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La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) incluyó a Nicaragua en su lista de “países de especial preocupación” para 2026, por la “represión política” y el “acoso generalizado, las detenciones, la vigilancia y otras tácticas” que ejerce la dictadura presidida por Daniel Ortega y la “autoproclamada copresidenta Rosario Murillo” contra las comunidades religiosas y el clero del país.
El informe señala que “en 2025, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua continuaron deteriorándose” y afirma que el régimen mantuvo “una ofensiva total contra la libertad de religión o de creencias”.
Un país entra en esta categoría cuando el Gobierno ha “involucrado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa”, es decir “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.
“Mantuvieron su represión total contra la libertad de religión o de creencias mediante el arresto, el encarcelamiento y el exilio de líderes y fieles religiosos, la cancelación arbitraria del estatus legal de las organizaciones religiosas y el fortalecimiento de su poder para acosar e intimidar a los fieles”, señala el documento.
Comisión recomienda sanciones financieras
La designación —publicada en el informe anual 2026 del organismo federal independiente que monitorea la situación de la libertad religiosa en el mundo—, es la clasificación más grave contemplada por la Ley de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos.
Esta categoría requiere que Washington evalúe posibles medidas en respuesta, que pueden ir desde sanciones económicas específicas hasta la presión diplomática.
La Comisión recomendó “imponer sanciones financieras selectivas —incluidas las previstas en la Orden Ejecutiva 13851 y el artículo 203 de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional—, contra “funcionarios nicaragüenses responsables del exilio o de cualquier otra violación de los derechos humanos de los fieles religiosos”.
Asimismo, el informe señala que el Congreso de los Estados Unidos debería aprobar la Ley de Restauración de la Soberanía y Derechos Humanos en Nicaragua para “imponer sanciones contra quienes violen la libertad religiosa”. La iniciativa republicana obligaría al Gobierno de Estados Unidos a “oponerse a la asistencia de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, salvo en condiciones limitadas”.
En su primer viaje internacional a Latinoamérica, en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó los intentos del régimen nicaragüense de “eliminar a la Iglesia católica” y castigar “todo lo religioso o a cualquiera que pudiera amenazar el poder de ese régimen”.
Nicaragua aparece destacada junto a otras 17 naciones consideradas las peores del mundo en materia de libertad religiosa, entre ellas Afganistán, Burma, China, Cuba, Eritrea, India, Libia, Nigeria, Pakistán, Corea del Norte, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.
La muerte en prisión de prisioneros políticos
La Comisión basa sus recomendaciones en un año en el que las violaciones a la libertad religiosa continuaron escalando en el país.
Registran, al menos, la muerte bajo custodia estatal de dos personas prisioneras políticas de la dictadura.
En 2025, según el documento, dos personas presas políticas murieron bajo custodia estatal por razones directamente vinculadas a su fe, entre ellos Mauricio Alonso Petri, quien murió el 25 de agosto de 2025. A su familia, les ordenaron hacer un entierro exprés.
Carlos Cárdenas Zepeda, abogado asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, murió también en detención tras ser arrestado en agosto de 2025. La dictadura devolvió su cuerpo en un “ataúd sellado, se negaron a proporcionar información sobre la causa de la muerte e impidieron que su familia celebrara un funeral”.
Otros abusos documentados
El informe señala que desde 2018 se han registrado la “prohibición” de más de 16 500 procesiones y actividades religiosas, y más de 1000 acciones directas contra la Iglesia católica.
Solo en 2025, el régimen desplegó hasta 14 000 policías a nivel nacional para impedir celebraciones de Semana Santa.
Otros abusos documentados por la Comisión durante 2025 incluyen:
- Disolución de 15 organizaciones religiosas sin fines de lucro en enero, entre ellas la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer y la Fundación Dominicas de Nicaragua.
- Expulsión de aproximadamente 30 monjas de la Orden de Santa Clara de sus monasterios.
- Confiscación del Colegio San José en Jinotepe.
- Prohibición de entrada al país al sacerdote Jalder Hernández, exiliado desde 2024, cuando intentó regresar tras trabajo pastoral en Estados Unidos.
- Detención incomunicada de laicos por actos como orar públicamente por la libertad de Nicaragua.
- Declaraciones oficiales del régimen calificando al Vaticano de aliado “depravado” vinculado a “barbarie y genocidio”.
- Aprobación de reformas constitucionales que obligan a las organizaciones religiosas a mantenerse libres de “influencia extranjera”, disposición que el informe señala como herramienta para forzar a la Iglesia católica a cortar vínculos con el Vaticano.
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua advirtió en octubre de 2025 que la “situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado a tal punto que tomará muchos años, y muchos recursos, restablecer un Estado gobernado por el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos”.
