30 de septiembre 2024
AA
El 28 de septiembre de 2018, la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó la libertad de movilización y la protesta cívica en Nicaragua a través de un comunicado en el que calificó como “delito” de golpe de Estado la convocatoria a una marcha cívica.
A partir de ese momento, sin decretar un estado de emergencia, todas las libertades democráticas fueron prohibidas por la fuerza y por las vías de hecho: las libertades de prensa y de expresión, el derecho de reunión y de movilización, la libertad de elegir democráticamente, la libertad de asociación, y la libertad religiosa.
Después de la farsa electoral de 2021, en Nicaragua el régimen consolidó el totalitarismo con la persecución indiscriminada contra la sociedad civil y la Iglesia católica, ante la cual la únicas libertades que prevalecen son la libertad de prensa que ejerce el periodismo independiente desde el exilio y la libertad de conciencia, que sostienen la resistencia silenciosa de los ciudadanos.
En 2024, los nicaragüenses se debaten entre la “normalización” de la dictadura y la resistencia cívica, entre el miedo generalizado y la esperanza de un cambio que empieza con derrota del silencio y la censura.
En el programa Esta Semana, conversamos con Paulo Abrão, ex director ejecutivo de la Comision Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch sobre la visión que existe en la comunidad internacional sobre estos seis años de Estado policial de facto.
“Nicaragua es lo más parecido que tenemos en nuestro hemisferio a Corea del Norte. Es un país sometido al totalitarismo absoluto, donde cualquier ciudadano, no tiene por qué ser un líder político, cualquier persona que se separe un centímetro de la línea oficial de Daniel Ortega y Rosario Murillo corre el riesgo cierto de ser detenido, torturado, de que se le prive de su nacionalidad y se le expulse del país”, resume Juan Pappier.
“Este es un Gobierno frágil, que sabe que no tiene legitimidad, no tiene respaldo social. Estas formas represivas y extremas, son reveladoras de su incapacidad de mantenerse legítimamente según la voluntad del pueblo”, recalca Paulo Abrão y destaca que la sociedad nicaragüense mantiene una constante expresión de resistencia democrática. “Es ejemplar para otras sociedades autoritarias el nivel de organización de la comunidad nicaragüense en el exterior, en términos de organización política, de derechos humanos. Se están construyendo las bases para amplificar esa presión y también generar condiciones para que la gente pueda expresar esa indignación y esa presión de democracia dentro del país”, señala.
Seis años de Estado policial de facto
Este sábado 28 de septiembre se cumplieron seis años de la imposición de un Estado policial de facto en Nicaragua. Ese día, a través de un comunicado, la Policía prohibió el derecho a la libertad de movilización, alegando que una marcha cívica equivalía a un golpe de Estado. Y posteriormente, se anularon todas las libertades democráticas. ¿Cómo se ve la prolongación de este estado de excepción de facto?
Paulo Abrão. Ese momento pareció que la dictadura estaba asumiendo públicamente su carácter autoritario y que iba a mantenerse por medio de su brazo armado bajo el control absoluto de las instituciones policiales de seguridad del Estado, que estaban obedeciendo órdenes desde el poder central del país. Cuando estas medidas fueron anunciadas, nosotros, dentro de la CIDH no hemos tenido ninguna duda de declarar que veíamos la situación como la instalación de un efectivo Estado policial, una etapa que apuntaba hacia el futuro a un recrudecimiento de la represión y como un paso hacia un totalitarismo de Estado, que se estaban diseñando a partir de las respuestas que las autoridades del país habían implementado frente a las protestas, a las manifestaciones cívicas.
