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La más reciente tregua en la guerra arancelaria dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duró muy poco a los exportadores nicaragüenses.
El miércoles 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), no le daba autoridad a Trump para imponer esos aranceles que, en el caso de Nicaragua, imponía un gravamen de 18% para las importaciones estadounidenses originadas en nuestro país.
De hecho, la facultad de imponer o modificar aranceles, es competencia del Congreso estadounidense.
Pero el jueves 29, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, suspendió el fallo del Tribunal de Comercio Internacional que bloqueaba los aranceles, y ordenó que ambas partes presenten sus argumentos por escrito a principios de junio.
El vaivén mantiene en la incertidumbre a las empresas exportadoras nicaragüenses —y a los bancos que les han financiado proyectos— porque no son capaces de determinar con un grado aceptable de certeza, en qué quedará todo.
“Ahorita hay mucha incertidumbre porque el Gobierno de Estados Unidos tiene una política muy agresiva, pero lo cambiante de esa política ha hecho que las empresas entren en un compás de espera”, explicó a CONFIDENCIAL, desde el anonimato, un asesor empresarial que opera en el sector agroexportador.
La estrategia es no tomar decisiones hasta que se asienten las medidas definitivas, porque “todo lo que hay ahorita se interpreta como medidas temporales y de transición”, añadió.
¿Aranceles de Estados Unidos serán o no serán?
La opción de ‘esperar a ver qué sucede’ es similar a la que observa un profesional del sector agrícola, entre los empresarios del sector a los que aconseja, que recibieron la noticia del bloqueo de los aranceles, “como un respiro momentáneo”. Lo consideran momentáneo, al recordar que muchos migrantes se mostraron aliviados cuando se supo que un tribunal iba a detener las redadas, pero al final se revirtió esa decisión.
El otro elemento que les preocupa es la reacción de los mercados si China deja de adquirir los productos agropecuarios estadounidenses, porque eso inundaría los mercados globales, deprimiendo los precios de nuestros productos de exportación. “El hecho de que el resto del mundo esté buscando cómo ponerse de acuerdo con Estados Unidos, poniendo en pausa los aranceles, si bien ofrece un poco de alivio a su preocupación, no disminuye la incertidumbre” de los empresarios de este sector, relató.
La percepción de esos empresarios es que “la combinación del poderío económico de Estados Unidos, con la mentalidad de magnate de Trump, obliga a sus contrapartes comerciales a tomar otras decisiones. Por eso no descartan que otro tribunal revierta esta decisión y mantenga en vigor esos aranceles”, reflexionó.
En menos de 24 horas, eso fue exactamente lo que pasó.
Peor que Centroamérica, sí, pero ¿mejor que China?
Si bien a la aplicación de aranceles se le impuso una pausa de 90 días que vencen el 8 de julio, todas las exportaciones que van rumbo a Estados Unidos tienen que pagar un arancel general del 10%.
Esa decisión, además de obligar a las empresas a mantenerse en análisis permanente para decidir cómo actuar, también ha dado elementos a quienes dicen que, si bien es cierto, Nicaragua está en desventaja con respecto a Centroamérica, también lo es que China está peor que nosotros.
“Mucha gente dice que la comparación es con China, a quien le impusieron un arancel altísimo, porque en ese caso Nicaragua sale ganando. Esa es una verdad a medias porque si bien es cierto, Nicaragua recibió un arancel que es menor que el de China, Nicaragua no compite con China en muchos productos de exportación”, asevera el economista Juan Sebastián Chamorro.
Añade que hay cierta lógica detrás de ese planteamiento, pero la realidad no es tan simple, porque lo relevante es la competitividad de Nicaragua en comparación con los países del entorno.
A los que tenemos que ver es “a los que están en nuestra misma región geográfica; los que producen lo mismo que nosotros y, sobre todo, si tienen un régimen comercial similar, que ya no es idéntico, por la diferencia que introduce ese arancel del 18%, mientras a los demás solo se les impuso el 10%”, recomendó.
