30 de diciembre 2022
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El miércoles 23 marzo de 2022, acostumbrados a la posición monolítica del régimen de Daniel Ortega en foros internacionales, resultó novedoso para los funcionarios del Estado de Nicaragua escuchar la denuncia contra sus jefes del embajador Arturo McFields en la sesión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Defender lo indefendible, es imposible”, dijo McFields, mientras apeló en su intervención—seguida por miles— a los empleados públicos que son obligados a fingir su aprobación a las decisiones del partido de gobierno, llenar plazas y repetir consignas, mientras la situación de los derechos humanos en Nicaragua se agrava año con año.
Con esas palabras, el exembajador representó a miles de trabajadores del Estado que se han definido como rehenes de la tiranía que los somete a vigilancia política, los obliga a participar en actividades oficialistas e incluso enviar fotografías como pruebas cuando se trata de las votaciones como las municipales de 2022, caracterizadas por el descrédito que supone la ejecución de un fraude institucionalizado a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2008.
En los días de la denuncia de McFields, algunos de sus colegas en el gobierno celebraron de manera silenciosa la alocución, intercambiando miradas con otros. Intentaban evitar exponerse en sus trabajos, dado que una palabra mal dicha podía convertirlos en futuros objetivos de los comisarios políticos de la burocracia estatal. CONFIDENCIAL dio cobertura durante 2022, en distintos momentos claves del acontecer nacional, a la visión de los mismos y expresaron de manera vehemente su rechazo a las medidas adoptadas por Ortega, a pesar del miedo reinante en las estructuras del Estado.
El control del FSLN produjo tensión durante meses en las instituciones. El siete de septiembre pasado, mientras la tiranía nicaragüense exhibía a los reos de conciencia macilentos en los juzgados tras 450 días de aislamiento, resultó conmovedor el testimonio de “María”, publicado en este diario, en que aseguró que “sentía que el corazón se le partía” y lloró al ver el deterioro físico producto del cautiverio, una tristeza alimentada además porque estaba obligada como empleada pública a “convivir con esos demonios para evitarse problemas”.
Muchos en el Gobierno se sumaron también a la condena mundial a la persecución a la Iglesia católica que este año cerró con la acusación contra Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
En octubre pasado, ante las cámaras de la revista Esta Semana se grabó una serie de entrevistas con algunos trabajadores: “Alicia”, quien ocupa un alto de dirección estatal, y “Sergio” que se declaró inconforme con las decisiones partidarias tomadas a lo interno del Poder Judicial, uno de los soportes de la dictadura Ortega-Murillo para prolongarse en la silla presidencial.
Precisamente, “Alicia” dijo que realmente el apoyo a Ortega es mínimo entre sus compañeros de trabajo y confirmó que es impopular la persecución contra la Iglesia católica. También causa inconformidad la incertidumbre generada por los ataques que la dictadura hizo contra la comunidad internacional, a través de expulsiones de embajadores para confirmar su autoaislamiento tras el reclamo internacional de justicia y de vuelta a la democracia que el régimen ha rechazado.
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“Sergio” reveló en cambio que se ha dado una renuncia generalizada de funcionarios, inconformes con lo que está pasando. Al tenor de esa realidad, se han extremado los controles internos del FSLN al punto que el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y secretario político del FSLN en la institución, somete a interrogatorios a los jueces incluso cuando piden permiso para tomar vacaciones.
El drama en relación a los presos políticos se vivió intensamente a lo interno del Poder Judicial, donde un grupo selecto de jueces, fiscales y policías han cumplido la orden política de encarcelar a opositores, empresarios, líderes de la sociedad civil y universitarios.
“Es horrible. Hay compañeras de trabajo que tienen presos políticos, ahí hay mamás que son sandinistas y sus hijos están presos, y que una vez a la semana tienen que pedir permiso para acudir a los centros penitenciarios a llevarles comida”, agregó “Sergio” en su testimonio.
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A lo interno de la CSJ, se dieron también deserciones de jueces que se marcharon en medio de la crisis. El orteguismo realizó despidos y se inició un proceso judicial, sin que se haya divulgado hasta ahora los cargos contra el vocero Roberto Larios. Fueron llevados al banquillo–por los mismos delitos atribuidos al Obispo Álvarez– tres asesores de la presidenta de la institución, la magistrada Alba Luz Ramos.
Se trata de Moisés Abraham Astorga Sáenz y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, según información revelada por Yader Morazán, experto en administración de justicia.
Las denuncias en el sector público publicadas durante meses por los medios de comunicación independientes muestran una fotografía de violaciones de derechos humanos cometidas contra los funcionarios bajo la administración de Daniel Ortega, quien lleva 15 años continuos en el poder. Pero se trata de una realidad recurrente desde la dictadura de Somoza como recordó en 2018 el sociólogo Oscar René Vargas, convertido hoy en preso político por la dictadura. Con el caudillo de turno, los trabajadores parecen obligados a resistir los abusos en silencio.
