13 de diciembre 2023
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Las ventas de las agencias de viajes nicaragüenses se reducirán un 30%, aproximadamente, por la nueva disposición de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, que prohibió a todas las instituciones del Estado y alcaldías comprar los boletos aéreos internacionales a las agencias de viajes nacionales.
“A partir de la fecha, por instrucciones expresas del presidente de la República, todas las instituciones del Estado nicaragüense y las alcaldías, si tienen necesidad de comprar boletos aéreos, dejarán de usar agencias de viajes y harán compras en línea de los boletos indispensables”, estableció una circular de Murillo, enviada el 12 de diciembre de 2023.
En el documento, la primera dama justificó que la medida permitirá al régimen ahorrar “una cantidad de recursos que se dispondrán para programas y proyectos de atención a nuestro pueblo”. Además, que todos los gastos de hotel y bolsillo de los funcionarios públicos deben ser autorizados por la Presidencia de la República.
Una fuente, que conoce el sector turístico nicaragüense, dijo que las ventas de boletos al sector público rondan el 30% del negocio de las agencias de viajes, por lo que “posiblemente algunas de ellas se vean obligadas a cerrar”.
Explicó que la mayoría de las agencias de viajes locales dan créditos a las instituciones públicas, quienes pagan hasta que reciben los desembolsos del Presupuesto General de la República. “Esto es algo que las instituciones no podrán hacer en línea, donde los pagos son inmediatos”.
“La orientación es que (las instituciones) compren a través del sistema que tiene el Gobierno para compras en línea, pero en ese sistema del Gobierno los proveedores tienen que estar registrados y tengo entendido que las líneas aéreas no están en eso”, comentó la fuente.
Murillo se adelanta a reforma legislativa
Presurosos por complacer a su jefa Murillo, los diputados de la Asamblea Nacional reformaron —por segunda vez en una semana— la Ley 737 o de Contrataciones Administrativas del Sector Público, para prohibir la compra de boletos a las agencias de viajes.
La reforma a la legislación —realizada en la sesión de este 13 de diciembre de 2023— se dio horas después que Murillo envió la circular a las instituciones y alcaldías. Según la orden de la primera dama, esta medida ya estaba establecida en una adición a la Ley 737, llevada a cabo el 11 de diciembre en una sesión especial del Parlamento.
Los 90 diputados aprobaron sin cuestionar una Ley de Adición a la Ley 737, propuesta por los sandinistas Gustavo Porras y Loria Raquel Dixon. La misma fue puesta en vigencia a partir de la fecha de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito o digital, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Esta adición establece como materia excluida de las contrataciones administrativas del sector público “la adquisición de boletos aéreos internacionales que se realice en línea a través de plataformas digitales, autorizados por la Presidencia de la República”, dice el numeral 6 adicionado al artículo 5.
Más centralización y control del régimen
Un especialistas en contrataciones públicas, consultado por CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, señaló que la medida “es un castigo” para las agencias de viajes que son proveedores del Estado, porque se les está “sacando de competencia” y “quitándoles a su principal cliente”.
Advierte que, al margen de una medida de austeridad, se trata de “otra política de control total de parte de la Presidencia”, por cuanto ellos serán los encargados de autorizar que funcionario público puede viajar, a donde pueden ir y hasta qué línea aérea van a utilizar.
Además, estas compras de boletos aéreos al no estar sujetas a la Ley de Contrataciones Administrativas “no va a tener ningún tipo de regulación” y la Presidencia de la República decidirá “discrecionalmente” qué proveedores en línea va a contratar.
“Me parece que están centralizando una compra que da lugar a que se den más irregularidades…, se da mucho espacio para la falta de control y fiscalización de los recursos que se gastan”, agrega el especialista en contrataciones.
Segunda reforma a la Ley 737
La primera adición a la Ley 737 se dio junto con una reforma a la Ley 606 —Orgánica del Poder Legislativo—, que fue aprobada “con carácter de urgencia” por los 90 diputados, durante una sesión especial celebrada el lunes 11 de diciembre en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
Con esta reforma a ambas leyes se creó una “Comisión de Verificación de Proveedores del Estado”, que según diputados orteguistas servirá para “verificar” a los oferentes del Estado.
Sin embargo, a criterio de especialistas en contrataciones públicas, la dictadura se inventó una “supraentidad” que funcionará como “un gran colador” para determinar quiénes pueden o no ser proveedores del Estado.
La nueva instancia será presidida por un representante de la Asamblea Nacional y delegados de la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo con la reforma legislativa.
Este miércoles 13 de diciembre de 2023 también fue reformada la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales para ajustarla a los cambios realizados —dos días atrás— al sistema de contrataciones nacionales.
