7 de julio 2020
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Nicaragua alertó que un grupo de personas están suplantando su identidad con el fin de reunir información personal de los presos políticos excarcelados y otras víctimas de la represión de 2018. Los desconocidos, que se hacen pasar por funcionarios del CICR, estarían llamando por teléfono a las víctimas para ofrecerles ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales.
“Queremos aclarar que el CICR no realiza estas llamadas, no tiene programas de asistencia, ni brinda apoyo económico de ningún tipo en Nicaragua”, dice un comunicado de la institución que fue publicado este martes.
Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPPN), dijo desconocer la situación denunciada este martes por el CICR y luego de la publicación del comunicado llamó por teléfono a varios excarcelados, pero ninguno le comentó haber recibido algún ofrecimiento de dinero o ayuda humanitaria.
Queremos aclarar que el CICR no realiza llamadas para ofrecer ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales; no tiene programas de asistencia, ni brinda apoyo económico de ningún tipo en Nicaragua. https://t.co/EsOOHBYSrR pic.twitter.com/oRgBXzA9vk
— CICR México y América Central (@CICR_DRMX) July 7, 2020
El escrito también indica que la institución que está brindando asistencia a la población en el contexto de la pandemia de la covid-19 es la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), pero esa institución cuenta con personal debidamente capacitado e identificado y aplica “los principios fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja, como son la neutralidad y la imparcialidad”.
La ayuda de la CRN consiste en sus programas comunitarios de teleasistencia psicológica, psiquiátrica, médica y soporte para necesidades básicas y medios de vida, “con el propósito de apoyar a personas y familias que lo requieran”, dice el comunicado del CICR.
El CICR en Nicaragua
A inicios de 2019, una delegación del CICR llegó a Nicaragua para atender la situación de los privados de libertad en medio de una ola de denuncias de torturas y tratos crueles en el Sistema Penitenciario Nacional. El organismo humanitario suscribió un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Daniel Ortega que le permite –hasta el día de hoy– visitar las cárceles del país y brindar asistencia técnica a los privados de libertad.
El organismo internacional se encargó de verificar las listas de los presos políticos en 2019 para su posterior liberación; sin embargo, solo una parte de ellos fueron liberados con la aprobación de la Ley 996, de Amnistía, en junio de ese año.
Desde su llegada a Nicaragua el CICR ha guardado con mucho sigilo la información referida a los presos políticos y sobre su trabajo constante en las cárceles del país. Ese hermetismo le ha valido críticas por los opositores al Gobierno, pero le ha permitido ser el único organismo internacional con presencia en el país.
Antes que el CICR llegara a Nicaragua, el Gobierno de Ortega había expulsado del país a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHNUDH), por haber señalado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno durante la Rebelión de Abril.
