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Cindy Daineli es una indígena nicaragüense de la etnia miskita que llegó a Costa Rica en 2023, huyendo de la invasión de un grupo de colonos a su comunidad ubicada en Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua. Dejó atrás a su familia, su cultura y el bosque, para empezar una vida diferente en otro país. Pero, a más de 850 kilómetros de distancia, su vida sigue marcada por la violencia.
Ser mujer, indígena y migrante en Costa Rica es “difícil”, advierte Daineli, quien todavía lucha para comunicarse en español.
Recuerda que, cuando llegó a Costa Rica, no conocía nada y apenas hablaba español. A pesar de ello consiguió trabajo de limpieza en un hogar de ancianos. En ese lugar, la encargada —otra nicaragüense— se aprovechaba de su autoridad y de la vulnerabilidad de Daineli, para obligarla a realizar el trabajo que debían hacer varias personas.
“Como treinta personas adultos mayores enfermitos yo tenía que cambiar la ropa, tiene que poner las medias, tiene que poner el pañal… Cuando lo termino todo eso, me tocaba limpiar (los cuartos), recoger basura, recoger el pamper, tirar lo sucio”, rememora Daineli, con el español que ha mejorado en todo este tiempo.
A pesar de saber que sus derechos laborales eran violados, Daineli se esforzó por conservar su empleo. Todo cambió cuando el administrador del hogar de ancianos hizo una visita sorpresa. Pasaba el mediodía y aún le faltaba limpiar. Al ver el desorden, el jefe cuestionó a la encargada del lugar, quien de inmediato culpó a Daineli.
La encargada “dijo que no hice nada en la mañana y que solo estuve parada con el celular”, recuerda Daineli. Agrega que ella intentó defenderse, pero “no me dejó ni hablar” y “ahí nomás me despidió”.
Violencia por ser indígenas
Al igual que Daineli, las mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica viven en una situación de “vulnerabilidad” y son víctimas de diferentes “formas de violencia”, explica Susana Marley Cunningham, conocida como Mamá Tara (Mamá Grande), una defensora de los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua y coordinadora de la organización “Voces en Resistencia Indígena en el Exilio”.
Mamá Tara advierte que, aunque el Estado de Costa Rica ha acogido a más de 190 000 nicaragüenses que huyen de la violencia en su país, en la sociedad costarricense persisten expresiones de “xenofobia”, especialmente contra quienes no hablan español. “Hay un tipo de rechazo o discriminación”, subraya.
En las escuelas “si no explicas bien en español, no te dan matrícula” y en los hospitales “aunque tengan seguro médico no les atienden, los bolean”, advierte Cunningham, quien es originaria del territorio Wangky Maya, Cabo Gracias a Dios, y se encuentra exiliada en Costa Rica desde diciembre de 2021.
Mamá Tara también relata que existen casos de mujeres indígenas a las que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les ha quitado sus hijos “por no atenderlos como se debe”. Pero justifica que no se trata de un descuido intencional, sino que estas mujeres viven en la precariedad y carecen de los recursos para darle a sus hijos una atención adecuada.
“Ellos (el PANI) tienen sus medidas y nosotros (las indígenas), quizás por nuestra cultura, no estamos atendiendo como se debe a los niños… Lo vamos a decir francamente. Por tener tantos niños, no hay cómo atender mejor. Entonces, este es un proceso donde también mamás indígenas aprenden un poco con la orientación de PANI”, enfatiza la lideresa indígena.
Cunningham resalta que la realidad es más dura para las mujeres miskitas que para los hombres de su etnia. Mientras ellos se adaptan al trabajo en construcción, la mayoría de ellas no tiene empleo, se dedica al cuidado de sus hijos y dependen por completo de sus parejas.
Con papeles, pero sin trabajo
Adela Flores es otra indígena nicaragüense viviendo en Costa Rica desde 2023. En el exilio ha aprendido a hablar español, solicitar refugio, pedir permiso laboral y gestionar su hoja de delincuencia. “Tengo todo mi papel”, dice con orgullo.
Durante tres años Flores trabajó duro para regularizar su situación migratoria, pero eso no ha sido suficiente para reconstruir su vida en Costa Rica. En todo este tiempo no ha conseguido empleo estable, por lo que vive encerrada en una cuartería en La Carpio, un barrio periférico de la capital costarricense, y depende económicamente de su pareja.
Aquí, en Costa Rica, “me mantiene mi hombre”, advierte Flores. “Él sí está trabajando fijo, pero yo no. Yo (me) mantengo en la casa, me paso en el cuarto todo el tiempo. Entonces él es el que me mantiene”, continúa.
Con el dinero que su marido gana trabajando en una construcción, “pagamos el alquiler, compramos la comida, él saca su pasaje y casi no queda nada, queda un poco, y lo mandamos para Nicaragua”, explica.
Flores admite que le ha costado superar la barrera del idioma, pero asegura que al momento de buscar empleo “yo le explico, yo le digo, soy una miskita, yo soy de Nicaragua, me vine para acá a trabajar”. A pesar de ello “no tengo trabajo”, insiste.
Algunas veces consigue “chambitas de limpieza”, pero “no es suficiente”, lamenta Flores.
Dependencia económica
La dependencia económica es solo una de las razones por las cuales “la mayoría” de las indígenas nicaragüenses en Costa Rica son víctimas de “violencia de género”, advierte la socióloga nicaragüense, Elvira Cuadra, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
Cuadra, que es una de las autoras del estudio Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido, presentado a finales de noviembre de 2025, enfatiza que —de 678 mujeres que participaron en el estudio— solamente el 2% tiene empleo formal en Costa Rica y generalmente “son trabajos de muy baja calidad, donde muchas veces no se respetan sus derechos laborales”.
