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En Costa Rica existe preocupación por la intensificación de la minería ilegal en la zona de Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua. Los críticos de esa actividad apuntan en tres direcciones: empresarios ticos, capitales ilícitos provenientes de Venezuela, y la llegada incesante de coligalleros (güiriseros), oriundos de Nicaragua.
El incremento de las concesiones mineras otorgadas en Nicaragua a empresas de capital chino, parece estar detrás del aumento de la presencia nicaragüense.
El 26 de octubre de 2025, la Fuerza Pública de Costa Rica arrestó a trece nicaragüenses presuntamente dedicados a la minería ilegal en zonas fronterizas con Nicaragua.
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, sostiene que la actividad minera existente en Crucitas, se financia con “capitales ilícitos que operan tanto en Nicaragua como en Costa Rica”. Se basa en declaraciones de la Fuerza Pública de ese país, que ha identificado la presencia de capital ilegal financiando la actividad minera en ese sector. “Ellos solo hablan de este lado, pero están en ambos lados”, aseveró.
Más allá de lo que puedan hacer los mineros nicaragüenses —empujados o no por la nueva competencia china— el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, denunció que “oscuros intereses están detrás de la minería ilegal”. Citando “informaciones de inteligencia internacional” añadió que “no descartamos que el narcogobierno venezolano, a través del Cartel de los Soles, tenga influencia sobre la zona de Crucitas”.
Consultado al respecto, el abogado costarricense Edgardo Araya, especialista en derecho ambiental, recordó que no solo el ministro Zamora habló de crimen organizado, sino también los medios de comunicación costarricenses. Por eso, concluye que “si hay crimen organizado, ahí hay capitales ilegales funcionando”. La hipótesis más común es que financian la actividad aurífera para lavar capitales provenientes del narcotráfico, aunque no es la única opción.
Araya apunta a que en la zona también hay “capital costarricense que está al servicio de esa actividad ilícita”. Se refiere a “personas, familias y negocios que de alguna manera hacen funcionar esa actividad, al comprar oro para luego venderlo, ya sea de manera legal como ilegal”.
La diputada Priscilla Vindas, de la bancada del Partido Frente Amplio, de Costa Rica, también apoya esa versión. “Es importante decir que se debe garantizar que estas actividades [la presencia de mineros artesanales de origen nicaragüense que entran al país de forma irregular] dejen de suceder, sobre todo, porque muchas veces es una persona de Costa Rica que trae personas de Nicaragua a extraer el oro”, aseveró.
Deforestación y contaminación
La minería a cielo abierto en la zona de Crucitas es un tema que ha ocupado la atención de la sociedad costarricense, por sus destructivos efectos sobre el medio ambiente. En 1993, el país otorgó una concesión de exploración a Industrias Infinito, propiedad de la canadiense Infinito Gold. Las actividades de
la empresa fueron noticia hasta que en 2024 un tribunal internacional falló en su contra. Los que no desaparecieron del radar son los mineros artesanales nicaragüenses, cuya presencia en la zona ha ido de menos a más, aumentando la degradación del medio ambiente, que es característica de la minería a cielo abierto. Además de arrasar con la vegetación, esa actividad también contamina con mercurio los mantos acuíferos.
Ruiz, de la Fundación del Río, asegura que el Gobierno de Nicaragua es responsable del aumento de los mineros nicas en territorio costarricense. De forma pasiva, y por partida doble. Tanto por la inacción de sus fuerzas armadas, como por el boom de concesiones mineras entregadas a empresas de capital chino.
La presencia de mineros nicaragüenses en la zona sirve a determinados sectores costarricenses, que tienen así a quién culpar, explica la diputada Vindas. “La narrativa se ha modificado muchas veces, al punto de decir que las personas nicaragüenses son las malas, las que vienen a cometer delitos, y las personas costarricenses son las víctimas. No es cierto que ‘el otro’ es el que comete el delito y nosotros somos las víctimas. Hay que dejarnos de esos discursos tan simplistas, que ya está más que evidenciado que no son la realidad de la zona”, puntualizó.