No nos sorprende que a lo largo de este tiempo este modelo se ha profundizado. En aquel momento, se veía claramente que el mantenimiento de las dictadura dependía de las estructuras represivas, tanto de las Fuerzas Armadas, como de la Policía que debería servir para proteger a los ciudadanos, y no para reprimirlos. En nuestra visita in loco en Nicaragua, mientras pasaba todo el ambiente de represión, ya habíamos percibido que había una confusión Estado-partido dentro del país. Me acuerdo bien de haber visitado cinco estaciones policiales en distintas ciudades, intentando buscar a los presos políticos y personas que no teníamos noticia, y era muy sorprendente que ingresáramos dentro de esas instalaciones, y ahí dentro estaban fotografías de personajes políticos al lado de símbolos nacionales. La fotografía de la bandera de partido al lado de la bandera nacional, una confusión total que no sorprende, que hoy este ese modelo se ha profundizado y para romperlo, yo creo que que pasa necesariamente por denunciar el modelo totalitario que visibilizar como una forma de concientizar a la sociedad de que este no este no es un camino democrático.
Esta situación ha sido documentada, denunciada y condenada en distintos foros, en la Organización de Estados Americanos, en la ONU y distintos informes que se han realizado. Sin embargo, en estos seis años las cárceles se llenan, después se vacían. Y a esto se agregan los destierros, la desnacionalización de más de 450 ciudadanos. ¿Consideras que existe el riesgo de que se normalice este Estado policial de facto?
Juan Pappier. Sin duda, tenemos el riesgo de que se normalice esta situación en Nicaragua y que se normalice a nivel internacional. Esta semana, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el único presidente que alzó su voz de lo que ocurre en Nicaragua fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, y lo hace de forma muy consistente, muy clara, y siempre denuncia sin doble rasero las violaciones de derechos humanos que ocurren en distintos puntos del mundo. Pero, lamentablemente, cada vez vemos una respuesta menor por parte de la comunidad internacional frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua, que como decía Abrão, es una situación de totalitarismo.
Sin embargo, es una buena noticia para la causa de la justicia en Nicaragua, el nombramiento de Reed Bródy como uno de los miembros del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua. Bródy ha investigado en todo el mundo, ha investigado los abusos de los contras en Nicaragua, es un país que conoce bien, pero además ha investigado dictadores en Gambia, en Chad, a Duvalier, en Haití y ha hecho esfuerzos globales que llevan a la justicia a esos dictadores. Y creo que su experiencia, tanto en Nicaragua como a nivel internacional, puede fortalecer aún más el trabajo de este Grupo de Expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene un rol crucial también exponiendo las violaciones de derechos humanos sistemáticas por parte del régimen de Daniel Ortega.
Las rutas de la justicia
Las investigaciones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU han documentado aún más lo que en su momento realizó el Grupo Interdisciplinario nombrado por la CIDH y también las Naciones Unidas, señalando la responsabilidad de la cadena de mando de la represión en Nicaragua en crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se llega a la justicia, a las Cortes internacionales o a la aplicación de la justicia internacional, para que esas denuncias puedan transformarse en una acusación penal?
Paulo Abrão. Ante el totalitarismo vigente dentro del país, nosotros no podemos esperar respuestas efectivas desde la justicia nacional, considerando que el Ejecutivo tiene el total control del Poder Judicial. Lo que está a nuestro alcance es buscar las distintas alternativas de justicia internacional. Está el proceso que ya se está construyendo de búsqueda de justicia para buscar responsabilidad estatal frente al Sistema de Justicia Interamericana, muchos casos que fueron presentados a la Comisión, se refieren al post 2018, o sea, están también llegando ante la Corte Interamericana y considerando todo el trabajo que la Comisión ha realizado, una documentación ya sistematizada en esta materia, la Corte Interamericana deberá pronunciarse de forma condenatoria, aunque en Nicaragua hay una dictadura.
La otra alternativa concreta es la causa Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, que efectivamente ya está bastante avanzado con las denuncias de la Fiscalía y que ya está bajo también el análisis del propio juzgado, incluso, con solicitud de captura internacional para su pronunciamiento. Hay perspectivas optimistas, en el sentido de que también estas mismas instancias de juicio de crímenes de lesa humanidad dentro de Argentina acaban de aprobar una orden de captura internacional de Maduro, en un proceso similar para Venezuela. Entonces, podemos esperar una respuesta a partir de este importante instrumento que es la jurisdicción universal.
