8 de marzo 2025
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En los primeros dos meses de 2025 ocurrieron al menos 302 casos por violación y abuso sexual en Nicaragua, un promedio de cinco casos por día, según un análisis de CONFIDENCIAL basado en el número de denuncias interpuestas en las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional.
Si bien son ocho casos menos que el mismo período de 2024, este año hay menos detenidos y menos casos remitidos al Ministerio Público para iniciar el proceso judicial.
“302 denuncias es un dato muy grave y es más grave aún si tomamos en cuenta que estos datos representan un subregistro, porque la mayor parte de las víctimas de violación y de abuso sexual no denuncian por distintas razones”, explica María Teresa Blandón, socióloga y feminista nicaragüense.
Blandón, exiliada en Costa Rica, señala que muchos de los casos no son denunciados porque el abuso sexual y la violación “está muy naturalizado”, por miedo, porque los agresores son familiares cercanos, por presiones de la misma familia o de las comunidades religiosas.
“Y sí hay menos detenidos es porque la Policía no hace las diligencias primeras, que es a quien le corresponde cuando llega una denuncia y si hay menos casos remitidos al Ministerio Público es porque hay más casos desestimados por la misma Policía”, opina.
De las 302 denuncias por abuso sexual y violación, la Policía Nacional solo pudo arrestar a 170 ciudadanos, un 56.2%, y solo 210 de casos, equivalentes a un 69%, fueron trasladado al Ministerio Público, la institución encargada de iniciar el proceso judicial contra el agresor.
Hace un año, el porcentaje de arrestados fue del 62% y de casos remitidos a investigación judicial fue de un 77%.
Estas cifras, valora Blandón, demuestran que las Comisarías de la Mujer son deficientes porque “no están tramitando adecuadamente la denuncia y tampoco están actuando oportunamente para capturar a los agresores y tampoco están trasladando esta denuncia al Ministerio Público. Todo eso se llama impunidad”.
Denuncias por violación, las que menos prosperan
De las 302 denuncias que se han reportado en 2025, el 61.2% equivalente a 185 casos son por violación sexual. Sin embargo, sólo el 48% de los agresores fue arrestado y solo hubo 120 casos que fueron referidos por las Comisarías de la Mujer al Ministerio Público.
En 2024, el número de denuncias por violación fue menor, de 177. Sin embargo, 101 de los agresores (un 57%) fueron arrestados y 140 casos (un 79%) fueron remitidos para iniciar el proceso judicial.
En el primer bimestre de 2025, se reportaron 117 denuncias por abuso sexual. El 68.3% de los agresores, equivalente a 80, fueron detenidos y un 77% de los casos (90) fueron enviados a investigación penal.
En comparación con el mismo período de 2024 también se reportan menos casos, pero el año pasado hubo más detenidos (92 en total) y más casos remitidos a los juzgados (99 en total).
La feminista señala que otra de las dificultades es que los funcionarios del Ministerio Público no están capacitados en materia de derechos humanos. “La generación anterior sí estaba capacitada, sí estaba sensibilizada, pero fue despedida por razones políticas. Entonces, la gente que han contratado en los últimos siete años, es más por razones de carácter político que por idoneidad en el cargo. Entonces hay también un círculo ahí de impunidad y de complicidad”, apunta.
La respuesta de la Policía: pedir “responsabilidad”
El comisionado en retiro, Jaime Vanegas, quien fue el inspector general de la Policía hasta el dos de marzo de 2025, dijo en una conferencia de prensa que la mayoría de casos de violación y abuso sexual ocurren dentro del hogar, “un espacio donde las víctimas deberían sentirse seguras” y pidió a los padres de familia “que asuman su responsabilidad en la educación y protección de sus hijos”.
Por su parte Blandón, destaca que desde los colectivos feministas se conocen casos “de las madres o las tutoras de niñas víctimas de abuso sexual que han ido a denunciar y la Policía argumenta que no tiene transporte, que no tiene combustible o que no tiene tiempo para ir a perseguir a los perpetradores”.
También hay casos en los que “la Policía le ha dicho a las madres de las víctima, cuando han sido secuestradas por los agresores, que ahora las niñas tienen relaciones sexuales muy temprano y entonces que no se preocupe, que no ande haciendo el ridículo”, lamenta.
A estos casos se le suma que es la dictadura quien promueve la impunidad al indultar a decenas de reos condenados por delitos de violencia de género. El medio Nicaragua Investiga identificó a seis ciudadanos que salieron tras estar condenado por violación agravada, abuso sexual y tráfico de personas en perjuicio de niños y niñas de entre ocho a 12 años.
Un reportaje de CONFIDENCIAL, publicado en noviembre de 2024, también identificó diez femicidios cometidos por reos enviados al régimen de convivencia familiar. La mayoría de estos ya había estado en prisión por delitos relacionados a violencia machista.
El cambio de régimen carcelario ha sido bautizado por la propaganda orteguista como “perdón presidencial”, una figura que no estaba contemplada en las leyes nicaragüenses. Sin embargo, tras las reformas total a la Constitución Política, ahora la Presidencia está facultada para conceder indultos. Antes, podía hacerlo pero estos debían ser aprobados por la Asamblea Nacional.
