Mario Luis Reyes | El Estornudo
11 de julio 2022
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No fue un tuit de Mia Khalifa ni una etiqueta viral en las redes sociales lo que hizo salir a miles de cubanos para protestar en las calles durante los días 11 y 12 de julio (11-J) del año pasado, sino meses de hastío y excesivo control gubernamental para mantenerlos encerrados en sus viviendas, sin apenas ayudas sociales, durante los peores momentos de la pandemia.
Multas excesivas, abusos policiales, reportajes en el noticiero criminalizando a cuanto ciudadano acudiera a «lo ilegal» para subsistir dentro de un sistema que se ha cimentado justamente en eso: crear en la gente la ilusión de que los dejan sobrevivir «por la izquierda» si no se meten con el Gobierno.
Pero en la crisis al Gobierno de Miguel Díaz-Canel no se le ocurrió nada mejor que calificar de «antisociales»y «contrarrevolucionarios» a los mismos cubanos que antes dejaba resolver.
No solo eso. También fue el «paquetazo» de la Tarea Ordenamiento en plena crisis, las tiendas en moneda libremente convertible, los apagones por déficit de combustible, la escasez de medicamentos e incluso de oxígeno en los hospitales y las muertes por COVID-19 de cada vez más cubanos, sin atención médica adecuada, expedita… Y, por supuesto, las redes sociales, que han ido abriendo los ojos a la población, creando comunidades más difíciles de controlar por el régimen.
Esos factores, en un país donde la única opción de cambio ha sido emigrar, en un momento en el cual no se podía emigrar, ni siquiera irregularmente, hicieron estallar la caldera con una magnitud nunca antes vista en 60 años.
Por supuesto, también contribuyó una nueva generación de disidentes que logró darse a conocer entre la ciudadanía, en parte gracias a los acuartelados del Movimiento San Isidro, el Grupo 27N y a la prensa independiente, y en parte gracias a los segmentos televisivos conducidos por Humberto López en el noticiero estatal.
En ese punto llegó el 11 de julio, cuando a una protesta contra los apagones en el municipio occidental de San Antonio de los Baños se sumó otra en el oriental de Palma Soriano, y luego otra, y otra, y otra, hasta que fueron contabilizadas al menos en 60 lugares ese día.
Protestas en Cuba / Foto: La Villa del Humor-FB
Pero las fuerzas represivas del régimen llevaban décadas preparándose para ese momento, y actuaron con toda la fuerza.
Lo primero fue el corte de los servicios de internet, que total o parcialmente duró desde el 11 hasta el 18 de julio. La guerra se dirimiría a espaldas del mundo, y también fuera de la vista del resto de ciudadanos. Luego Miguel Díaz-Canel, el gobernante designado por Raúl Castro, pidió a los «revolucionarios» que salieran a las calles. Dio la «orden de combate». Pero esa orden, amparada por la Constitución de 2019, no era para los dizque revolucionarios que veían la televisión, pues muy pocos se levantaron de sus asientos para combatir violentamente a sus vecinos o sus familiares. La orden era para los grupos de respuesta rápida, adolescentes que se encontraban en el Servicio Militar, los oficiales del MININT y las Fuerzas Armadas, y cuanto agente parapolicial pudiera ser movilizado. De ahí los videos de cubanos vestidos de civil bajando de guaguas con palos y tubos en las manos.
En las zonas más tensas, como la avenida de Diez de Octubre o La Güinera, en La Habana, los policías respondieron con plomo a las piedras lanzadas contra los carros patrulleros. Los llamados Boinas Negras no tardaron en salir con perros y armas largas. En la noche intentaron apaciguar varios barrios céntricos, pero las protestas continuarían hasta el otro día, cuando murió por disparos Diubis Laurencio Tejeda en el municipio de Arroyo Naranjo. Las imágenes del único manifestante asesinado por la Policía aún se pueden ver en las redes sociales.
Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex identificaron al menos otros cuatro casos de cubanos que recibieron heridas de bala: Yorlandis Pérez Sánchez, Rubén Pérez Aldana y Yoel Misael Fuentes García, de 16 años, en La Güinera, y José Carlos Hernández Barrio, en Cárdenas, provincia de Matanzas. También existe confirmación de personas heridas de bala en Diez de Octubre, pero no se han podido verificar sus identidades.
Una vez sofocadas las protestas comenzó la cacería: durante al menos dos meses agentes policiales cubanos identificaron y arrestaron en sus viviendas a cientos de cubanos para, en principio, someterlos a procesos judiciales por delitos como «sedición», «desorden público», «propagación de epidemias» e «instigación a delinquir», entre otros.