Chinos no querrán competencia
A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con la República Popular China, y de forma especialmente acelerada en los dos últimos años, el régimen Ortega-Murillo se ha esforzado por otorgar concesiones de exploración y explotación a empresas provenientes del gigante asiático. Hasta el 23 de octubre de 2025, se habían entregado unas 700 000 hectáreas en concesión. Además de las dudas sobre la legalidad con que se realizó el proceso, los ambientalistas nicaragüenses alertan que esas operaciones están dentro -o muy cerca- de zonas protegidas, o de territorios indígenas.
Un muy probable resultado de esto es un desplazamiento de los mineros artesanales hacia nuevas zonas. No sería la primera vez, porque eso ya ha ocurrido en territorios mískitus y máyangnas. En este caso, no se descarta que los concesionarios chinos expulsen de los territorios recibidos en concesión, a algunas personas que se dedican a la actividad minera artesanal, si sienten que ellos no los pueden controlar.
“A pesar de que la concesión dice que pueden permitir la actividad minera artesanal, al final, sigue siendo un área de concesión china. Todo lo que salga de ahí debe pasar por el control de las empresas chinas. Eso quiere decir que van a tratar de controlar a quién y cómo se le vende, y eso generará presión”, advierte Ruiz.
Él vislumbra que si a los chinos les conviene trabajar con algunos mineros artesanales, lo más probable es que se entiendan “con los cabecillas que iniciaron ese proceso y tienen el control en la zona”. Los que queden fuera de ese acuerdo de conveniencia se verán forzados a desplazarse, en algunos casos, a territorio tico, y eso no sería nada nuevo.
El ambientalista señala que muchos mineros artesanales han tratado de establecerse en Costa Rica ya sea pidiendo refugio, o quedándose allá de hecho. Un ejemplo de ello es el crecimiento significativo de la población de la comunidad Las Chorreras, situada a la orilla del río San Juan, donde la minería es la principal actividad económica. Los nicaragüenses llegaron a ser tantos, que se emitió una orden para desalojar a los que se dedicaban a la minería, porque estaban en un sitio que es área protegida dentro del territorio costarricense.
Riesgo de ‘invasión’ minera
Araya, el abogado costarricense, también habla de la hipótesis china, pero la menciona solo como eso: una hipótesis establecida por el Gobierno de la vecina nación del sur.
“Yo no tengo evidencia para determinar que lo que ha mencionado incluso el Gobierno en este país, [o sea, las concesiones otorgadas por Managua a empresas chinas], ha generado el control de las zonas donde hay minería ilegal que fueron concesionadas a los chinos, y ha desplazado a esa gente”, concedió.
Prefiere centrarse en lo que puede suceder. De ahí que mencione que “existe el riesgo” de una mayor presión sobre la zona de Crucitas, pero no que haya en este momento una mayor presencia de mineros nicaragüenses desplazados por la instalación de las empresas chinas. Lo que sí admite es que “se esperaría que haya una mayor presión al desplazar coligalleros (güiriseros) que ya no pueden hacer esa actividad en Nicaragua, y busquen otros lugares para hacerlas”.
En ese contexto, le resulta lógico pensar en un aumento del flujo de mineros hacia Crucitas. En vez de asegurar que existe ese aumento, prefiere hablar de “un flujo que entra y sale”, porque hay gente que va, prueba, no le resulta rentable, y se va a otro lugar. Otros, por otra parte, van, les sale bien, y regresan para volver a intentarlo, generando el flujo que él mencionaba antes.
Aunque reportes locales indican que hay momentos en que la presencia de mineros artesanales se cuenta por miles, Araya señala lo difícil que es precisar el dato. No solo porque es una zona con escasa presencia estatal, sino porque “es muy amplia y extensa”, lo que ofrece tiempo y espacio a quienes se dedican a esa actividad. Tiempo para buscar el oro con calma, y espacio para que nadie lo vea y nadie lo moleste. “Y eso solo se puede hacer en áreas muy extensas”, reitera.
Al abogado le asalta una duda más: ¿qué tan rentable puede ser Crucitas, sobre todo cuando haya más gente buscando oro, y mayor presencia policial procurando impedir la actividad minera ilegal?
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de ese país considera si aprueba un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para regular la actividad en la zona, o dejan que siga en el limbo. La diputada Vindas tiene una opción más: convertirlo en un polo de desarrollo y aumentar la presencia del Estado, para que la actividad minera deje de ser una opción, tanto para los güiriseros, como para los empresarios ticos, y los capitales ilícitos. Vengan de donde vengan.