La mayoría de las indígenas nicaragüenses “sobreviven realizando actividades económicas informales” y “un porcentaje importante de ellas no produce lo suficiente para sostener todas sus necesidades básicas, de tal manera que tienen una alta dependencia de las parejas, de los esposos o de otros familiares o personas con las que viven”, enfatiza la socióloga.
La dependencia económica se suma al pasado de violencia que estas mujeres vienen arrastrando desde Nicaragua y que no ha sido atendido “de ninguna manera”, advierte Cuadra. Por esa razón, en Costa Rica, están expuestas a “muchas situaciones difíciles”, continúa.
Golpes y amenazas
Raquel es una miskita nicaragüense exiliada en Costa Rica, que solicitó anonimato por temor a represalias contra sus familiares en Nicaragua. Llegó a Costa Rica en 2018, cuando las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban en su pico más alto, y afirma que el proceso de adaptación ha sido “muy duro”.
Al llegar a San José, la capital de Costa Rica, se fue a quedar en el parque La Merced, explica Raquel. En ese lugar conoció a una persona que la llevó a una iglesia donde le brindaron ayuda y luego se mudó a vivir a una cuartería en el sector de Pavas.
En la cuartería donde vive Raquel, junto a un grupo de indígenas nicaragüenses, ha visto como otras mujeres de su misma etnia son golpeadas por sus parejas.
“Aquí (en la cuartería) hay mujeres que vienen y van. Los maridos les pegan y salen corriendo entre los cuartos”, advierte Raquel. “En mi cuartito cuántas mujeres he recibido, conmigo ahí se quedan, porque hasta las echan”, agrega.
Refiere que en dos ocasiones acompañó a una de sus vecinas al hospital San Juan de Dios, en San José, luego que su pareja la golpeó e intentó asfixiarla.
A ella la “llevamos al hospital de San Juan porque (el marido) la ahorcaba, vivía maltratando. Yo le aconsejaba: tu vida, tus hijos y después un hombre”, explica Raquel.
Agrega que en varias ocasiones recibió golpes al intervenir en el conflicto de sus vecinos y que el marido de su vecina la amenazó con hacerle “muchas cosas” si llamaba a la Policía.
Debido al ambiente violento en que vive, Raquel confiesa que le ruega a Dios no volverse a enamorar, “porque estoy viendo esas cosas y no quiero”. “Las mujeres no es un animal, es un ser humano y merece respeto y salir adelante”, reflexiona en español, el que ha mejorado desde que salió al exilio.
Violencia de género
El estudio realizado por Cuadra —junto con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la organización Isin Mairin Kupia kumi Muskitia Nicaragua (IMATKUMN)— refleja que las mujeres miskitas en Costa Rica sufren distintos tipos de violencia de género.
“Encontramos que viven situaciones de violencia verbal, violencia económica o patrimonial, violencia física, violencia sexual y algo que llamamos chantaje”, advierte la socióloga. Pero “cuando les preguntamos directamente, no reconocen que las están viviendo”, remarcó.
De las 678 mujeres encuestadas, el 74% afirmó que desde que llegó a Costa Rica ningún hombre la había hecho sentir mal por gritos, palabras, frases ofensivas o gestos groseros; solamente el 19% respondió afirmativamente. Pero cuando se les pidió identificar al agresor, el 41% señaló al esposo o compañero actual, el esposo o compañero anterior u otro pariente.
La violencia física es otra de las formas a las que están expuestas las mujeres indígenas. El 77% no reconoció experimentarla, pero un 16% si respondió afirmativamente. Aun así, el 39% de las entrevistadas reconoció a algún agresor, entre ellos: su esposo o compañero actual, otro pariente y el esposo o compañero anterior.
Para Mama Tara, la violencia de género es algo bien arraigado en las comunidades indígenas nicaragüenses. Situación que asocia con la falta de atención psicológica para las personas que participaron en la guerra de los años ochenta.
“Los hombres que han vivido los diez años de guerra, ellos vienen con una mentalidad violenta y nadie los ha tomado y asesorado o dado seguimiento psicológico, no los han dado. Por eso te digo que existe violencia en las familias indígenas”, subraya.
Violencia por ser migrante
Las indígenas nicaragüenses también resienten un tipo de violencia asociada a su condición de migrantes y que, en el estudio de CISAS y CETCAM, es denominada como “violencia institucional”.
Cuadra explica que el sistema costarricense ha experimentado muchos cambios. Entonces, las indígenas no saben, por ejemplo, cómo funciona todo el procedimiento para la solicitud de refugio. Además, una buena parte de ellas no habla español, situación que algunas veces se traduce en negación de información o denegación de servicio.
“Hay formas de violencia institucional que están experimentando, pero que ellas muchas veces no están conscientes”, advierte la socióloga. Agrega que eso se debe a que “cuando vienen, en una condición de desplazamiento forzado, no tienen acceso a información, no conocen cuáles son sus derechos y la responsabilidad de algunas instituciones de darles protección por la situación en que se encuentran”.
En febrero de 2025, un grupo de oenegés en la capital costarricense anunció que los indígenas miskitos podrían llenar las solicitudes de refugio en su propio idioma. Sin embargo, el trámite no garantiza su inserción social.
Cuadra advierte que “hay mucha negación de información, hay negación de servicios y —en una buena cantidad de casos— también las hacen sentir discriminadas, las hacen sentir incómodas”.
*Este reportaje se realizó con apoyo de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). La beca es parte del proyecto global “Space for Freedom” de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
