 2024
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El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) adjudicó unos 18.5 millones de córdobas en “contrataciones simplificadas” para compras relacionadas con el Censo Nacional 2024, de acuerdo con un informe del observatorio Urnas Abiertas y un análisis de CONFIDENCIAL a los contratos publicados en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).
La modalidad de “contratación simplificada” está contemplada en la Ley 737 o de Contrataciones del Sector Público, aunque se refiere para “situaciones de emergencia”. Sin embargo, el régimen la usa de forma irregular.
Este procedimiento, en la práctica, se utiliza para beneficiar a “empresarios cercanos al régimen” al adjudicar contratos sin competencia, denunció el observatorio ciudadano.
“El Censo es una actividad planificada desde 2023 que pudo programar los tiempos necesarios para la realización de licitaciones públicas o selectivas según correspondiese”, subrayó el observatorio en su informe Opacidad en la gestión financiera del censo nacional.
El dinero se ha utilizado, principalmente, para contratar los servicios de internet y comprar licencias informáticas, calcomanías y vestimenta para el personal que ejecuta el Censo Nacional de Población y Vivienda (CEPOV), que se realizaría en mayo de 2024, pero se extendió y aún no se sabe si ya acabó.
Urnas Abiertas destacó que las autoridades nicaragüenses ejecutan el Censo Nacional “bajo completa opacidad”. La única información pública son las compras y contrataciones de servicios a través de un convenio interinstitucional entre el INIDE y el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Hasta principios de mayo de 2024, el INIDE tenía cinco procesos de compras por un valor de 17.7 millones de córdobas, según Urnas Abiertas. Una revisión de CONFIDENCIAL, al sitio del Siscae, encontró otros cinco procesos que, a julio de 2024, sumaban más de 19.9 millones de córdobas, de los cuales 18.5 fueron bajo la figura de “contratación simplificada”.
Los diez procesos de compras suman unos 24 contratos, ya que en cada proceso hubo entre dos y ocho contrataciones de servicios.
Contratos no cumplen Ley 737
De los 24 contratos 16 se dieron bajo “contratación simplificada”, aunque ninguno cumplía con los diez causales contemplados en el artículo 58 de la Ley 737, para “celebrar contratos administrativos mediante contratación simplificada, a través de resolución de su máxima autoridad administrativa”. Los otros ocho procesos se hicieron bajo la categoría de “compras menores”.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación, 18 de los procesos debieron adjudicarse como “compras menores” porque no superaron los 500 000 córdobas. Otros cinco como licitaciones selectivas porque eran superiores a los 500 000, pero menores a los tres millones de córdobas, y uno como licitación pública porque era superior a ese techo.
Las compras para el Censo fueron de contratación de servicios de internet, compra de chalecos, camisas manga larga y manga corta, camisas tipo polo, blusas, maletas, bolsos de mano, estuches, suministros de oficina como: engrapadoras, porta carnets, libretas taquigráficas, entre otros. Asimismo, se adquirieron licencias para transferencia de datos y de software.
Los beneficiados con las compras del Censo Nacional
El mayor beneficiado con las “contrataciones simplificadas” fue la empresa Inversiones Zepeda Genie S.A., que firmó un contrato por siete millones de córdobas por servicios de reproducción, que incluye la creación de calcomanías y fotocopias.
El segundo beneficiado fue la empresa telefónica Claro que obtuvo dos contratos por servicios de internet, por un monto de tres millones de córdobas. Seguido de la multinacional Tigo que también obtuvo dos contratos por 2.9 millones.
La empresa tecnológica Geotecnologías S.A. obtuvo un contrato por 2.4 millones de córdobas, mientras, la empresa AK Digital Soluciones Integrales, S.A. recibió un contrato por 516 000 córdobas.
Los contratos restantes, que están por debajo de los 500 000 córdobas, se repartieron entre las compañías y empresarios:
- Cristian Julisa Blanco Téllez (498 000 córdobas).
- Samuel Enrique Zepeda Genie (333 000).
- Fátima Elizabeth Hernandez Alfaro (290 000).
- Office Line Products (286 000).
- Zegesa (236 000).
- Ednar Efraín García Baltodano (203 000).
- Comtech (152 000).
- Allan Geovanny Arguello Madrigal (118 000).
- María Natividad Lanuza Molina (63 000).
- Complejo Gráfico TMC (60 000).
- Gonper (57 000).
- Patricia Jackelyn Vanegas (54 000).
- Librería Jardín (43 000)
- Myckell Douglas Sequeira Reyes (42 000).
¿Cómo se financia el Censo Nacional?
El Censo Nacional estaba previsto realizarse en 2018, aunque por la crisis sociopolítica que estalló ese año se pospuso hasta el 30 de abril de 2024 que arrancó. Sin embargo, no se conoce públicamente cuánto ha costado, quién lo financió y cómo se han gastado todos los fondos.
“La información recabada por Urnas Abiertas revela una decisión deliberada de ocultar la gestión financiera del Censo, en la que participan tanto el INIDE como el Banco Central. Ambas instituciones son receptoras de fondos de instituciones financieras internacionales”, señaló el observatorio en su informe.
En 2014, el Banco Mundial aprobó el “Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, por un monto de 8.9 millones de dólares que sería para los preparativos del Censo Nacional. Según el decreto de aprobación del convenio de financiamiento de 2014, detalla Urnas Abiertas, el fondo sería ocupado por el INIDE a través de un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), pero cambió al BCN. Se desconoce por qué.
“Según una escueta información del MHCP, los fondos permitieron implementar la cartografía digital, desarrollar el sistema de información y la implementación del pilotaje”, detalló el observatorio.
