13 de noviembre 2024
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Un informe independiente desmiente el documento oficial que la dictadura orteguista presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el miércoles 13 de noviembre de 2024, reunido en Ginebra, Suiza. El documento de la Fundación Puentes para el Desarrollo se define como un "informe alternativo" al discurso oficialista.
Cada cinco años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realiza el Examen Periódico Universal (EPU), para evaluar la situación de los derechos humanos de cada uno de sus estados miembros. El informe que preparó el régimen se dio a conocer de manera tardía para obstaculizar las posibles reacciones negativas de países y organizaciones, a la vez que “omite los asuntos fundamentales concernientes a la verdadera situación de los derechos civiles y políticos en el país, y describe un oasis de paz, seguridad y concordia”, explica la Fundación Puentes para el Desarrollo
El Informe Alternativo se basa en estadísticas y datos generados por instituciones oficiales, centrando su interés en los temas económicos y sociales para contrarrestar la imagen de “paraíso de bienestar y prosperidad”, que pinta el documento oficialista en torno a la situación del empleo, en Nicaragua, la alta informalidad laboral, la enorme dependencia de las remesas, la diferencia entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo, así como la pobre calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes del país.
Economía de Nicaragua gracias a las remesas
La versión oficial presentada a Naciones Unidas indica que “la economía nicaragüense se ha consolidado en una senda de expansión estable… producto de la implementación de políticas económicas sanas y responsables, bajo fundamentos económicos sólidos…”, y esgrime buenos resultados en materia fiscal, de reservas internacionales, estabilidad de la moneda y cuentas externas, aunque todo eso solo es posible por el creciente flujo de remesas familiares.
“Es una paradoja que la principal evidencia del fracaso económico y social del régimen, como es la migración masiva, al final se transforme, por la vía de las remesas, en la columna principal de la economía nacional, de la economía empresarial y de la economía familiar”, señala el Informe Alternativo.
La Fundación Puentes señala también, citando el informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024” publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), que Nicaragua es el tercer país con mayor carga tributaria (27.8% del PIB) en América Latina, solo detrás de Brasil y Argentina.
Eso “constituye una carga desproporcionada para los niveles de pobreza existentes y para el nivel de atraso de la estructura socioeconómica nicaragüense”, añade el Informe Alternativo.
Aunque el documento gubernamental afirma que en Nicaragua se registra una tasa de desempleo del 3.4%, el Informe Alternativo muestra que “más del 75% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad laboral, sin ningún tipo de protección”, y que más del 50% de la población laboral está en condición de desempleo, subempleo o como trabajadores sin remuneración.
En materia salarial, la dictadura pregona una mejora sustancial, dado que entre 2019 y 2024 se realizaron ajustes a los salarios mínimos por el equivalente al 37.6%. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, (INIDE), muestran que, en el mismo período, el costo de la canasta básica total se elevó en 54.9% y el costo del componente de alimentos creció en 69.7%, al pasar de 8973 córdobas a 15 228 córdobas.
Casi el doble -porcentualmente hablando- de los ajustes realizados al salario mínimo.
Reprobados en educación; mal en materia social
El desempeño del régimen en materia social, no es nada halagüeño para la población nicaragüense, al considerar los hallazgos del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco), en el que se evalúa las competencias y el desarrollo alcanzado por estudiantes de tercero y sexto grado de primaria de América Latina.
Las pruebas realizadas a la niñez nicaragüense de sexto grado, mostraron que el 97% de ellos no alcanzó el mínimo en matemáticas; el 95% no lo alcanzó en ciencias y el 87% tampoco llegó al mínimo en lectura, quedando todos por debajo del umbral mínimo, por lo que “es fácil deducir que buena parte de esta niñez está desde ahora condenada a la pobreza”, lamenta la Fundación.
Ese panorama gris se vuelve más turbio aún, al considerar con base en la publicación Nicaragua en Cifras 2023, generada por el Banco Central, que el 21.2% de la población nicaragüense mayor de 10 años está en situación de analfabetismo, lo que se complementa con la decisión oficial de demoler el sistema de educación superior, con la clausura o confiscación de una treintena de universidades entre 2019 y 2024.
Aunque la Fundación Puentes no niega los avances en materia de construcción de infraestructura hospitalaria, recuerda cómo, mientras los gobiernos del mundo trataban de proteger a su población de los estragos del covid - 19, Daniel Ortega y Rosario Murillo convocaban a actividades públicas -a las que ellos no acudían- ni se ordenó confinamientos de ningún tipo, mientras las estadísticas oficiales mentían sobre el avance de la enfermedad.
El resultado es que, aunque los datos del Ministerio de Salud solo reportan 245 muertes por causa del virus, el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informa, con datos a mayo de 2023, que en Nicaragua hubo entre 16 705 y 17 566 fallecidos por causa del virus.
“La diferencia es abrumadora, pero además, el encubrimiento de estos fallecimientos también constituye un crimen”, señala Puentes.
El documento también denuncia, entre otras arbitrariedades, la conculcación del derecho de propiedad (inmuebles, muebles, activos, cuentas bancarias, etc.), tanto de las personas despojadas de su nacionalidad, como de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, (religiosas, humanitarias, gremiales); hasta las universidades privadas. “Más recientemente comenzó a aplicarse un concepto inexistente en la legislación nacional como pretexto para apropiarse de bienes privados: propiedades en abandono”, señala el texto.
La situación de los niños, los adolescentes, las mujeres, así como las personas de la tercera edad, es tan dura como las de los pueblos indígenas, y la de cualquier ciudadano que sea percibido como opositor en general, o simplemente como alguien que no comulgue con las tesis oficiales, lo que conlleva el riesgo de secuestro, desaparición forzada, tortura, cárcel o destierro.
