16 de marzo 2025
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes de la banda Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.
En el marco de ese proceso, el líder salvadoreño les había solicitado el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se ha cumplido en una publicación en redes sociales este domingo 16 de marzo de 2025.
Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros de la banda criminal de origen venezolano “en sus muy buenas cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dólares” a los contribuyentes estadounidenses.
Bukele dijo este domingo que EE. UU. pagará una tarifa “muy baja” por la reclusión de estos criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sin precisar el monto del importe que, sin embargo, consideró será “alto” para el país centroamericano.
“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, por un período de un año (renovable)”, publicó Bukele en inglés en X.
Añadió que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros”, lo que “contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, que “actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año”.
El Gobierno de El Salvador no ha detallado bajo qué ley ha encarcelado a estas personas, dado que no han cometido delitos en el país centroamericano, o si se les ha aplicado el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales para combatir a las pandillas locales.
Ley, invocada solo en tres ocasiones
Para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua, Trump decidió este sábado 15 de marzo de 2025 aplicar la “Ley de Enemigos Extranjeros”, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE. UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite las deportaciones sin una audiencia y, según el Centro de Pensamiento Brennan, se ha invocado solo en tres ocasiones en la historia del país, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar las detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, y durante la Segunda jugó un papel en la política estadounidense de internamiento de japoneses.
Ese instituto no partidista de derecho y política recuerda que el presidente puede invocarla en caso de guerra declarada o cuando un gobierno extranjero amenaza o lleva a cabo una invasión contra territorio estadounidense.
La Constitución otorga al Congreso, no al mandatario, la facultad de declarar la guerra.
Este debe esperar a una votación en el Congreso para invocar dicha ley en base a una guerra ya declarada, pero no necesita esperar a dicho trámite ante “una amenaza o una invasión en curso”.
Antes de su invocación, no obstante, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.
El magistrado detalló en su orden, en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire debía volver a Estados Unidos.
En declaraciones al diario The New York Times, uno de los abogados del Sindicato de las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), organización que puso la demanda, dijo el sábado por la noche que le constaban dos aviones “en el aire” en esos momentos.
Duante la audiencia, convocada a la carrera por Boasberg, un letrado del Gobierno se negó a compartir información sobre esas deportaciones y adujo “motivos de seguridad nacional”, según el diario El País.
Vinculan a Nicolás Maduro con el Tren de Aragua
En febrero de 2025, la Administración de Trump cumplió su amenaza electoral y declaró como grupo terrorista extranjero a la banda Tren de Aragua junto a los principales carteles de la droga de México y la pandilla Mara Salvatrucha.
La orden de este sábado sostuvo que el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles y “ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a EE. UU. para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos”.
Esa directiva atribuyó a Nicolás Maduro el liderazgo del Cartel de los Soles y criticó que a lo largo de los años las autoridades nacionales y locales venezolanas hayan cedido un control cada vez mayor sobre su territorio a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, lo que a su juicio ha resultado en “un estado criminal híbrido” que perpetra dicha “invasión” sobre Estados Unidos.
La Administración de Maduro rechazó la decisión de Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, con lo que Caracas considera que Washington “criminaliza, de forma infame e injusta”, a los migrantes venezolanos, quienes, según el chavismo, son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros Gobiernos occidentales.
A través de un comunicado, Venezuela expresó su “contundente” rechazo a la invocación de una “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”, un acto que, a su juicio, “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”, y denunció de forma “enérgica” que sus connacionales en EE. UU. “están siendo sometidos a persecución”.
