10 de abril 2022
AA
La reforma al Código Penal salvadoreño, que prohíbe la reproducción de mensajes de las pandillas en medios de comunicación y castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes lo hagan, es la primera “ley mordaza, la primera censura legislada” desde los acuerdos de Paz -que pusieron fin a la guerra civil en 1992- , considera el fundador y director del medio digital El Faro, Carlos Dada.
Este jueves El Faro publicó un editorial en protesta a la medida, que limita el derecho de la población a estar informada. Dada destacó “la valiente voz” de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que ha sido protagonista en la defensa de los derechos e intereses de los periodistas y los ciudadanos. Agregó que la prensa escrita, sobre todo, ha mostrado un “rechazo contundente” a la enmienda legislativa y a la imposición legal de la censura.
La medida coloca a Bukele, según Dada, “en el mismo club” de Daniel Ortega, Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro, conocidos por ser represores de la libertad de expresión en sus respectivos países: Nicaragua, Venezuela y Brasil.
“Cualquier mención al fenómeno de las pandillas, a las comunidades que controlan o no controlan, a la disputa de estos territorios con el Estado, puede ser penada hasta con quince años de prisión para un periodista o para el representante legal del medio en que se publica esta noticia. Eso tiene, evidentemente, por objetivo silenciar cualquier otra versión de la realidad que no sea la verdad oficial”, explicó Dada en una entrevista con el programa televisivo Esta Semana que se transmite este domingo 10 de abril.
Durante más de una década, El Faro ha liderado investigaciones periodísticas que revelaron negociaciones de diferentes Gobiernos con las maras, los de Arena, el FMLN, y el de Bukele, en las cuales las filtraciones oficiales del sistema carcelario y las propias pandillas son una fuente informativa esencial para corroborar la información. Sin embargo, el gobernante endureció su discurso contra estos grupos criminales y dijo el cuatro de abril que ha quedado claro quiénes son sus socios, refiriéndose a organismos, periodistas, políticos, entre otros.
Dada aseveró que los principales partidos salvadoreños “han pactado con pandillas”. “El primero que pactó, hasta donde supimos, fue el Gobierno de Mauricio Funes -nacionalizado nicaragüense bajo la protección del régimen orteguista y buscado por la justicia de su país-. En 2010-2011 empezó a negociar en secreto con las pandillas, y cuando dimos a conocer esas negociaciones, lo primero que hizo fue negar la existencia de tales, hasta que ya fue tan evidente que tuvo que institucionalizar esa tregua, que al final falló”, expresó.
Bukele también pactó con las maras cuando fue alcalde de El Salvador, entre 2015 y 2018, lo que Dada asegura que registraron con fotografías y grabaciones. “También logramos publicar hace año y medio negociaciones ya de Bukele presidente con las pandillas… Esas publicaciones estaban basadas esencialmente en una investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República, donde están documentadas llamadas telefónicas, donde hay videos, hay fotografías, hay documentos que presentamos en El Faro”, relató.
Hasta hoy, el presidente sigue negando la existencia de dichas negociaciones a pesar de la documentación, indica Dada. Sin embargo, destituyó al fiscal y desmanteló la unidad que lo estaba investigando. Argumentó que la disminución de homicidios- en El Salvador- se debía al plan de control territorial, un plan que “no conocemos, que no se ha hecho público, porque dice el Presidente que es un asunto de seguridad nacional”, señaló.
El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo, tras que un día antes fueron asesinadas 62 personas. El gobernante solicitó a la Asamblea– de mayoría oficialista– la aprobación del régimen de excepción durante un mes para hacerle frente a la ola de crímenes.
Después de esa fecha, militares y policías han realizado redadas masivas en colonias y comunidades, capturando a más de 6000 salvadoreños. La enmienda también contempla la legalidad de la intromisión de las comunicaciones privadas sin necesidad de que medie una orden judicial y prohíbe el derecho a la asociación, a la reunión y a la asamblea de los ciudadanos.