Los otros caminos todavía requieren un poco más de estudio, porque hay elementos de cumplimiento de requisitos que todavía no están puestos y también elementos formales que no están atendidos, como es el caso de la adhesión de Nicaragua al Estatuto de Roma para acceder al terreno plenamente internacional. Pero hay alternativas que se están estudiando sobre factibilidad jurídica de acceder a la Corte Internacional de Justicia, considerando que este es un lugar que está teniendo bastante visibilidad en otros conflictos internacionales, como Gaza y Ucrania. Entonces, me imagino que serán receptivos también a la situación de Nicaragua.
En conclusión, las instancias regionales de mediación de estos conflictos dentro de nuestra región, desafortunadamente no están consiguiendo lograr respuestas para Nicaragua. El foro esperado dentro de esta región que sería la OEA no consiguió y fracasó en ese sentido. Tenemos que buscar aquellas instancias de espacios de justicia extrahemisféricas y se está trabajando alrededor de ellas.
Totalitarismo como Corea del Norte
Entre los últimos 135 excarcelados, que fueron desterrados a Guatemala, hay un patrón común: la mayoría de estas personas no eran ni candidatos presidenciales, ni líderes políticos, ni se les puede atribuir ninguna participación en hechos, que no sea el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, del derecho a defender la religión, a defender al obispo Rolando Álvarez que estaba preso, o celebrar, incluso, el triunfo de Miss Nicaragua, Sheyniss Palacios, como Miss Universo. Es decir, estamos hablando de una ampliación del totalitarismo que impone en Nicaragua un estado de miedo. La gente tiene temor a opinar y a hablar porque puede terminar en la cárcel. Y, por el otro lado, hay un estado también silencioso de resistencia ante esta situación.
Juan Pappier. Son casos que muestran que en cuanto a la represión y también en cuanto al aislamiento internacional, Nicaragua es lo más parecido que tenemos en nuestro hemisferio a Corea del Norte. Es un país sometido al totalitarismo absoluto, donde cualquier ciudadano, no tiene por qué ser un líder político, que se separe un centímetro de la línea oficial de Daniel Ortega y Rosario Murillo corre el riesgo cierto de ser detenido, de ser torturado, de que se le prive de nacionalidad y de que se le expulse del país. Ya van 400 personas que han sido privadas de nacionalidad en el país. Esto es algo que ni siquiera Pinochet hizo en Chile, Pinochet removió la nacionalidad de algunos críticos como (Orlando) Letelier, pero no llegó a estos números. Fueron números mucho menores y creo que es un recordatorio de la urgencia de que se busque justicia por estas violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país.
Una de las vías que ha mencionado (Paulo) Abrão, que me parece que es importante explorar a mayor profundidad, es la de la Corte Internacional de Justicia. Hay tres mecanismos que los gobiernos latinoamericanos pueden emplear para llevar casos contra Nicaragua. Uno de ellos es el artículo 30, la Convención contra la Tortura, y hay un precedente claro al respecto, que es el caso que llevaron los Países Bajos y Canadá en contra de Siria por torturas y que llevó a una orden de la Corte Internacional de Justicia de que Siria frene a las torturas en el país. La otra vía jurídica es el artículo 14 de la Convención contra la Apatridia de 1961, que permitiría claramente llevar un caso en contra de Nicaragua, y la evidencia de las violaciones de esta Convención es clara, es incontrovertible. Y por último, el pacto de Bogotá, que es un tratado regional en el que los gobiernos de la región, incluyendo Nicaragua, se han comprometido a resolver sus controversias de forma pacífica frente a la Corte Internacional de Justicia, y hay claramente controversias en materia de derechos humanos que se deberían dirimir en la Corte Internacional de Justicia para que en Nicaragua, para que el régimen de Ortega rinda cuentas por este totalitarismo, por estas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Además de este sistema, de la puerta giratoria de las cárceles, que se llenan y se vacían, hay otro método represivo permanente, que se mantiene oculto porque no se traduce a través de las leyes, y es el caso de más de 300 personas que han sido objeto de allanamientos y están sometidas a un sistema de arresto domiciliario de facto. Estas personas todos los días tienen que llegar a una estación de la Policía a firmar un acta acusatoria, y regresan a sus casas y están completamente inmovilizadas bajo el temor, ellos y sus familias, de que el régimen tome más represalias en su contra. ¿Qué se puede hacer ante este estado de total indefensión?
