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En enero y febrero de 2026, Nicaragua consumió un petróleo caro. Bastante más caro que lo que ofrecían los mercados internacionales: alrededor del 40% más del precio promedio al que estaba disponible en esos dos meses. En esos dos meses, el país pagó 26.9 millones de dólares de más. El Gobierno oculta quién se embolsó esa diferencia.
Los porcentajes y los millones se moderaron de forma sensible en marzo, cuando el sobreprecio fue de seis millones de dólares.
Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), muestran que en el primer trimestre de 2026 se compraron casi 1.25 millones de barriles de crudo, a un precio promedio de 93.5 dólares por barril. El problema es que, en ese período, el precio promedio del petróleo WTI estuvo entre 60 y 91 dólares.
La diferencia entre el precio internacional del crudo, y el precio que reporta el BCN genera una brecha que oscila mucho mes a mes: 22.9 dólares por barril en enero; 27.2 dólares en febrero; y 14.4 dólares en marzo, mes en el que los precios se vieron alterados por el inicio de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
Una brecha inesperada
CONFIDENCIAL consultó a un profesional del ámbito financiero que pidió ser identificado como Armando. El experto hizo notar que hay una diferencia entre el precio WTI (West Texas Intermediate, que se usa como referencia en el continente americano), porque este es un precio FOB (o sea, el precio de compra), mientras que lo que publica el BCN son los precios CIF, que incluyen costos adicionales.
FOB es el acrónimo de ‘Free on Board’, y detalla el precio de un producto al abordar el medio de transporte que lo llevará a su destino. CIF (“Cost, Insurance, and Freight”), suma al costo de adquisición, el de los seguros y el precio del flete. De ahí que sea más alto.
El problema es que la diferencia entre uno y otro no suele ser tan alta. El BCN ofrece un dato que permite hacer una comparación. El Balance Comercial de Mercancías, engloba el costo de las compras que hizo el país en el primer trimestre del año. El documento detalla el precio FOB; también el de los fletes y seguros, y luego el valor CIF. La diferencia entre ambos precios (el FOB y el CIF), es menor al 9%.
Si bien no hay un detalle de lo que paga cada mercancía (no es lo mismo importar zapatos, uvas o petróleo), también lo es que la diferencia no puede ser tan grande como la brecha de entre 37.6% y 42.5% observada en enero y febrero de 2026.
¿Adonde va a parar ese dinero?
Carlos, un experto en hidrocarburos ya retirado, explicó que desde 2020 el precio de los fletes es más alto. En parte, porque las navieras están pagando mayores precios por el combustible que mueven a los barcos. También, por el afán de algunas de esas empresas de transporte por recuperar las ganancias perdidas durante la pandemia de covid-19.
Además, “el costo de los seguros ha aumentado”, como reacción a la crisis en el Estrecho de Ormuz, según el especialista.
Ambos elementos explicarían el aumento de precios en marzo, pero no el de enero ni el de febrero. Tampoco ofrecen suficientes argumentos para aceptar sin más esos altos porcentajes de sobreprecio. Lo que sí es independiente al desarrollo del conflicto, son las comisiones que cobran los traders, los expertos que se encargan de gestionar la compra, transporte y entrega del petróleo que adquiere el país.
Carlos menciona otra posibilidad, y es que Nicaragua compre petróleo reconstituido. Esto es, petróleo con un extra de nafta, gasoil, o productos ligeros, lo que se define en dependencia del uso que se le vaya a dar.
La omnipresente opacidad
Armando destaca que “el problema es que, por definición, la opacidad que impera en Nicaragua impide que conozcamos toda la verdad. De ahí que sea fácil intuir que toda esa millonada que uno puede ver que están cobrando de forma adicional, va a parar a cuentas oscuras de algún testaferro de la dictadura”.
El secretismo con que se maneja la importación y comercialización de petróleo en Nicaragua, ha permitido a la familia gobernante y sus aliados consolidar un negocio millonario en torno a los hidrocarburos. Un ejemplo de ello, es el congelamiento del precio de los combustibles, implementado desde abril de 2022, que ha generado ganancias de hasta 100 millones de dólares anuales a la cúpula orteguista, según cálculos del economista Enrique Sáenz.
Esa misma opacidad impide saber si lo que está de fondo —en el pago de sobreprecio— son empresas privadas comprándose entre ellas petróleo caro para aumentar sus márgenes de ganancias.
Reynaldo es un gerente en activo que ofrece una visión distinta para ese mismo problema. “Ovidio Reyes (presidente del Consejo Directivo del Banco Central) dijo claramente que el Gobierno había creado reservas por múltiples años, y que con eso iban a subsidiar el petróleo ahora que subió, para que el precio del diesel y la gasolina no se incrementara en Nicaragua”.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, apostilló.
Lo segundo es el efecto de quienes tienen que pagar ese sobreprecio por el petróleo: las familias, los propietarios de vehículos de transporte privado (motos, autos, camionetas)… y los empresarios. “Nosotros soportamos el acoso fiscal, la corrupción, y la ineficiencia en los servicios que presta el Estado. Además, debemos pagar más por la electricidad y el combustible que impulsa nuestros negocios. Todo eso hace que perdamos competitividad con respecto a Centroamérica”, lamentó el gerente.
Si también se pagó de más por el petróleo entre abril y mayo de 2026, es algo que se sabrá hasta que comience el segundo semestre, cuando el Banco Central publique los datos con más de dos meses de atraso.