“Aparentemente es un régimen de excepción muy conveniente para el presidente Bukele para seguir enclaustrando la vida de los ciudadanos, nuestros derechos y nuestras libertades. Las enmiendas al Código Penal que establecen censura, no son parte del régimen de excepción, es una enmienda legal que está ahí". Agrega que los operativos desarrollados en las últimas semanas demostraron que durante los tres años del Gobierno de Bukele, esas comunidades seguían controladas por pandillas, dijo.
“Lo que te demuestra es que en esas comunidades no se había alterado la vida de la comunidad, el Estado no tenía presencia, y por tanto, eso te habla de que no era el plan control territorial el que explicaba esta disminución drástica de homicidios”, insistió.
“¿Cuáles de ellos -los capturados- están relacionados o no con estos 87 homicidios- del 25 al 27 de marzo- del fin de semana de hace dos semanas? No lo sabemos, hasta ahora no hay ningún reporte sobre eso”, agrega.
Instituciones parciales
El periodista explica que la Fiscalía debería actuar a partir de alguna denuncia o de oficio en relación a lo que establece la nueva Ley Mordaza. El problema es que ese ente del Estado está “controlado” por la Presidencia de la República. “Bukele y su Asamblea destituyeron al anterior fiscal e impusieron a uno a su conveniencia, que fue quien engavetó las investigaciones sobre sus negociaciones con las pandillas”. Una vez que la Fiscalía acuse, un juez tendrá que evaluar la aplicación o no de la enmienda.
Sin embargo, las anteriores reformas al sistema judicial han permitido la toma de esa institución por el “Bukelismo”. En estos días el presidente salvadoreño ha señalado por Twitter, “que todo juez que dicte un fallo contrario a lo que él llama –la seguridad del pueblo-, y que favorezca los intereses de las pandillas, será a su vez investigado por la Corte Suprema, y que se debe atener a las consecuencias”.
“Eso ya te dicta el estado de independencia judicial que hay ahora mismo en El Salvador, donde hay nulas posibilidades de ejercer el legítimo derecho a la defensa, no solo de los periodistas o de las organizaciones de la sociedad civil que terminemos acusados con estas nuevas enmiendas, sino también de los 6000 salvadoreños capturados en estas redadas masivas que se han hecho en los últimos días”, advierte Dada.
Otro “absurdo” de la reforma, según el periodista, es que los diputados decretaron que fuera de orden público, lo que significa que “está abierta a la interpretación de retroactividad de la ley”.
“En otras palabras, si el régimen quiere, puede acusar a alguien de violar la ley que nació el martes pasado, de violarla hace diez años. ¿Cómo se puede poner esto en práctica cuando los periódicos, como El Faro, llevamos años publicando sobre lo que esta ley dice que ya no se puede hacer? No tengo idea cómo se va a poner en práctica esta aberración jurídica…”, expresa el periodista.
Seguirán haciendo periodismo
Dada señala que es complicado pensar que un periodista de El Faro puede ir a la cárcel por una foto o por una cobertura. “No es para eso que queremos hacer periodismo, no es para terminar quince años en una cárcel”, reclama. De alguna forma seguirán reporteando “porque un periódico no puede consagrar su vida al silencio que buscan los regímenes autoritarios, no puede hacerlo, no tiene ese derecho, y tenemos que encontrar la forma de defender nuestras libertades”.
El paso que ha dado El Salvador “es un gravísimo atentado contra las libertades que costaron mucho conquistar”, subraya.
“No podemos ser nosotros los que nos subyuguemos ante este tipo de legislaciones tiránicas, que simplemente terminan con las libertades de los ciudadanos, no solo de nosotros. Y no somos solo nosotros los que estamos en riesgo: artistas, documentalistas, cineastas, académicos que quieran publicar sobre pandillas, hoy también están expuestos a que se les aplique este tipo de leyes”, señala.
“El principal objetivo nos ha quedado ya muy claro, de este régimen, es acallar a sus críticos e imponer una única narrativa de lo que sucede en el país”, alerta.
