18 de mayo 2025
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La Cámara de Representantes del Congreso norteamericano debatirá el lunes 19 de mayo de 2025 un proyecto de ley, promovido por los republicanos, que incluye un impuesto del 5% a los envíos de remesas hechos por toda clase de migrantes: indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Solamente os ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.
El politólogo Manuel Orozco, investigador en temas de migración, remesas, y desarrollo, en el Diálogo Interamericano estima que unos 50 millones de migrantes, que ya pagan impuestos en Estados Unidos se verían afectados por la nueva tasa del 5%.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmitirá este domingo 18 de mayo a las 8.00 p. m. en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Orozco considera que el nuevo impuesto podría reducir en 10% del flujo de remesas provenientes de Estados Unidos en Nicaragua, disminuyendo el consumo privado, y provocando una reducción del 1% en el Producto Interno Bruto.
El próximo lunes 19 de mayo se empieza a debatir en el Congreso norteamericano un proyecto de ley enviado por los republicanos para imponer un impuesto del 5% a las remesas familiares que envían los migrantes desde Estados Unidos. ¿Se puede estimar cuál es el universo de migrantes que serían los posibles afectados?
El debate trata de meter una enmienda a la ley de impuestos que incluye este 5% de las remesas y que se lo cobra a toda aquella persona que no es ciudadano americano. Estamos hablando de casi 50 millones de personas que serían afectadas frente a esta ley, ya que el número de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, es considerable, pero no es de 15 millones de personas, y somos 65 millones de migrantes.
El impacto es bastante fuerte porque incluye personas que no están autorizadas legalmente para estar en el país, e incluye personas con diferentes categorías legales de estadía en el país, desde las personas que tienen Green Card hasta las que están con algún un permiso de trabajo en diferentes categorias.
Doble pago de impuestos
Pero los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos, aún aquellos que están en condición irregular, están pagando impuestos. ¿Esto sería un impuesto adicional, específicamente, para los no norteamericanos?
Correcto. La justificación legal no existe. La propuesta de ley no dice por qué se está enfocando en los que no son ciudadanos, independientemente de su estatus legal en Estados Unidos. Es una imposición legal por ser extranjero, no ciudadano, en vez de por ser alguien que no paga impuestos. Y eso está creando un gran debate, porque realmente incluye mucha gente que sí paga impuestos.
Aparte de los que están pagando impuestos con papeles, los que no tienen papeles se estima que entre un 50 y 75% están pagando sus impuestos a través del número de identificación tributaria. Y en términos generales, alrededor de un 20% de la población migrante es la que no está pagando algún impuesto al ingreso del país.
Al estar enfocada en este universo de migrantes, ¿se puede deducir que esta ley también es un mecanismo de control para ubicar a los migrantes ante posibles deportaciones masivas?
Los objetivos no están claros. Por un lado, hay una perspectiva de que es parte de una estrategia mucho más amplia, que tiene como objetivo cortar toda entrada de extranjeros al país y mantener un control bastante estricto de esos mismos.
El impuesto lo que hace, supuestamente, es disuadir a la población que quiera migrar, a que no venga porque ya va a ser más difícil enviar dinero. Y a los que están en el país, que se vayan porque es muy caro enviar dinero. Pero también están otras propuestas de ley, como quitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Entonces, realmente están tratando de limitar la libertad de los que están en Estados Unidos que no son ciudadanos.
En caso de que esta ley llegara a ser aprobada, tal como está formulada o con alguna enmienda, ¿cuál sería el impacto que tendría entre los migrantes que envían remesas no solamente a Nicaragua, a República Dominicana, a Haití, a México, a una veintena de países?
Es muy difícil determinar el impacto, yo llevo trabajando más de 30 años en este tema de migración y remesas, y una de las cosas que trabajamos era reducir la tasa de informalidad. Uno de los factores que generaba la informalidad era el costo de transacción. Ahora, el costo de transacción pasaría a 8% en promedio, de un 3% que estaba.
