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Trump decidirá sobre suspender ventajas para exportar textiles, arneses, y tabaco a EE. UU.

Manuel Orozco: La suspensión podría provocar la pérdida de 10 000 empleos en las zonas francas y una reducción de 15% de exportaciones a EE. UU.

CAFTA Nicaragua y EE. UU. Trump

Fotoarte: CONFIDENCIAL

Carlos F. Chamorro

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Más de 2000 ciudadanos, empresas, y organizaciones civiles opinaron en la consulta de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, sobre sus recomendaciones para el presidente Donald Trump de suspender las ventajas comerciales que tiene Nicaragua para exportar a EE. UU., al amparo del tratado DR-CAFTA, debido a las graves violaciones a los derechos laborales, derechos humanos y el Estado de Derecho.

En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite los domingos en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, el politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano en migración, remesas y desarrollo, considera que “la probabilidad más alta es que se imponga algún tipo de suspensión de beneficios al sector textil, y al sector de autopartes (para automóviles)”, y al tabaco, antes que al sector de alimentos o minería.

Según Orozco, en dependencia de la decisión final, que Trump podría anunciar en un mes, esto podría provocar una pérdida de 10 000 puestos de trabajo en el sector textil y “una disminución de la demanda de un 10 a 15% del valor exportado” a Estados Unidos.

Orozco cuestionó el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Nicaragua que recomienda al gobierno “reforzar la transparencia y el Estado de derecho, pero no dice nada de las confiscaciones de propiedades y de la imposición del estado policial que desde hace siete años ha demolido el Estado de derecho.

Este 19 de noviembre concluyó la consulta de la Oficina de Comercio de Estados Unidos sobre las recomendaciones que presentaron al presidente Trump de suspender las ventajas comerciales que ha tenido Nicaragua para exportar a Estados Unidos por las violaciones al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a los derechos laborales que estaban amparadas en el Tratado CAFTA. ¿Qué se puede concluir de la opinión dominante entre más de 1500 opiniones de los empresarios, por ejemplo, en contra de las sanciones o de otros sectores que dicen que sí deben de suspenderse estas ventajas comerciales?

Más de 2000 comentarios se integraron en la Oficina de Comercio, la respuesta dominante fue respaldar los hallazgos de la Comisión de Comercio Exterior. En la mayoría de los casos, no había un consenso de cuál sería la medida más apropiada, pero más del 60% de los comentarios fueron en torno a eso. El restante 40% provino fundamentalmente de empresas, la mayoría del tabaco, un tercio de los comentarios provinieron de ese sector; en segundo lugar, el sector café, y en tercer lugar, la industria textil.

Otro grupo establece fundamentos asociados con lo que pidió la Oficina de Comercio, que era cuáles serían las medidas que tendrían un impacto más directo sobre el daño que ha causado el régimen dictatorial y minimizar los impactos a los negocios americanos. Y ahí hubo empresarios que fueron honestos y dijeron –hay que aplicar suspensiones selectivas, pero también hay que acompañarlas con algún tipo de diplomacia y política exterior. Esas son las tres tendencias que se presentan.

¿La Oficina de Comercio le va a presentar al presidente Trump una nueva versión de sus recomendaciones, o simplemente se mantiene el documento inicial con todas estas pruebas de las violaciones a los derechos laborales y derechos humanos?

La propuesta de la Comisión va a incluir una recomendación sobre uno de los cuatro componentes o una combinación. Lo más probable va a ser la opción de suspensión selectiva de beneficios con la imposición de aranceles a ciertos sectores. Pero también es posible que incluya otras recomendaciones que se sometan a la jurisdicción del Departamento de Estado. Hay que tener presente que Comercio Exterior no tiene autoridad en hacer política exterior ni diplomacia. Por lo tanto, ellos van a diferir ese tipo de recomendación hacia el Departamento de Estado y a partir de ahí la Casa Blanca estaría planteando su decisión final.

El presidente Trump no tiene un plazo legal para pronunciarse y tomar una decisión. ¿Tiene un plazo político? ¿Qué interés tiene el caso Nicaragua, y el CAFTA, en la agenda del presidente Trump?

Nicaragua no es prioridad como país en la política exterior, lo que sí es prioridad es lo que está haciendo Nicaragua. Un régimen dictatorial que ha usado la migración y el comercio como herramientas para beneficiarse en contra de Estados Unidos. Desde ese ángulo, sí representa una prioridad política para la Administración del presidente Trump.