Según reportes de organizaciones independientes, la suma de los cubanos arrestados por su participación en las protestas fue de al menos mil 484.
En contraste con el apoyo al pueblo cubano de figuras de las artes y la cultura como Chucho Valdés, Adalberto Álvarez, Pablo Milanés y Leo Brouwer, instituciones como la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) la emprendieron tanto contra los manifestantes como contra los creadores que les dieron su apoyo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) intentó presentar al mundo un relato a su medida: las manifestaciones habían sido «orquestadas» desde Estados Unidos. Pero los cubanos que salieron a la calle en esa jornada nunca habían cruzado el Estrecho de la Florida y la inmensa mayoría de los arrestados no tenían ningún tipo de relación con organizaciones opositoras ni de la sociedad civil.
Sin embargo, desde el 11 de julio no ha habido un solo día sin noticias de represión en Cuba.
Los Boinas Negras con sus pastores alemanes se recortaron durante semanas sobre el paisaje de El Vedado y La Habana Vieja; también de Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba.
Represión el 11 de julio en cuba / Foto: M.Evora-Facebook
Varios de los principales opositores cubanos fueron llevados a prisión, pero curiosamente dos de ellos, José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, no fueron procesados por delitos relacionados con las protestas.
Pero más allá de las cabezas visibles, los datos publicados por Justicia11J y Cubalex, en un informe a propósito del primer aniversario de las protestas, revelan que del total de detenidos mil 259 fueron hombres y 218 mujeres, mientras que otros siete presentan identidad de género desconocida o no binaria.
Las cifras ofrecidas por la Fiscalía cubana no han sido precisas, y la prohibición de que organismos independientes supervisen la situación de los manifestantes ha traído consigo que actualmente se desconozca el número exacto de personas presas y otras estadísticas como la edad de los manifestantes bajo arresto. De los registrados por Justicia11J y Cubalex, que representan el 73 por ciento del total, 116 tenían entre 12 y 20 años, 556 entre 21 y 35 años, y 356 entre 36 y 75 años, lo que demuestra que el descontento ha calado de manera profunda en las generaciones más jóvenes.
Fue el 11 de julio, primer día de las protestas, cuando ocurrió la mayor parte de las detenciones registradas. El informe de Cubalex y Justicia 11J cifra en 542 los detenidos esa jornada, muchos de los cuales sufrieron hacinamiento y golpizas en los calabozos.
La semana siguiente fueron arrestadas otras 327 personas, mientras que, a partir de los resultados de interrogatorios policiales y la revisión de los videos de las manifestaciones, las fuerzas represivas continuaron persiguiendo y encarcelando por lo menos hasta finales de agosto, aunque hay algunos casos registrados hasta abril de este año.
En un primer momento gran parte de los familiares de los manifestantes arrestados no recibieron información acerca de su paradero, por lo que en los días siguientes empezaron a concentrarse personas en los alrededores de las estaciones policiales en busca de información sobre sus allegados. Cubalex brindó asistencia jurídica en la presentación de hábeas corpus para 58 personas en diez provincias, y todos fueron declarados «sin lugar».
Como parte de su estrategia ejemplarizante, el régimen cubano realizó juicios express contra algunos manifestantes el 20 de julio, cuando apenas habían pasado nueve días del comienzo de las protestas.
Pese a las denuncias realizadas por activistas y familiares, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia negaron en una conferencia de prensa realizada el día 24 de julio que se estuviera procesando a manifestantes en juicios sumarios, a la vez que reconocieron que había menores de edad bajo proceso de investigación.
Ese mismo día ocurrieron algunas excarcelaciones de detenidos en las protestas, a quienes tocaría esperar juicio en sus casas.
El régimen cubano había comprendido que solo con represión no podría frenar las demandas de cambios. Dada la incapacidad para generar alternativas que pudiesen llevar de inmediato a una mayor prosperidad económica y la incompatibilidad fundamental del sistema con mayores libertades y derechos, el Gobierno intentó un golpe de efecto facilitando la entrada de medicamentos y alimentos sin cobro de aranceles en las aduanas del país, una medida directamente relacionada con la petición de un corredor humanitario que impulsó la etiqueta #SOSCuba.
Pero mientras el primer ministro, Manuel Marrero, anunciaba con pose de benefactor esta disposición, las autoridades siguieron consumando juicios sumarios hasta septiembre, cuando empezaron a realizarse los ordinarios. En octubre, se iniciaron los colectivos.