Chamorro no cree que ni el régimen, ni el resto de países del istmo, negociando solos o como región, puedan lograr un avance significativo en el mediano plazo. Su argumento es que “sí, hay negociaciones en este momento, pero es con los grandes del comercio mundial: Japón, el Reino Unido, etc. No veo a Centroamérica en la fila para iniciar negociaciones”, sentenció.
Las que tienen alguna posibilidad indirecta de incidencia son las empresas de zona franca, si logran trabajar de forma coordinada con sus clientes en Estados Unidos. Esos grandes almacenes, organizados o por su cuenta, sí tienen capacidad de lobby. No solo por su tamaño específico e importancia en el sector minorista estadounidense, sino también por el simple hecho de ser empresas estadounidenses que generan empleo y pagan impuestos.
Las empresas de zona franca que producen y exportan tendrán que tomar la decisión de quedarse en Nicaragua o buscar territorios con menos aranceles de entrada a Estados Unidos, analizando varios factores. Uno de los más determinantes será el impacto que los aranceles representan para sus clientes en ese país.
“Aunque la decisión de moverse a otro territorio es relativamente ágil, también es cierto que esas decisiones se toman sobre un balance en donde el arancel es solo un elemento”, según el asesor empresarial. Explicó que hay otros elementos que definen la competitividad, como los salarios o las ventajas logísticas. Si estos “les resultaran desfavorables, al sumarse al arancel apoyarían la decisión de moverse, pero si no es así, pudieran garantizar un balance que permita quedarse en Nicaragua”, analizó.
Decisiones y apelaciones
La reversión de la decisión del Tribunal de Comercio Internacional hizo que las empresas afectadas regresaran a la posición original. En esta lista entran las empresas de zona franca así como las agroproductivas que producen para exportar, además de las financieras.
Un administrador de empresas con experiencia en manejo bancario explicó a CONFIDENCIAL que el inicio de la ofensiva arancelaria de Trump activó tanto a las juntas directivas como a la alta gerencia de los bancos. “Este tipo de shocks externos obliga a activar mecanismos de análisis y protección inmediata tanto a nivel interno como en la relación con las empresas exportadoras. Es un riesgo exógeno que puede comprometer ingresos, márgenes y flujo de caja de sectores clave”, detalló.
En ese contexto, los bancos están aplicando medidas internas para evaluar la situación de sus clientes dedicados al negocio exportador, así como a gestionar mejor el aumento del riesgo crediticio.
El cumplimiento de esos objetivos implica reunirse con los representantes de esas empresas para dialogar con ellos y efectuar un análisis conjunto de la situación creada ante la imposición de esos nuevos aranceles. “Convocamos a las principales empresas exportadoras a un proceso de revisión de su situación financiera, contratos de exportación y márgenes”, explicó.
En algunos casos, eso podría derivar en una reestructuración de la deuda, renegociación de plazos o condiciones crediticias, si la evaluación aplicada a las empresas viables pero afectadas coyunturalmente, así lo recomendaba.
“En este contexto, el rol del banco no debería ser sólo proteger su cartera, sino ser también un socio estratégico en la adaptación de los exportadores a un entorno global más incierto y proteccionista. Lo que está en juego no es solo el repago de los créditos, sino el sostenimiento del empleo, las divisas y la estabilidad económica del país”, explicó.
De puertas para adentro, los bancos han tenido que hacer una reclasificación sectorial del riesgo, reevaluando el perfil de las carteras dedicadas a la exportación hacia Estados Unidos que resultaron afectadas por los nuevos aranceles.
La tarea también implica actualizar los escenarios de estrés, simulando el impacto en los flujos de caja esperados de cada empresa para proyectar la afectación en el repago de los créditos y, junto con ello, un refuerzo de provisiones, aplicando criterios prudenciales para reforzar provisiones en el caso de empresas con alta exposición y baja capacidad de adaptación.
