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Sara Fernanda Areas Padilla, quien a lo largo de varios meses sufrió violencia física y psicológica por parte de su agresor, fue la primera nicaragüense víctima de femicidio en 2025. Erick Ramón Hurtado Urbina cumplió la promesa que le había hecho meses antes: la mató y posteriormente se suicidó, dejando en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres.
La violencia física y psicológica que ejercía Hurtado Urbina, de 63 años, en contra de la mujer de 31 años, quedó documentada en el Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia de Managua.
En septiembre de 2024 —según consta en el expediente—, Sara Fernanda sufrió un episodio de violencia previo, cuando él la sujetó de los hombros, la empujó contra una pared y la golpeó mientras le gritaba que la mataría y luego se quitaría la vida. El 12 de enero de 2025, Hurtado Urbina cumplió su promesa y le asestó varias cuchilladas a la mujer, y luego se mató.
El asesinato de Areas Padilla es uno de los 69 femicidios —50 dentro de Nicaragua y 19 en el extranjero—, que registra La Lupa, medio nicaragüense especializado en perspectiva de género.
“La violencia machista es un fenómeno global y cruza fronteras, como también cruzan fronteras las vulnerabilidades de las mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia”, sostuvo la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
Blandón participó junto a la periodista y fundadora del medio de comunicación La Lupa, Maryórit Guevara, en un panel del programa Esta Semana, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada 25 de noviembre sirve para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas a los Estados para su erradicación.
Guevara explicó que en Nicaragua existe “una política que encubre la violencia contra las mujeres”. “No hay una atención prioritaria, de urgencia y siempre se está, muchas veces, minimizando la violencia”, señaló.
Al menos 444 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas dentro o fuera de Nicaragua entre 2020 y 2025, según datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y de La Lupa.
Nicaragua, “un refugio apropiado” para femicidas
La violencia machista continúa siendo una problemática grave tanto dentro como fuera de Nicaragua. El Observatorio Voces registra femicidios de nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos, España y Guatemala.
Belkis Scarleth Molina, de 35 años, asesinada el 16 de noviembre de 2025 dentro de una cuartería donde vivía junto a sus dos hijos, en San José, Costa Rica, es el último caso registrado en el extranjero en lo que va del año. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre, identificado solo como Burgos Castillo, de 48 años, cuando regresó a la escena del crimen con el arma homicida y las manos manchadas de sangre.
En Costa Rica, según Blandón, la situación de las mujeres que migran y sufren violencia de género “se agrava” porque “no conocen cuáles son las rutas para interponer denuncia, no tienen redes de apoyo” o “porque su situación en el país es irregular”.
“Eso incrementa el miedo (…) Enfrentan la violencia en un estado de soledad muy grande y cuando ocurren los femicidios, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) investiga y si puede captura a los femicidas. Pero, el otro problema es que muchos de estos femicidas huyen hacia Nicaragua, cuando son nicaragüenses, y no sabemos si hay un proceso, una cooperación necesaria entre el OIJ en Costa Rica y la Policía sandinista en Nicaragua. Entonces, hay casos en que los femicidas no son capturados y encuentran en Nicaragua un refugio apropiado”, manifestó la socióloga y feminista”, dijo Blandón.
En abril de 2025, el costarricense Fabián Danilo Mejía Tapia, alias “Bigote”, huyó a Nicaragua tras asesinar a Amaly Nicolle Rodríguez Martínez, una joven nicaragüense de 18 años, en El Dique, una zona ubicada en Taras de Cartago. A Mejía Tapia, quien posteriormente fue capturado y entregado a las autoridades costarricenses, lo condenaron a 14 años y 6 meses de prisión por el asesinato. El crimen ocurrió cuando Mejía Tapia le disparó en el rostro, acabando con la vida de Amaly Nicolle en un acto brutal y extremo de la violencia contra las mujeres.
Autoridades en el extranjero no atienden denuncias
Maryórit Guevara insistió que la situación migratoria irregular de las mujeres migrantes y exiliadas nicaragüenses en los países donde residen, las “pone en algún tipo de indefensión en la que no necesariamente pueden acudir en busca de ayuda”.