Aunque no hay un plazo definido, la probabilidad de que esto se va a definir en los próximos meses es muy alta, es decir, que del 19 de diciembre en adelante se adopte una medida y se haga pública para principios del año siguiente. Lo que está haciendo la Administración es ser consistente, por un lado, está acusando a Venezuela de usar el régimen como un sistema dictatorial para aprovecharse a través de la exportación de narcotráfico, por otro lado, a Nicaragua que está usando la migración y el libre comercio como una estrategia para beneficiarse en contra de Estados Unidos.

¿Qué impacto tendría en los sectores exportadores estos impuestos selectivos, o un arancel del 10% adicional al 18% que ya tienen las exportaciones de Nicaragua? Esas son las opciones, pues pareciera que está descartado imponer un arancel del 100%.

La decisión gira en torno a la coyuntura política en de Estados Unidos, donde hay un enfoque en reducir el efecto que pueda tener el arancel en alimentos. Eso incluye café, banano, (carne). No incluye el tabaco porque es un producto de lujo, paradójicamente, los que hacían comentarios de no subir el precio del tabaco decían –es que ese es el único gusto que me doy. En fin, sigan explotando a la gente, protejan a la dictadura, pero no suban los precios del cigarro.

En términos prácticos, el efecto inmediato sería una disminución de la demanda de productos exportados de Nicaragua. ¿A cuánto ascendería? Depende del tipo de medida, la probabilidad más alta es que se imponga algún tipo de suspensión de beneficios al sector textil, y en segundo lugar, al sector de autopartes (para automóviles), que también tienen mayor probabilidad de ser más portables dentro de Centroamérica, que sobre el sector de alimentos o minería, que es un valor bastante protegido. Eso podría tener un efecto de una disminución de la demanda de un 10 a 15% del valor exportado.

Esos sectores que estás mencionando son altamente intensivos en trabajo, en el sector laboral, por lo menos en el caso de las textileras. ¿Qué impacto podría tener en el empleo y en la economía de Nicaragua, en sus proyecciones de crecimiento el próximo año?

La exportación de productos a Estados Unidos está bifurcada entre el sector manufacturero en la zona franca y el sector agroexportador en diferentes territorios del país. En el caso de la Zona Franca, son 45 parques industriales, prácticamente más del 70% de las exportaciones son hacia Estados Unidos, son textiles y son economías de enclave.

Las cadenas de valor que existen en la producción de los textiles tienen bajo impacto en la economía local porque los (insumos) se importan, se aprovechan de la mano de obra local. Habría un impacto en la disminución del empleo, podría ser una disminución de unos 10 000 trabajadores de la Zona Franca, donde venía disminuyendo la presencia de empresas desde el 2018 y también la empleabilidad. Estaría acelerando un proceso que ya venía ocurriendo por diferentes razones, fundamentalmente la inseguridad jurídica que existe en Nicaragua. En ese contexto vas a ver un impacto en ciertos sectores laborales y en la rentabilidad, porque las utilidades que generan empresas en la Zona Franca son altísimas comparadas con lo que dejan en la economía local, que es básicamente salario, menos del 20% del valor exportado se queda en el país en la forma de salarios.

El informe del Fondo Monetario Internacional advierte sobre la incertidumbre que rodea a la economía nacional si se imponen sanciones más amplias y más estrictas, pero únicamente proyecta una leve disminución en las proyecciones de crecimiento en 2026. ¿Está el Fondo Monetario tomando en cuenta el impacto que podrían tener esa suspensión de las ventajas de exportación que tiene Nicaragua?

Yo creo que el Fondo Monetario, la economista Alina Carare, han decidido proteger al régimen de Nicaragua, planteando que esta es una economía que mantiene indicadores y políticas fiscales y monetarias relativamente estables. El comentario que hacen en el comunicado de prensa es bastante generoso sobre la dictadura, en un contexto bastante irreal, porque en primer lugar este año y ellos lo reconocen, la economía va a crecer en función de las remesas, el 33% del PIB proviene de remesas, es un crecimiento de casi tres puntos porcentuales. En segundo lugar, hay un aumento de las exportaciones, que se se venían produciendo ya en la economía global desde Estados Unidos.

El próximo año lo que va a ocurrir, posiblemente, es una contracción económica frente a una disminución del crecimiento de las remesas, que posiblemente vaya a estar alrededor de cero o 2%. Un 3% de crecimiento de las remesas aumenta el PIB en un 1%, si tenés un 0%, la economía del país no va a llegar a un crecimiento mayor del que tuvo el año pasado.