Paulo Abrão. En Nicaragua se vive un sistema de represión extrema. Estas prácticas son muy reveladoras de que el régimen apenas se sostiene bajo la imposición del miedo. Las personas no tienen condiciones de ejercer el mínimo de sus libertades, ni siquiera de pensamiento o de expresión de sus ideas, y sufren una represión totalmente desproporcionada, pero es muy representativa del modelo de violencia que han estado instalando en el país.
Es muy difícil dentro del ámbito nacional lograr desviarse de estas formas de control y de imposición del miedo dentro de la sociedad porque las dictaduras dependen del miedo para mantenerse. Y eso es, muchas veces, mucho más eficiente que un modelo represivo directo de las fuerzas de seguridad en estados autoritarios.
Es una situación más grave en términos de violación de derechos humanos, en términos de violación de libertades públicas en nuestra región y comparativamente con otros Estados. En un primer momento, me parecía claro que ellos estaban queriendo implementar el modelo cubano, en su origen, en su peor versión, pero la comparación con Corea del Norte es muy pertinente porque ahí no se puede tener ninguna posibilidad de mantener contacto fuera del país, después de salir y de entrar bajo un profundo control, incluso, de la propia información. Entonces, es realmente una situación muy grave que ameritaría desde la comunidad internacional una prioridad de atención de la comunidad internacional.
También hay que reconocer que ellos están cada vez más aislados y esa generación de ese proceso de conciencia crítica respecto a estas actitudes se está instalando dentro de la sociedad. Nosotros sabemos que una dictadura tarda, pero hay un momento que realmente hay una cierta ruptura y eso se debe a una acumulación de conciencia crítica dentro de la sociedad, fuera y dentro. Nuestra tarea, nuestro deber, es seguir presionando desde afuera y generando condiciones para que la gente que esté adentro de manera segura pueda mantener un estado de esperanza. Porque la lucha que se pierde, es la lucha que se abandona, entonces es nuestra responsabilidad.
El miedo y la resistencia democrática
Paulo mencionaba una dictadura extremadamente débil que no puede gobernar un sólo día, permitiendo la libertad de reunión, de movilización, o la libertad de expresión, y que actúa con una paranoia indiscriminada. Incluso, está desatando una persecución contra sus propios partidarios. Pero, por el otro lado, esto provoca un estado de miedo y parálisis. La gente tiene temor al espionaje, tiene temor a la vigilancia de los grupos sandinistas, de los vecinos en los barrios, llegando a un punto en que a veces no se atreven a denunciar incluso la desaparición de un familiar. ¿cuál es el costo del silencio?
Juan Pappier Evidentemente, este es un Gobierno que tiene temor a la vida cívica. Temor a ciudadanos libres que ejerzan sus derechos. Es tal el temor que han tenido que caer en el ridículo de reprimir e intentar dispersar a personas que se juntaban a celebrar, que se ganó un concurso de belleza. Eso demuestra que este es un Gobierno completamente paranoico y que está atemorizado, tiene miedo al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, a cualquier cosa que huela a vida cívica este Gobierno le tiene temor. Eso explica la represión sistemática de derechos que vemos en el país, que van incluso en contra de propios funcionarios estatales e incluso en contra de personas que en algún momento apoyaron a este Gobierno. Pero, es la realidad que se vive en Nicaragua y es muy difícil para cualquier nicaragüense criticar esta realidad porque el costo del silencio es alto para Nicaragua, pero el costo de hablar es enormemente alto para cada uno de los nicaragüenses que se han animado a hacerlo y han terminado presos. Esperemos que los nicaragüenses sigan mostrando esa valentía que han mostrado hasta ahora, pero entendiendo que la represión ha sido tan brutal que es muy difícil para ellos pronunciarse frente a estos abusos de poder.
