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Un “encargo” por “razones políticas” es el móvil que más “fuerza” gana cada día dentro de la investigación del asesinato del exmilitar nicaragüese Roberto Samcam, de acuerdo con altos funcionarios de las instituciones costarricenses que dan seguimiento al homicidio del opositor nicaragüense exiliado.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, y el fiscal general costarricense, Carlo Díaz, fueron entrevistado en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva.
Sobre las motivaciones del asesinato, ambos funcionarios coinciden en que se trata de un homicidio por “encargo”, aunque difieren en el énfasis sobre el móvil político. El fiscal Díaz, encargado del caso, fue más categórico al afirmar que existen “varios móviles” y que “uno de ellos, creo que el más fuerte, incluso así se hace ver en investigación”, es que “pudo haber, en este caso, una encomienda para que se ejecutara este crimen por asuntos políticos”.
“Ese es uno de los móviles y de las hipótesis que nosotros estudiamos. Pero, reitero, puede incluso ser una de las más fuertes, pero tenemos otros móviles que también hay que investigar”, añadió Díaz.
Por su parte, Zúñiga fue más cauteloso: “El móvil es una recompensa de pago, ahí no hay quite. Lo que queremos saber son las motivaciones de esa recompensa del pago”.
“Puede ser una motivación política, que podría ser perfectamente, como podría ser deudas u otras más, pero pareciera que es más política”, explicó el director del OIJ, aunque aclaró que no tiene “elementos ahorita para señalar a alguien en particular que fuera el que pagó para que se matara” al nicaragüense.
El alto funcionario reconoció que el 70% (unos 630) de los homicidios en Costa Rica ocurren por “encargo”, que en la jerga policial le llaman “ajuste de cuentas, pero básicamente es una persona que le solicita a otra persona que mate a un tercero”.
Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018.
El asesinato del exmilitar, ejecutado la mañana del 19 de junio de 2025, está clasificado como un “homicidio calificado” por tratarse “de una muerte que fue por una recompensa o me dio una especie de dinero”, explicó el fiscal Díaz.
Asesinato de Samcam fue “planificado”
Samcán estuvo fuera de Costa Rica durante más de mes y medio y regresó el domingo 15 de junio. Apenas cuatro días después fue asesinado. Según Díaz, existen pruebas que demuestran “la planeación que se llevó a cabo entre los autores materiales, las personas que ejecutaron el homicidio” el día anterior a los hechos.
Zúñiga agregó que, si bien hay “una planificación aún mayor” que antecede a esos días, lo que les interesa para efectos de la investigación son “los seguimientos y toda la parte ya materializada del evento”, que ocurrió días antes del crimen.
El director del OIJ descartó que Samcán hubiera reportado amenazas directamente a su organismo, aunque reconoció que el exmilitar “de alguna forma, se comunicaba con lo que era la DIS, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional”.
El 12 de septiembre, el OIJ capturó a cuatro de cinco sospechosos del asesinato. De los cuatro arrestados, solo tres quedaron en prisión preventiva de seis meses, según dispuso un juzgado penal: Danilo Chaves Medina, de 35 años; Bryan Robles Salas, de 23 años; y Luis Orozco González, de 33 años.
Stephanie Chacón Guillen, de 30 años, fue liberada tras la audiencia realizada el 13 y 14 de septiembre de 2025. De acuerdo con Zúñiga, la ciudadana no fue sometida a prisión porque su participación se limitó a “pagar un servicio de transporte privado”.
El OIJ además sigue en búsqueda de Luis Carvajal Fernández, de 20 años, quien fue identificado como el gatillero que disparó contra Samcam.
Para el fiscal Díaz, encargado del caso, la investigación ha transcurrido “de manera exitosa”, ya que han logrado en menos de tres meses “determinar quiénes fueron, por lo menos, los autores materiales de este homicidio”.
Según el fiscal, existe “prueba importante, hay testimonios, hay pruebas periciales, hay sobre todo videos también de diferentes cámaras” que permitieron establecer la planeación del crimen desde el día anterior a los hechos.
Descartan una “denuncia anónima”
Un elemento controversial en el expediente judicial ha sido una denuncia anónima, que señala al costarricense de origen nicaragüense Pablo Robles Murillo, como presunto organizador del asesinato y enlace entre los asesinos materiales y autores intelectuales. Sin embargo, Zúñiga fue tajante al calificar este documento como un intento de desviar la investigación.
“Nunca nos han enviado, hasta esta vez, un informe de 25 páginas haciendo toda una relación de hechos, haciendo toda una labor de inteligencia y tratando de encauzar la investigación hacia un punto X”, señaló el director del organismo policial.
“Eso nunca había sucedido en todos los 52 años que ha tenido OIJ de trabajar”, apostilló.
Sugirió que el documento busca “darle un tinte político al homicidio” y que podría ser obra de “alguna agencia de Gobierno o de Inteligencia, no sé de cuál, no sé si de Costa Rica, Nicaragua o de otro país interesado”. Actualmente, Pablo Robles Murillo “no forma parte de la investigación”, confirmó.
Los desafíos por delante
La búsqueda de los autores intelectuales enfrenta obstáculos significativos. Zúñiga reconoció que las “capacidades de investigación del OIJ son locales, son del país. No tenemos esas capacidades transnacionales para investigar fuera de las fronteras de Costa Rica”.
El director del OIJ admitió que esta limitación quedó en evidencia en el caso del intento de homicidio contra Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, donde tras ocho meses de investigación adicional “no se logró” identificar a los autores intelectuales.
El asesinato de Samcam ha sido denunciado como el cuarto “ataque violento contra un exiliado en los últimos años”, en el informe presentado en Ginebra por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que concluye que la represión del régimen Ortega-Murillo traspasa fronteras.
La dictadura ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, indica el informe.
El documento, que fue presentado el 23 de septiembre de 2025, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revela que la “vigilancia transnacional” se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas” en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales.
El fiscal Díaz, consciente de la delicadeza del caso, prometió ser “igual de rigurosos, como lo hemos sido con los autores materiales” con los posibles autores intelectuales. “No queremos apresurarnos y tomar decisiones que después puedan afectar incluso el nombre de un Gobierno, o en este caso, incluso hasta nuestro propio país”, advirtió.
Las autoridades esperan que la apertura de los teléfonos celulares de los detenidos y el análisis de sus comunicaciones puedan arrojar luz sobre quiénes ordenaron el asesinato.
