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La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, dio el jueves 3 de julio de 2025 su aprobación final con 218 votos a favor y 214 en contra al plan fiscal impulsado por el presidente, Donald Trump, que había presionado para poder ratificarlo el 4 de julio, Día de la Independencia del país.
Ese proyecto de ley había afrontado obstáculos tanto en el Senado, donde los conservadores también tienen el control, como en la Cámara Baja.
Tras una primera aprobación en la Cámara Baja el 22 de mayo y el visto bueno del Senado el martes 2 de julio de 2025 con el voto de desempate del vicepresidente, JD Vance, esa normativa, bautizada por el propio Trump como “gran y hermoso proyecto de ley”, recibió finalmente su autorización final.
El último obstáculo al que ha hecho frente han sido las 8 horas y 45 minutos del discurso con el que el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, intentó retrasar el voto para obstaculizar el proceso.
Los republicanos solo podían permitirse tres bajas entre sus propias filas. Finalmente, solo dos se desmarcaron de la línea del partido.
En los últimos días tanto Trump como el presidente de ese hemiciclo, el conservador Mike Johnson, habían incrementado la presión contra los legisladores reticentes.
“Esta podría ser la votación más importante que cualquiera de nosotros haga en toda su vida. (…) El presidente de Estados Unidos espera con su pluma. El pueblo estadounidense espera este alivio. Ya hemos oído suficiente. Es hora de actuar. Terminemos el trabajo por él votando a favor”, había dicho Johnson este jueves justo antes de proceder al voto.
El proyecto de ley busca hacer permanentes las deducciones fiscales que aprobó el presidente en su primer mandato (2017-2021) y contempla importantes recortes presupuestarios que afectarán a programas como Medicaid, además de aumentar las partidas para seguridad fronteriza y defensa.
Miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio
La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Trump.
La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.
Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de “inédito” y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias “caóticas” para la población migrante de EE. UU. y la economía del país.
Más agentes de migración y muro fronterizo
Con un gasto de casi 170 000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20 000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46 500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45 000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20 000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50 000 actualmente a más de 200 000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116 000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3.3 millones de migrantes y 2.6 millones de trabajadores nacidos en EE. UU., de acuerdo con este informe.
Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales
La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en Estados Unidos: un gravamen del 1% a las remesas enviadas al extranjero.
Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de 85 800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.
La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya limitado acceso a beneficios fiscales.
Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal por hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal, y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos.
