14 de abril 2025
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En un revés para la administración de Donald J. Trump, la jueza de distrito Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, emitió una orden deteniendo temporalmente la terminación masiva del programa de parole para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití, y Venezuela.
El documento emitido el 14 de abril de 2025 representa un alivio temporal para unos 530 000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, que fueron beneficiados con ese programa migratorio.
La orden judicial suspende la terminación anticipada del beneficio del parole, incluyendo las autorizaciones de trabajo previamente otorgadas a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo los programas CHNV hasta que el tribunal emita una orden adicional. También suspende los avisos individuales enviados por USCIS notificando la revocación del parole.
El 10 de abril de 2025, CONFIDENCIAL publicó que medios en Estados Unidos informaron que la magistrada Talwani anunció que emitiría un “stay” a la decisión del Gobierno, suspendiendo la revocación del permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La orden responde a la acción presentada por varios demandantes identificados como Svitlana Doe y otros, en contra de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar anticipadamente los permisos de parole y las autorizaciones de trabajo previamente emitidas bajo el programa.
- Descarga y lee aquí la orden judicial en inglés.
La orden de la jueza Talwani
La jueza Talwani otorgó una medida de emergencia solicitada por los demandantes, impidiendo que el DHS termine los procesos de parole para los beneficiarios del programa CHNV antes de la fecha de vencimiento original de sus permisos.
La decisión se basa en una moción de los demandantes contra la decisión del DHS, anunciada el 25 de marzo de 2025.
En su fundamentación, la jueza Talwani señaló que los demandantes tienen una alta probabilidad de éxito, argumentando que la decisión del DHS de terminar el parole de forma categórica y sin una revisión caso por caso parece ser “arbitraria y caprichosa”.
La jueza cuestionó la justificación del DHS para rechazar la alternativa de permitir que el programa del parole –con un plazo original de dos años– expirare naturalmente, señalando un posible error legal en su razonamiento sobre la remoción expedita.
Además, sugiere que la terminación categórica podría ser contraria al requisito legal de que el parole se otorgue solo caso por caso.
Advierte daño contra beneficiados con parole
La jueza también reconoció el daño irreparable que los demandantes sufrirían si se permitiera que la terminación entrara en vigor, obligándolos a regresar a sus países de origen donde enfrentan peligros o a permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y sin autorización de trabajo.
La jueza concluyó que la balanza de equidades y el interés público favorecen la concesión de la medida.
La decisión judicial representa un alivio significativo para los cientos de miles de personas que ingresaron a los Estados Unidos bajo el programa del parole y que ahora podrían permanecer en el país con su estatus legal y permiso de trabajo vigentes.
Parole humanitario, un programa de Joe Biden
El expresidente Joe Biden decidió lanzar el parole humanitario en 2022 para venezolanos y ampliarla en enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses como parte de su estrategia para frenar la migración irregular hacia EE. UU., a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unos 93 000 nicaragüenses, 110 000 cubanos, 210 000 haitianos y 117 000 venezolanos accedieron a EE. UU. bajo este programa.
Durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024, Trump ya había adelantado su intención de eliminar el parole humanitario y ejecutar la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país.
Desde su regreso al poder, ha impulsado redadas en diferentes ciudades e implementado una política de intimidación con la deportación de migrantes a la base militar de Guantánamo o su traslado a una prisión en El Salvador, en virtud de un acuerdo con el Gobierno de ese país.
En su primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Trump ya firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional a terminar todos los programas de parole, incluidos los destinados a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
