Cuando el silencio también mata en Nicaragua

Hay momentos en que el silencio internacional deja de ser prudencia y se convierte en abandono. El caso de Brooklyn Rivera obliga a la conciencia democrática del mundo a mirar de frente una tragedia que ya no admite espera: cuando un Estado no protege a su población —o peor aún, cuando la agrede— la comunidad internacional no puede limitarse a observar.

La presión sostenida del pueblo de Nicaragua, de las víctimas, de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos para exigir una prueba de vida de Brooklyn Rivera no responde a un episodio aislado. Responde a una lógica de crueldad, opacidad e impunidad que hiere no solo a Nicaragua, sino a los principios más elementales de la humanidad. Brooklyn Rivera, líder indígena Miskitu y referente histórico de YATAMA en la Costa Caribe nicaragüense, fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Durante más de dos años, su paradero y su estado de salud permanecieron ocultos, en un contexto denunciado como desaparición forzada. Hoy aparece gravemente deteriorado, postrado y al borde de la muerte. La gravedad del hecho no está solo en la imagen difundida, sino en todo lo que esa imagen revela: el sufrimiento prolongado de una persona, la angustia de su familia y el mensaje de terror enviado a toda una sociedad.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué más tiene que ocurrir para que el mundo acompañe con acciones concretas la demanda del pueblo nicaragüense? Distintas organizaciones y medios han documentado la muerte de presos políticos bajo custodia estatal, un patrón que no puede seguir siendo tratado como una sucesión de hechos aislados, sino como una alerta grave sobre el deterioro absoluto del Estado de derecho y la dignidad humana en Nicaragua.

La primera responsabilidad, sin duda, recae en quienes integramos el pueblo nicaragüense. Esa responsabilidad ya fue asumida con valentía en 2018, cuando una ciudadanía diversa se levantó para exigir libertad, justicia y democracia, y recibió como respuesta una represión generalizada y sistemática. El saldo humano y social de esa violencia sigue siendo devastador: centenares de personas asesinadas, miles de detenidos, un exilio forzado de enormes proporciones, comunidades fracturadas y una ciudadanía privada del ejercicio pleno de sus derechos.

Cuando esta pregunta se dirige a la comunidad internacional, al multilateralismo y a los gobiernos democráticos, lo hace desde un reclamo legítimo y urgente: no basta con observar, condenar o expresar preocupación. Nicaragua necesita una respuesta más consistente, coordinada y eficaz frente a una realidad que se prolonga con costos humanos insoportables.

Es justo reconocer a quienes han acompañado esta causa desde el sistema universal e interamericano de derechos humanos, desde mecanismos especializados, parlamentos, gobiernos y redes de solidaridad democrática. Ese acompañamiento ha sido valioso. Pero ya no es suficiente si no se traduce en decisiones políticas más proactivas, coherentes y efectivas.

La comunidad internacional no puede desentenderse cuando la violencia estatal, la persecución y la impunidad se convierten en método de gobierno. La responsabilidad de proteger no puede quedar reducida a una fórmula retórica: debe traducirse en acciones oportunas para preservar la vida, la libertad y la dignidad.

Conviene además partir de una verdad básica: esta no es una confrontación entre fuerzas equivalentes. No hay “dos partes” en igualdad de condiciones, sino una ciudadanía sometida a un aparato autoritario que concentra recursos públicos, control institucional y coerción para sofocar toda forma de disenso.

Mientras la sociedad civil, las iglesias, el periodismo independiente y los liderazgos territoriales son objeto de hostigamiento y aniquilamiento cívico, el régimen actúa con una alarmante sensación de impunidad. La imagen de Brooklyn Rivera en estado crítico resume esa desprotección extrema: una vida llevada al límite mientras el poder pretende normalizar lo intolerable.

Pese a resoluciones y señalamientos internacionales, el régimen ha conservado márgenes de maniobra que exigen una revisión seria. La pregunta es inevitable: ¿está respondiendo con coherencia la arquitectura financiera y política internacional frente a un contexto marcado por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de garantías mínimas de derechos humanos?

Los recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo terminan sosteniendo mecanismos de control e intimidación. Esa distorsión empobrece a la población, debilita la institucionalidad y consolida una estructura de dominación incompatible con cualquier horizonte democrático.

A ello se suma la presión político-partidaria sobre trabajadores del Estado, empujados a subordinar su función pública a intereses de poder antes que al servicio de la ciudadanía. Ninguna democracia puede sostenerse cuando el aparato estatal se convierte en instrumento de sometimiento.

Por eso es legítimo revisar, con responsabilidad y rigor, las relaciones económicas, comerciales y de cooperación que puedan contribuir, aunque sea indirectamente, a sostener un sistema represivo. La estabilidad no puede medirse solo en indicadores macroeconómicos cuando está construida sobre el miedo y la ausencia de libertades. El dolor de las familias nicaragüenses no vale menos por no ocupar el centro de las disputas geopolíticas del mundo. Cada vida vulnerada, cada desaparición, cada muerte bajo custodia y cada exilio forzado exigen la misma atención ética y política que cualquier otra tragedia que conmueva a la comunidad internacional.

Por eso, si existe verdadera voluntad política, la comunidad internacional todavía puede acompañar al pueblo de Nicaragua con acciones concretas, articuladas y sostenidas. Entre las más urgentes están estas:

1. Impulsar, por todos los medios diplomáticos y políticos disponibles, una ruta creíble hacia una transición democrática que permita la recuperación efectiva de las libertades y garantías fundamentales en Nicaragua.
2. Asegurar que las resoluciones, pronunciamientos y mecanismos multilaterales se traduzcan en medidas eficaces para la rendición de cuentas, la protección de las víctimas y el fin de la impunidad.
3. Revisar y condicionar toda vía de financiamiento, cooperación o respaldo que pueda fortalecer directa o indirectamente las capacidades represivas del régimen.
4. Respaldar de manera decidida a las fuerzas cívicas, sociales, territoriales, económicas, ambientales y democráticas comprometidas con una salida pacífica, justa y duradera a la crisis.
5. Adoptar, en todos los espacios bilaterales y multilaterales pertinentes, un tratamiento acorde con la ilegitimidad de origen y de actuación del régimen, sin normalizar sus abusos ni relativizar sus responsabilidades.

Sin perder de vista esa dimensión internacional, también corresponde a las y los nicaragüenses avanzar con sentido de urgencia y visión estratégica hacia una alternativa colectiva, legítima y esperanzadora: una salida capaz de reencontrarse con el pueblo y de devolverle a la sociedad la convicción de que la paz, la justicia y la democracia todavía son posibles.

No se puede esperar a que nuevas víctimas sean devueltas al país reducidas al silencio o despojadas de la vida. Hoy, Brooklyn Rivera interpela la conciencia de Nicaragua y del mundo. La verdadera pregunta es si esa conciencia está dispuesta, por fin, a actuar antes de que sea demasiado tarde.