“Se enfrentan a mayores obstáculos frente a los que se enfrentan en Nicaragua, que tienen que ver más con la crisis sociopolítica del país”, dijo Guevara, quien es también presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura en España.
Pero, cuando las mujeres deciden denunciar —agregó Guevara—, no se les presta atención. “Donde yo trabajo damos acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y en este año van entre 10 y 14 casos de mujeres migrantes que han sido víctimas de violencias de diferentes nacionalidades, no solo nicaragüenses (…) al menos cuatro de ellas habían buscado ayuda en alguna de las instituciones que existen en este país para atender esta problemática. Sin embargo, no se les puso atención y la causa terminó lamentablemente en un femicidio”, señaló Guevara.
En otros casos, como el que ocurrió el 4 de noviembre de 2025 en Zaragoza, donde asesinaron a Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49 años, los vecinos denunciaron a medios locales situaciones previas de maltrato, aunque no había denuncias. A la nicaragüense, originaria de El Viejo, Chinandega, la apuñaló su compañero de vida, el cubano identificado como Abel Martínez, quien está en prisión pese a que intentó suicidarse ingiriendo amoníaco.
“Subregistro” de casos en Nicaragua
En 2024, según Católicas, se contabilizaron 91 femicidios, de estos 68 en territorio nacional y 23 en el extranjero. En Nicaragua, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no publica cifras oficiales sobre femicidios.
Los femicidios en el extranjero han aumentado en los últimos años, coincidiendo con el aumento de la migración de nicaragüenses al extranjero por la crisis sociopolítica que vive el país.
“Falta mayor entendimiento de la problemática de la violencia, mayor dimensión de lo que significa en la vida de las mujeres. Y en Nicaragua, hay leyes que no están siendo utilizadas, pero también hay un ocultamiento y un subregistro (…) Antes, hacíamos reportajes a inicios, a finales de año, siempre estábamos pendientes de los anuarios, tanto del Instituto de Medicina Legal, tanto de la Policía como de la Corte Suprema de Justicia y ya no vemos esos anuarios”, denunció Guevara, directora de La Lupa.
En 2012 se aprobó en Nicaragua la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como Ley 779, con el objetivo de establecer medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el país. A pesar de la existencia de esta ley y otras normativas relacionadas, la violencia y los femicidios siguen siendo problemas graves.
“El problema no es la ausencia de leyes, de políticas y de planes de acción. El problema es que son una falacia, es decir, que no hay rendición de cuentas, que hay una total opacidad, son políticas que no cuentan con presupuesto público (…) En los últimos ocho años han sacado unas cartillas, donde ni siquiera se atreven a nombrar cuáles son las causas de la violencia que sufren las mujeres, las niñas y los adolescentes”, manifestó Blandón.
“Convivencia familiar”, peligro para mujeres
Guevara, agregó, que con la política de “convivencia familiar” que promueve Rosario Murillo, excarcelan a violadores, femicidas y abusadores sexuales que no terminaron de cumplir su condena.
Hasta octubre de 2025, el régimen elevó a 60 376 el total de reos comunes “indultados” desde 2014.
Bayardo José Morales Osorio, quien el 22 de junio de 2025, asesinó a su expareja Julissa Asunción Montoya Chavarría, de 46 años, y su hija de 15 años, en Managua, tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y estuvo en prisión, pero logró su libertad bajo el principio de oportunidad mediante la “suspensión condicional de la persecución penal” que solicitó la Fiscalía.
“Hay una política que encubre la violencia contra las mujeres y que se refugia en esto que Rosario Murillo llama verdad, una convivencia familiar y el cuidado del hogar y de la familia como tal. En Nicaragua yo creo que actualmente no existe una política en defensa de los derechos de las mujeres como tal, hay una utilización de las mujeres para estos informes que presentan como el del Foro Económico Mundial, que habla de la brecha de género”, puntualizó Guevara.
Blandón sentenció que el “silencio mismo, la opacidad que tiene el régimen Ortega-Murillo en el abordaje de la violencia contra las mujeres y la niñez lo vuelve cómplice de esta violencia” por la falta de respuesta estatal.
