19 de febrero 2025
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, aprobó una nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, que incluye diez excepciones que benefician a muchas de las compras que realizan el Ejército y la Policía Nacional, entidades a las que se les asignó un presupuesto que se acerca a los 9300 millones de córdobas para 2025.
La nueva ley, aprobada sin oposición el martes 18 de febrero de 2025, deroga la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, así como a la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales. En el proceso —que el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional denominó “modernizador”— se integraron en el artículo cuarto, varias disposiciones que eran comunes a ambas leyes, y se añadieron otras nuevas.
Como parte de ese esfuerzo de modernización, hay materias excluidas, (tecnicismo usado para definir los casos en que no se aplicará esa ley), para casi todo. La más notoria es la que favorece a las tres instituciones que están en la punta de lanza de la represión contra los ciudadanos: la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio del Interior.
También hay para actividades bursátiles, para las compras que se hagan entre instituciones estatales, así como para contratos de empleo público.
El inciso dos del artículo cuarto especifica que queda excluida de este ley, “la adquisición de bienes, medios y equipos destinados exclusivamente para salvaguardar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la paz, la seguridad, la defensa nacional, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno”.
La única excepción es el avituallamiento normal de las tres instituciones “siempre que se realice en estado de paz”.
Opositores criticaron que en adelante, el Ejército y la Policía, antes obligadas por ley a rendir cuentas sobre sus contrataciones y compras a través de procesos de licitación o contratación simplificada, ahora estarán exentos de la aplicación de la ley y fuera del control y la fiscalización del uso que hacen del dinero recibido del Presupuesto General de la República.
Elevan los montos obligados para licitar
También estarán exentas de aplicación por esta nueva ley las compras realizadas con fondos de caja menor, según las normas de ejecución presupuestaria dictadas por el Ministerio de Hacienda.
Según el texto de la nueva normativa, las instituciones del Estado podrán realizar compras y contrataciones con fondos de caja chica de forma excepcional, mediante contratación simplificada y a través de resolución de su máxima autoridad.
Tampoco serán licitadas las compras de boletos aéreos internacionales que se realicen en línea a través de plataformas digitales autorizadas por la Presidencia.
En la nueva ley, también se aumentan los montos obligados para los procesos de licitación y contratación en las instituciones del Estado, al pasar de tres millones de córdobas (cerca de 81 000 dólares) a diez millones de córdobas (unos 270 000 dólares).
En tanto, la contratación menor será utilizada para aquellas que no superen los dos millones de córdobas (cerca de 54 000 dólares). Antes estaba establecida en montos de hasta 500 000 córdobas (unos 13 500 dólares).
Excepciones también incluyen compras en el extranjero
Otra materia excluida son las compras directas de bienes e insumos que realice el Estado en el exterior, “obviamente a través de la autorización correspondiente de la Presidencia de la República”, defendió Gutiérrez. Su argumento básico es que eso facilitará a entidades como el Ministerio de Salud aprovechar alguna oferta que encuentre en el extranjero, para adquirir medicamentos básicos a buen precio.
Los cambios introducidos permitirán que el Estado haga compras directas sin la participación de las empresas privadas inscritas en el registro de proveedores del Estado. “Con esta disposición, a través de una autorización expresa de la Presidencia de la República, vamos a poder realizar estas compras directas, y estoy seguro que se van a ahorrar muchísimos recursos porque estaríamos evitando la intermediación de agentes del sector privado en la compra de bienes o servicios necesarios para salvaguardar la vida del pueblo nicaragüense”, argumentó el legislador.
“Esta no es una ley para pensar en el Estado como un botín de guerra. Normalmente las leyes de contrataciones, y no solamente en este país… se miran como una oportunidad —especialmente por parte del sector privado— para ver quién se lleva la tajada del león. Ven el Estado como una forma de hacerse millonarios a través de contratos con poca transparencia y con prácticamente ningún seguimiento y rendición”, dijo Gutiérrez poco antes de defender la “luz verde” que se le otorgó a las tres entidades represivas que “preservan la estabilidad” del régimen.
Transparencia y ¿rendición de cuentas?
Finalmente, la nueva ley, prevista para entrar en vigencia 30 días después de su publicación en La Gaceta, prevé fortalecer el mecanismo de avales, garantías, fianzas, y anticipos. También, establecer procesos de contratación especiales para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan contratar con el sector público. Adicionalmente, se detallan las sanciones aplicables a los funcionarios, así como los medios de impugnación de los procesos.
Al argumentar a favor de la nueva ley, el diputado Gutiérrez, dijo que las dos leyes a derogar contenían “disposiciones muy buenas, que estaban en una ley, y disposiciones muy buenas, que estaban en la otra, pero también deficiencias”. El resultado era “una atomización de las disposiciones normativas. Tanto por naturaleza —el Estado es único— como por materia; todas las contrataciones del Estado de la República de Nicaragua deberían estar en una sola ley”.
El legislador añadió que “con esta ley vamos a tener la oportunidad de reducir los plazos, simplificar los procesos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas…. los plazos se reducen y los procedimientos se simplifican, pero no se echa a perder la transparencia ni la rendición de cuentas”. Inmediatamente después de esa cerrada defensa, Gutiérrez admitió que hay excepciones, tanto para las adquisiciones en materia de seguridad, “para preservar la estabilidad del Estado nicaragüense”, así como para las compras en el exterior.
*Con información de EFE.