Y, sin embargo, la prensa independiente desde el exilio sigue informando a la audiencia nicaragüense, gracias a que hay ciuddanos que ayudan a romper este silencio, que hay una red de colaboradores que siguen facilitando información para denunciar, para documentar la corrupción y también estas violaciones a los derechos humanos. En marzo de 2019, el Gobierno se comprometió en el segundo diálogo Nacional a levantar el Estado Policial. De hecho, firmaron un documento que se llamaba "el fortalecimiento de los derechos fundamentales", que era una especie de eufemismo para decir vamos a restablecer las libertades públicas. Y ahí estuvieron de testigos la OEA y el Vaticano, y el Gobierno no cumplió. ¿puede la presión internacional ayudar a restablecer en Nicaragua las libertades democráticas y a que se suspenda este Estado Policial de facto?
Paulo Abrão Este es un Gobierno frágil, que sabe que no tiene legitimidad, no tiene respaldo social. Y si no fuera por estas formas represivas, cuanto más represivas y extremas son esas formas, es más revelador de que el Gobierno sabe de su incapacidad de mantenerse legítimamente según la voluntad del pueblo. La prensa independiente, está generando informaciones que van dando conocimiento a la comunidad internacional, a la opinión pública interna del país de esta violencia inaceptable, se van también instalando las bases para se de alguna oportunidad, vinculada a un hecho histórico, pero también una importante presión internacional, porque las coyunturas van cambiando. Lo que parece imposible de cambiarse puede pasar por una situación fáctica o coyuntural, o también dentro de la propia región, que genera una total inversión de lo que está pasando y dispara procesos donde se puede abrir brechas hacia una transición democrática fundamental.
Lo importante es que toda la oposición, el movimiento cívico, las fuerzas democráticas del país y el movimiento de derechos humanos estén preparados para ese momento de transición democrática, con una agenda ya estructurada, tener una hoja de ruta para alcanzar ese momento tan esperado. Saber cuándo ocurrirá es difícil, pero sí no construimos en cada etapa para alcanzar ese momento estaríamos perdiendo bastante tiempo.
Hay que seguir con esa constante expresión de resistencia democrática que la sociedad nicaragüense en sí está demostrando. Es ejemplar para otras sociedades autoritarias el nivel de organización de la comunidad nicaragüense en el exterior, hoy sin ese sistema, no sea en términos de organización política, de derechos humanos. Pero es ejemplar cómo se está construyendo las bases para amplificar esa presión y también generar condiciones para la gente para que un día puedan expresar esa indignación y esa presión de democracia dentro del país.
En las últimas semanas el Gobierno ha reformado el Código Penal, anunciando que pretende imponer las leyes represivas fuera de las fronteras de Nicaragua. Pero, ¿puede acaso el régimen reprimir a los nicaragüenses que están residiendo en países democráticos? ¿Es decir, puede verdaderamente hacer efectiva esa clase de represión? Pregunto esto porque hay mucho temor en la población de hasta dónde puede llegar el régimen.
Juan Pappier. Es un fenómeno muy preocupante de represión transacional que tristemente vemos cada vez más y más en distintos países del mundo. Por ejemplo, Ruanda, China, Turquía. Hemos visto investigaciones en Nicaragua sobre personas que viven en el exilio, que viven en el extranjero. Pero para poder intentar capturar a estas personas, Nicaragua necesitaría cooperación de los Gobiernos donde viven, incluyendo la Interpol. Y francamente, con la reputación que tiene el Gobierno en Nicaragua, dudo mucho que Interpol estuviera dispuesto a cooperar frente a la represión del Gobierno de Nicaragua. Interpol tiene mecanismos internos para evitar que sus sistemas de alertas sean abusados por parte de gobiernos represivos y estaremos muy atentos si es necesario, para informar a Interpol para evitar que se libre cualquier tipo de alerta en contra de ciudadanos nicaragüenses en el exilio.
