31 de marzo 2023
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Ha pasado más de una semana desde que el estadounidense Randy Martin, director ejecutivo de la empresa minera Plantel Los Ángeles, anunciara a su personal que el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua (MEM), había cancelado la concesión otorgada para operar en esa actividad, sin que la Resolución del MEM haya sido publicada en el diario oficial La Gaceta, o siquiera en el sitio web del Ministerio.
Ninguna de las fuentes de la industria consultadas por CONFIDENCIAL, ha visto la referida Resolución y no conocen los argumentos usados para cancelar la concesión a esta inversión extranjera ubicada en La Libertad, Chontales
El pasado 23 de marzo, Martin dirigió una comunicación al personal de la empresa, en la que informaba la decisión ministerial de cancelarles el permiso, y anunciaba que la ingeniera Anyela Suhey Fernández Salazar había sido nombrada interventora de la empresa, “para que se encargue de las operaciones de Plantel Los Ángeles”.
Al confirmar que, a partir de ese momento, la operación del plantel quedaba a cargo de la interventora nombrada por la autoridad ministerial, el inversionista advirtió de que si bien, eso sería así “el directorio hará uso de los derechos que conforme las leyes de Nicaragua le corresponden”.
“Conforme las leyes de Nicaragua”, la empresa tiene el derecho de apelar ante el mismo Ministerio de Energía y Minas, y en caso que no reciba una respuesta que le resulte satisfactoria, también puede acudir a otras instancias de mayor nivel jerárquico dentro del tinglado legal pinolero.
Grosso modo, el marco legal nicaragüense ofrece la opción de ir de revisión ante la entidad que emitió la resolución. Si esta resuelve en contra del querellante, este puede apelar, y si al fallar esa apelación, la entidad mantiene la resolución inicial, el afectado tiene dos caminos: siendo el primero, introducir un amparo administrativo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si identifica que hay violación a sus derechos constitucionales.
El segundo es iniciar un proceso contencioso administrativo -que se interpone directamente en la Sala de lo Contencioso de la CSJ- si percibe que lo que hay es un incumplimiento de leyes ordinarias, todo con base en el principio del derecho administrativo de que toda resolución administrativa es impugnable.
¿El Ciadi, o el Cafta?
La situación planteada con el retiro de la concesión a la inversión extranjera Plantel Los Ángeles “es algo nuevo que está pasando”, aseveró un empresario del sector que prefiere mantener su nombre en reserva. “Intervenir y suspender, son dos facultades que están en la reforma de agosto de 2022, pero son figuras nuevas, que se aplican por primera vez en el sector minero”.
El gremio minero quedó parcialmente desarticulado por la decisión gubernamental de cerrar 19 cámaras y entidades del sector privado, lo que incluyó la Cámara Minera de Nicaragua. “la resolución es apelable ante la misma instancia que la emitió y ante otras instancias judiciales, además del sistema internacional”, dijo la fuente consultada.
El empresario norteamericano tiene la opción de recurrir ante el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
Otra posibilidad es acudir ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi), que es un ente del Banco Mundial creado para lograr procesos de arreglo de diferencias que sea “independiente, apolítico y eficaz”, lo que “ayuda a promover la inversión internacional fomentando la confianza en el proceso de resolución de controversias”.
Nicaragua firmó su adhesión al Ciadi en febrero de 1994, e hizo el depósito de ratificación en marzo de 1995, con lo cual entró en vigor en abril de ese mismo año. En este momento, el país —representado por el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific)— enfrenta una demanda por 689.1 millones de dólares, interpuesta por Riverside Coffee LLC, después que grupos armados progobierno invadieran su plantación de aguacates en la Hacienda Santa Fe, en Jinotega.
Otra fuente del sector, que trabaja para una empresa competidora de Plantel Los Ángeles, duda que la agraviada tenga opción de presentar cualquier tipo de reclamos, considerando “todas las leyes que incumplieron, incluyendo algunas de nivel constitucional”, aseguró sin entrar en más detalles.
CONFIDENCIAL consultó al inversionista Martin vía WhatsApp, sin obtener respuestas. El 6 de junio de 2022, la empresa recibió una advertencia por parte del MEM, que le daba seis días para dejar de comprar broza extraída de zonas protegidas por la ley, lo que habría sido la razón para que el 27 de junio se le comunicara que le cancelaban la concesión, aunque la empresa pudo seguir operando bajo el control de Martin, hasta este 23 de marzo.
