25 de noviembre 2024
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A Raquel Salinas Barahona le falló la justicia nicaragüense en tres ocasiones. La primera vez fue en 2017, cuando denunció a su pareja Óscar Manuel García Flores por violencia física y psicológica, y tardaron más de dos años en condenarlo. La segunda, cuando en 2020 lo dejaron en libertad, sólo seis meses después de condenarlo por violencia intrafamiliar. Y la tercera, en 2021, cuando fue asesinada por el agresor excarcelado y las autoridades policiales permitieron que el hombre estuviera prófugo durante año y medio.
La matagalpina de 35 años vivió violencia física y psicológica por años, hasta que finalmente fue asfixiada por su pareja. Fue hasta entonces que las autoridades se “reivindicaron”, condenándolo a cadena perpetua.
El caso de Salinas evidencia cómo la justicia de Nicaragua le falla a las mujeres víctimas de violencia machista, al no priorizar las denuncias y excarcelar a sus agresores bajo el régimen de “convivencia familiar”. Un cambio carcelario que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2014, asegurando que se trata de una “política humanitaria y de reconciliación”.
La medida concede la libertad a los prisioneros condenados por delitos leves cuya penas son iguales o inferiores a cinco años de prisión, según informó la dictadura en 2016. Sin embargo, hay casos como el del agresor García Flores, quien acumulaba una pena de seis años y ocho meses —cuatro por robo agravado y dos años y ocho meses por violencia física y psicológica—, que fueron dejados en libertad antes de tiempo.
Al menos 51 021 reos comunes han sido excarcelados bajo “convivencia familiar” entre enero de 2014 y noviembre de 2024, según un recuento de CONFIDENCIAL. El cambio de régimen carcelario ha sido bautizado por la propaganda orteguista como “perdón presidencial”, una figura que no está contemplada en las leyes nicaragüenses.
Hasta 9 de cada 100 excarcelados reinciden en delitos
Un 8.5% de los reos comunes excarcelados “reingresan” a prisión, según admitió el comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario de Nicaragua. Con base en ese porcentaje, CONFIDENCIAL calculó que unos 4336 de los 51 021 excarcelados han vuelto a la cárcel por reincidencia.
A juicio del comisionado mayor Orozco, el porcentaje del 8.5 de reingresos es “relativamente bajo”. Sin embargo, el funcionario omitió detallar por cuáles delitos fueron condenados los excarcelados, y si las reincidencias fueron por delitos similares o crímenes de mayor gravedad, como femicidios o asesinatos.
Entre 2014 y 2024 han ocurrido al menos diez femicidios a manos de reos que fueron excarcelados por la dictadura. Y se ha documentado al menos un caso de femicidio frustrado y otro asesinato por un expresidiario indultado.
La Red de Mujeres Contra la Violencia denunció en 2020 que, entre el grupo de 2815 reos que fue liberado el 13 de mayo de ese año, había femicidas, golpeadores y violadores de mujeres, que no habían cumplido ni la mitad de sus condenas. Uno de ellos fue Óscar Manuel García Flores.
Lo primero que hizo García Flores, cuando salió de prisión bajo indulto, fue ir a buscar a Raquel, dijeron sus familiares a medios locales. Poco más de un año después, el 1 de junio de 2021, a las 10:00 de la mañana, a Raquel la encontraron muerta. Luego de estrangularla, García Flores huyó a las montañas de Jinotega, y después regresó a la casa de su mamá en Santa Emilia (Matagalpa), donde construyó un sótano para esconderse. Hasta que el 10 de enero de 2023 fue capturado.
Hermanos, sobrinos e hijos femicidas después del indulto
Ivette Blanco quizás no habría muerto el 31 de diciembre de 2022, si su hermano Jesús Antonio Blanco –con historial delictivo desde principios de los 2000– no hubiera sido excarcelado bajo el régimen de “convivencia familiar” nueve días antes.
Según contaron vecinos, ese día, el hombre llegó a casa de su hermana, ubicada en el barrio Martha Quezada, le reclamó por una herencia y la asesinó a cuchilladas.
A María Tórrez, de 80 años, la asesinó su sobrino, José Salgado, quien había sido condenado por robo agravado a cinco años y seis meses de cárcel, pero el 16 octubre de 2023 salió bajo convivencia familiar. Tres meses y once días después, la asesinó.
Un hijo de la mujer aseguró que el femicida la había amenazado de muerte el 12 de abril de 2021, porque Salgado se había escondido en su casa tras cometer esos delitos, y ella abrió la puerta para que se lo llevaran preso.
“El día del crimen, el asesino se llevó el televisor y el celular a mi mamá para hacer creer que el móvil del crimen fue el robo, pero en realidad fue en venganza”, dijo Hilmer Silva, hijo de Tórrez, a la oficialista Radio Ya.
El 4 de septiembre de 2024, condenaron a cadena perpetua a José Salgado, de 41 años. El hombre, quien también violó a su tía antes de asesinarla, no pidió perdón ni mostró arrepentimiento durante las audiencias, según la familia.
Cristina Cálix López, de 66 años, también fue asesinada por un familiar y agresor excarcelado. La mató su hijo Dimas Palma Cálix, liberado el 8 de marzo de 2019, cuando le faltaban dos años y nueve meses para cumplir una pena por robo agravado.
