1 de diciembre 2023
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, reformó sin consultar la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación. Los cambios realizados son tan drásticos que especialistas en la materia los califican como "el acta de defunción de la autonomía universitaria en el país".
La reforma —que fue aprobada el jueves 30 de noviembre con el voto favorable de los 91 diputados— transforma completamente el modelo de gestión de la educación superior en Nicaragua y otorga al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la capacidad legal de gestionar a las universidades conforme a los intereses del Poder Ejecutivo.
También se adhiere la Universidad Nacional Casimiro Sotelo a la lista de universidades nacionales miembros del CNU y traslada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del 6% del Presupuesto General de la República, que por ley constitucional le corresponde a las universidades.
"El Consejo Nacional de Universidades como entidad estatal estará a cargo de la regulación de las Instituciones de Educación Superior (IES), asegurando la formación de profesionales en concordancia con las políticas de desarrollo humano sostenible del país. Esto implica reorganizar la estructura de esta entidad, fortalecer sus funciones y dotarla de la capacidad legal de gestión del modelo de la educación universitaria", se lee en la exposición de motivos de la reforma.
CNU estará bajo las órdenes del Ejecutivo
En el entramado de la reforma, el régimen no solo reorganizó la estructura del CNU, sino que prácticamente "lo transformó en un Ministerio de Educación Superior", advierte el académico nicaragüense, Ernesto Medina.
"Ahora va haber un consejo directivo nombrado por el presidente de la República, de los cuales no se dice absolutamente nada sobre las cualidades que van a tener el presidente y el vicepresidente del CNU... y sobre el secretario, que es el actual director técnico, parece que es la persona que va a estar en el día a día", cuestionó Medina.
El académico recordó que, después de las reformas de inicios de año, el CNU obtuvo "un papel de interventor de las universidades". Un rol que no se corresponde con el principio de autonomía universitaria, pero "en lugar de arreglarlo lo empeoran". Por lo que, valoró, la reforma actual es como "el acta de defunción de la autonomía universitaria en Nicaragua".
"Con esto ya no se puede seguir hablando de ningún tipo de autonomía en el sistema de educación superior de Nicaragua. La autonomía está muerta y la han matado gente que seguramente ni siquiera ha pasado por la acera de una universidad... que no conocen la historia de las universidades y las luchas por la autonomía", comentó el académico.
A juicio de Medina, con estos cambios las universidades se convierten en "órganos para dotar al Gobierno de una masa de gente que no piensa, que va a obedecer órdenes y que se van a convertir en la fuerza de choque del partido de gobierno cuando tenga necesidad".
Eliminan decanaturas y facultades universitarias
La reforma a la Ley 89 también suprime la figura de los decanos, elimina las facultades universitarias y los consejos de facultad. En su lugar se crean direcciones por áreas de conocimiento y direcciones específicas, aunque no queda claro a qué se refieren con áreas de conocimiento.
"El director o directora por área de conocimiento es la máxima autoridad académica y ejecutiva de la respectiva Área de Conocimiento y representa a ésta en sus relaciones con las otras autoridades y por delegación, ante los particulares", se lee en el primer párrafo del artículo 32 de la reforma.
Además, en el artículo 41 bis agregan que las Direcciones Específicas son las "instancias académicas encargadas de gestionar y administrar el currículo por carrera".
Ante esta situación, Medina intuye que las áreas de conocimiento son las mismas facultades, pero les están cambiando el nombre para simular una transformación completa de la educación superior.
Trasladan a Hacienda la distribución del 6%
Otro cambio drástico y —quizá— el que más sentirán las universidades, es la pérdida de autonomía financiera. Ya que el régimen trasladó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de distribuir el presupuesto estatal asignado a las universidades.
"El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la política y distribución de los fondos asignados al CNU y a cada universidad que forma parte del Consejo Consultivo", dice el artículo 55 bis de la reforma aprobada.
Para Medina, los criterios impuestos al Ministerio de Hacienda para la distribución del 6% "son tan generales y tan abstractos" que difícilmente podrían contribuir a mejorar la situación actual de las universidades. Pero están dirigidos al cumplimiento de la promesa populista de la gratuidad de la educación superior en 2024.
El régimen orteguista ha prometido educación “gratuita y de calidad” para 180 220 universitarios en 2024, algo imposible de cumplir aun si se destina la totalidad del 6% del presupuesto estatal. Cálculos independientes con datos de 2021 demuestran que cada universitario le cuesta al Estado un promedio de 1402.92 dólares anuales.
Partiendo de ese cálculo, el régimen necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos del total de estudiantes. Pero el monto del 6% proyectado para 2024 es de 8028.3 millones de córdobas, equivalentes a 218.46 millones de dólares.
Cambios para financiar universidades confiscadas
El exdiputado y analista político, Eliseo Núñez, estima que con estos cambios en la distribución del 6% constitucional, el régimen orteguista está intentando trasladar recursos para financiar las "nuevas" universidades creadas a partir de los centros de estudios superiores confiscados entre 2021 y 2023.
"Esto es el fin de la autonomía universitaria", enfatizó Núñez. "El 6% se mantiene, pero la distribución interna la hacen ellos (el Poder Ejecutivo). Esto para financiar básicamente las "nuevas" universidades estatales", agregó.
Para Núñez, estos cambios en el presupuesto de las universidades son similares a los recortes realizados con el presupuesto del Poder Judicial y el cálculo de indemnizaciones para los empleados públicos, que la misma propaganda justifica como “medidas de ahorro” en las redes sociales.
Esta reforma implica una necesaria reducción del presupuesto de las principales universidades del país. Ya que "el presupuesto es el mismo", comenta el exdiputado, pero ahora será distribuido por Hacienda y entre un mayor número de universidades beneficiadas.