En segundo lugar, una disminución del comercio exterior también va a tener un efecto sobre la actividad económica en general, no la actividad económica interna que es precaria. La oferta crediticia, por ejemplo, no ha venido creciendo, ha venido disminuyendo y crece en el sector del consumo privado, en endeudamiento, que en el futuro muy probablemente no van a poder pagar. Los indicadores del Fondo Monetario, los comentarios que hacen da vergüenza, de alguna manera uno los entiende, pero dan pena ajena.

El Fondo Monetario también le recomienda al Gobierno reforzar la transparencia, el Estado de Derecho y el clima de negocios. Pero no dice nada sobre las causas que han producido opacidad y falta de transparencia, no menciona las confiscaciones de propiedades, y tampoco dice que habría que suspender el estado policial, que es lo que ha demolido el Estado de Derecho. Pareciera que hablan de otro país, ¿por qué tanta complacencia contra el régimen de Nicaragua?

Hay que preguntárselo a la economista del Fondo Monetario, porque yo le he hecho la pregunta y ella sabe que Nicaragua es una dictadura y que incluso para ir al país hay que tener cuidado. Hay dos razones por las que ellos no están planteando las cosas como son, en primer lugar, porque no quieren echarse para atrás y tener que defender por qué en los informes anteriores también defendían al Gobierno. Y segundo, porque un comentario negativo o proporcional a lo que está ocurriendo en Nicaragua, tendría implicaciones muy fuertes sobre la economía del país y ellos no quieren ser responsabilizados por eso.

Uno de los mandatos de la autoridad del Fondo Monetario es la gobernanza de la estabilidad económica del país, eso incluye cuatro indicadores: la independencia del Banco Central, la independencia del sector financiero, la estructura reguladora del mercado, y el cumplimiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Si aplicas el checklist para el caso de Nicaragua de manera rigurosa, te vas a dar cuenta que no hay independencia. En diciembre del año pasado, Nicaragua fusionó la Superintendencia de Bancos con el Banco Central, ahí desaparece la independencia. También introdujeron un mecanismo en que penalizan a la institución financiera que se abstenga de mantener relaciones económicas con personas sancionadas y los acusa de ser “traidores a la patria”. En términos legales, lo que está haciendo Nicaragua es proteger a los criminales y eso en sí representa un riesgo financiero altísimo y el Fondo Monetario se queda callado. Ni hablar del problema del Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, el sistema de justicia desapareció y fue subordinado por la Fiscalía, esa inconsistencia, realmente no tiene sentido.

Lo que está claro es que la suspensión de las ventajas comerciales que Nicaragua tenía para exportar a Estados Unidos es inminente, aunque no es una “bomba atómica”, ni va a provocar un colapso de la economía. La economía va a seguir funcionando a un ritmo menor, con ciertos impactos en las zonas exportadoras, pero ¿afecta o no al país? Porque el gobierno parece no darse por enterado y la única respuesta que han dado hasta hoy es entregar más concesiones a las empresas mineras chinas y vender como una panacea las Zonas Económicas Especiales, libres de impuestos, para los inversionistas chinos. ¿Puede esto compensar la pérdida de las ventajas para exportar a Estados Unidos?

Los que están asesorando a Rosario (Murillo) le están diciendo — quédate callada, porque mientras vos dejes que sigan deportando gente (a Nicaragua) y no digas nada y no hagas ninguna actividad de narcotráfico, los Estados Unidos te van a dejar sola. Pero esa no es la realidad, porque la política exterior actual de Estados Unidos es unilateral, no hay concesiones bilaterales.

Hubo una decisión específica con CAFTA, desde mayo los países miembros de CAFTA empezaron a negociar bilateralmente, con la excepción de Nicaragua, con Estados Unidos. Todo esto era inminente, pero el régimen tiene esta mentalidad de que mientras su círculo de poder se siga enriqueciendo y apuestan a través de China, que todo va a estar bien.

La realidad es muy diferente, desde el punto de vista comercial, China lo que ofrece son productos que Nicaragua produce. Entonces no podés seguir importando en cantidades que no te permiten competir internamente. Están desplazando al comercio interno nicaragüense y por eso los nicaragüenses están encachimbados con los chinos y con la dictadura.

Lo que está invirtiendo China en Nicaragua es en un contexto de largo plazo a diez años, especialmente en la minería, asumiendo que lograrán desplazar a empresas de oro que están exportando hacia el exterior. Eso solo puede ocurrir si el régimen de Ortega y Murillo debilita la capacidad productora de empresas como Calibre Mining, o Hemco, entre otras. Y eso es lo que están haciendo, es seguir achicando las opciones de sostenerse de forma duradera.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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