El descontento popular no había desaparecido, y una parte de los líderes de la sociedad civil cubana que emergieron tras la huelga de San Isidro y el plantón frente al Ministerio de Cultura aún no se habían visto obligados a exiliarse. La energía fue canalizada, principalmente, a través de la convocatoria de la plataforma Archipiélago para una «Marcha Cívica por el Cambio», que tendría lugar inicialmente el 20 de noviembre y luego se pasó al día 15.
Manifestantes ante el Ministerio de Cultura en La Habana. 27 de noviembre de 2020 / Foto; Evelyn Sosa
A medida que la convocatoria de Archipiélago ganó fuerza en la opinión pública nacional e internacional, el régimen cubano arreció la retórica contra los manifestantes del 11-J y comenzó a incluir el delito de sedición en las acusaciones, lo que implicaba peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad.
Además del delito de sedición, la Fiscalía acudió a otros como desorden público, desacato, atentado, e instigación a delinquir, casi siempre combinados. Otros que aparecieron en las peticiones fiscales, aunque en menor medida, fueron: actividad económica ilícita; amenazas; asociación para delinquir; asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas; daños; portación y tenencia ilegal de armas y explosivos; desobediencia; difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires; evasión de presos o detenidos; hurto; lesiones; propagación de epidemias; propaganda enemiga; resistencia; robo con fuerza; salida ilegal del territorio nacional; ultraje sexual; ultraje a los símbolos de la patria, y asesinato.
Las organizaciones Cubalex y Justicia 11J también reportaron al menos cuatro juicios ante tribunales militares, relacionados con los ataques contra tiendas de la Corporación CIMEX S.A, subsidiaria del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que vendían productos de primera necesidad en moneda libremente convertible, una modalidad de comercio que definitivamente contribuyó a disparar la insatisfacción generalizada.
Por otra parte, algunas personalidades reconocidas en los ámbitos del arte y el activismo, o de renombre internacional, así como casos especialmente visibles por las denuncias en las redes sociales, recibieron cambios de sanciones o sencillamente fueron sobreseídos.
Cuando se cumple un año del estallido social del 11-J, las organizaciones independientes cubanas que han realizado una labor de observación y monitoreo de los juicios dan cuenta de la celebración de juicios sumarios contra 47 manifestantes de procesos ordinarios de primera instancia contra 622 ciudadanos: 518 hombres, 80 mujeres y dos personas cuya identidad de género se desconoce. Otros 62 esperan sus juicios y alrededor de 250 no han recibido las conclusiones de su caso por parte de la Fiscalía.
En cuanto a los menores de 18 años en prisión, objeto de constantes denuncias internacionales, nada ha sido resuelto satisfactoriamente. Aunque solo permanecen en cautiverio cinco de los 57 arrestados inicialmente, 27 fueron sancionados en procesos sumarios a un año de privación de libertad, mientras que en procesos ordinarios otros 24 recibieron en primera instancia sanciones de entre cinco y 19 años de trabajo correccional, con o sin internamiento, y privación de libertad. Solo uno de los menores de edad procesados resultó absuelto, y dos esperan juicio con medidas cautelares de fianza o prisión domiciliaria.
Tras las campañas realizadas por las madres de los menores y activistas cubanos, así como los pronunciamientos de gobiernos y organizaciones internacionales, el Tribunal Supremo Popular modificó en el juicio de casación realizado en mayo último las sanciones contra ocho menores de 18 años en La Habana, quienes habían sido condenados por el delito de sedición.
El caso de Brenda Díaz, una cubana trans encarcelada a raíz del 11-J, movilizó a la comunidad LGBTI debido a los tratos degradantes que ha sufrido en el penal, comenzando por el decomiso de su vestido y el rapado de su cabeza.
Las condiciones de los manifestantes en las prisiones han sido calificadas de «inhumanas» por organizaciones independientes que recaban informes al respecto, según los cuales abundan los casos de golpizas, chantajes, amenazas, aislamientos, insalubridad, alimentación insuficiente y negación de atención médica, entre otros.
Ante esta situación, varias ONG cubanas, junto a entidades internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, elaboraron un documento titulado «Tortura en Cuba: Informe de Organizaciones de la Sociedad Civil al Comité contra la Tortura».
De acuerdo con los reportes publicados hasta la fecha, al menos 32 personas han salido del país hacia Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe huyendo de la represión directa o indirecta tras su participación en las manifestaciones.
Por supuesto, las problemáticas que propiciaron 11-J no han sido resueltas a la vuelta de un año. La posibilidad de un nuevo estallido social se mantiene latente, mientras el poder acude a los viejo expedientes la represión, la propaganda, el estrechamiento de los límites a la libertad de expresión en redes y la criminalización de la protesta.
Texto original publicado en El Estornudo