En noviembre de 2019, el mismo año en que fue indultado, Palma agredió a su pariente Pablo Mejía Palma y, como no se presentó a la audiencia inicial, el juez dio orden de captura, pero no fue encarcelado hasta septiembre de 2023, después de que mató a su mamá de un hachazo en la cabeza.
El juez de Distrito Penal de Juicio de Madriz, Omar Engel Castellón, condenó a Palma Cálix a 30 años de cárcel.
Otros liberados reincidentes
A Dereck Gómez Tijerino, de 23 años, lo asesinó Kevin José González Matamoros, quien tenía un año y dos meses de haber salido de prisión, tras ser condenado por robo.
Según la versión de la Policía, el hombre lo persuadió de ir a un predio baldío cercano a la Catedral de Managua. Al llegar le dio cuatro puñaladas: una en la yugular, otra en la tráquea, otra en el pulmón y una más en la cabeza. También lo golpeó en el rostro y en otras partes del cuerpo.
Después, le robó el celular y la cartera. González fue condenado a 22 años y seis meses de cárceles por asesinato y a cuatro años y seis meses por robo agravado.
A Massiel Carolina López, de 26 años, la intentó asesinar su pareja, conocida como Urbeni, otro excarcelado. Según contó la mamá de López, el hombre la apuñaló porque salió al mercado, a pesar que él se lo había prohibido.
En agosto de 2024, también consternó al país el femicidio de Ericka Martínez, ocurrido en la capilla del Hospital Militar, en Managua. La mató su expareja, Geovanny Fonseca Mendienta, quien a principios de ese año estuvo un mes en prisión preventiva por violencia psicológica.
Fonseca fue dejado en libertad con el compromiso de recibir terapia conductual, reportarse mensualmente y no acercarse a Ericka en un radio de 500 metros. A la víctima le habían dado un número al cual podía denunciar si su agresor incumplía. Pero nada de eso impidió que el 21 de agosto, el hombre la asesinara a cuchilladas.
“Estado de indefensión y de vulnerabilidad agravada”
La feminista nicaragüense María Teresa Blandón, señala que las mujeres victimas de violencia están desprotegidas por el Estado. “La única opción que tienen por ahora es contar con el apoyo de la familia para protegerlas, para apoyarlas. Muchas de ellas incluso se han tenido que ir de sus comunidades y del país para poder ponerse a salvo”, lamenta.
Los movimientos feministas, que durante años crearon un tejido social en los territorios para acompañar a las mujeres víctimas de violencia, se han reducido por los cierres masivos de oenegés en Nicaragua.
Lo poco que queda, asegura, son algunas iniciativas o pequeños colectivos “que todavía pueden hacer algo para abordar las causas y los impactos gravísimos que la violencia de género tiene sobre las mujeres y sobre la niñez”.
También critica que “las cárceles son lugares para el castigo y no hay ningún tipo de trabajo, de nuevas pedagogías para que estos presos puedan entender la gravedad del daño que han cometido, no solo contra sus víctimas, sino también contra la sociedad”.
“El Estado –agrega– no establece absolutamente ningún protocolo de seguimiento a los agresores sexuales y los que atentan contra la vida de las mujeres. Y las víctimas quedan en un estado de indefensión y de vulnerabilidad agravada”.
Dictadura oculta de cuánto es la población carcelaria
La dictadura Ortega-Murillo tampoco es clara sobre la situación carcelaria en Nicaragua, ni sobre los reos comunes ni sobre los presos políticos, que comenzaron a sumar a raíz de la represión contra la Rebelión de Abril de 2018.
La última información sobre la población carcelaria data de octubre de 2018 cuando informaron que habían 20 918 reos, según World Prison Brief. Sin embargo, para entonces la capacidad carcelaria era de 11 781, es decir, que tenían un excedente de 9137. Desde entonces, el dato no se ha actualizado.
A través de los indultos que son anunciados como logros para el Gobierno de Ortega, se conoce que han liberado a más de 51 000 reos comunes.
“Tendríamos que ver cómo es que ha estado funcionando el sistema de justicia en Nicaragua. Cómo puede ser que liberen a tantos presos, sin decirnos claramente o sin conocer claramente cuál fue el delito que cometieron, cuál es la gravedad del mismo o cuánto es el porcentaje de las penas cumplidas”, apunta la feminista nicaragüense, María Teresa Blandón.
El artículo 60 de la Ley 473 o Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, establece el régimen de convivencia familiar como “un período previo a la libertad definitiva”. Y al salir los exprisioneros deben reportarse a través de mecanismos control y registros al Sistema Penitenciario Nacional.
“Bajo este régimen, se podrán ubicar a los ciudadanos que en general carezcan de antecedentes penales, siempre y cuando los delitos por los cuales hayan sido procesados y condenados no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo”, reza el artículo.
El Movimiento Autónomo de Mujeres ya ha señalado que la decisión del ejecutivo de liberar a los presos con penas menores de cinco años estaba permitiendo que los condenados por violencia contra las mujeres salieran de prisión.
“Con las reformas, casi todos los delitos contemplados en la ley 779, excepto la violación y el femicidio, que son los muy graves, son los que quedarían en ese paquete... No es para nada remoto que ahí aparezcan casos de violencia contra las mujeres en esa excarcelación”, adelantaron en 2016.
Las liberaciones han ocurrido en fechas conmemorativas: el Día de las Madres Nicaragüenses, Navidad, el triunfo de la Revolución, el mes patrio y hasta en el aniversario de las protestas de abril de 2018, que la dictadura asegura fue un intento de golpe de Estado.