Según los datos que yo tengo desde los años 2000, sobre la tasa de informalidad en todo el mundo, un aumento del costo de transacción en 1%, aumenta la informalidad en 8%. La tendencia de la gente de votar con sus pies a un mercado informal es muy alta.
El otro factor es que la gente envía menos dinero, porque no les da la plata para pagar tan caro. Por ejemplo, la gente que envía dinero a Haití, Cuba, que son lugares muy caros para enviar por las condiciones en que se encuentra el país o por ejemplo, en Europa, que solo los bancos eran las entidades autorizadas para facilitar el envío de dinero, la gente se iba por el sector informal también, pero enviaban poco dinero. Por un 1% de costo adicional, uno estaría enviando hasta 150 dólares menos, es decir, casi un 40% de lo que se está enviando en este momento.
El impacto en las familias de los migrantes
Con esta ley, ¿podrían ser afectados, por una parte, las familias que reciben remesas, supongo que también las empresas remesadoras que trabajan en este servicio formal, pero también la economía de los países receptores de remesas?
El momento realmente es bastante crítico porque la tendencia migratoria iba en un gran declive y con las deportaciones ya ibas a notar una disminución, una desaceleración de la remesa. Lo que ocurrió en el primer trimestre de 2025, tenía que ver con una perspectiva que el migrante decía: —Mejor envío todo lo que pueda ahora, porque no sé qué va a pasar en el futuro.
Con este impuesto, podríamos estar hablando un mínimo de una disminución del 10%, identificando diferentes escenarios. Pero para un país como Nicaragua, por ejemplo, la caída de 800 000 transacciones que se envían mensualmente por persona, son más 950 000 transacciones mensuales, porque uno envía más de 12 veces al año, sería por lo menos de un 10%. En el caso de Nicaragua, solo el 14% de los nicaragüenses en Estados Unidos son ciudadanos. Entonces, el impacto es bastante fuerte.
¿Qué impacto que tendría en la economía, en ese flujo del impacto que tiene la remesa en el consumo y, también en la recaudación tributaria del Gobierno?
Es altísimo, porque para un país como Nicaragua, la dependencia de la remesa sobre el consumo privado es altísima. Más del 30% del consumo privado del país es remesa. Y la economía nicaragüense es en el 80% consumo privado, el gasto del Gobierno es de un 16% y el resto es básicamente otras entradas de sector externo. Pero el consumo privado es lo que activa una economía, y en Nicaragua, más de un tercio de las transacciones del consumo del país es remesa. Entonces, una disminución del 10% disminuiría también el consumo privado en un 10%. Y eso, se traduciría en una reducción mínima de un 1% del producto interno bruto.
El incremento de la informalidad
¿Cuál es el clima de este debate legislativo en Estados Unidos?, ¿qué dicen las empresas remesadoras?
La industria de remesas está muy preocupada, porque el impacto ellos lo conocen. Son empresas que saben cuándo hay que competir con la economía informal. Venimos de un momento en el año 2000, cuando el 30% de las remesas eran informales y se fomentó una competitividad para reducir eso, se redujeron los costos, y ahora la informalidad es de un 2%.
Hay una preocupación muy grande sobre la caída de ingresos, por un lado, pero también el tema más preocupante es el efecto que tiene sobre el riesgo financiero, porque la gente al irse a mecanismos informales, pueden ocurrir transferencias ilícitas también.
Entonces, vos puedes usar una plataforma de envío que está también lavando dinero en ese mismo mecanismo. Y eso refleja un impacto muy grande sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.
Hay preocupación dentro del Congreso, tanto demócratas y republicanos, y uno de los impactos importantes de las remesas es que disminuyen la intención a migrar, toda vez que la gente que recibe remesas formaliza sus ahorros.
Y otro impacto interesante en relación con el consumo, es que las remesas se correlacionan estadísticamente muy de cerca con la importación de bienes americanos, entonces, si vos reducís las remesas, se dejan de consumir productos gringos. De alguna manera hay un torpedeo inesperado de toda esta medida.
Hemos visto cómo han reaccionado otros países ante la posibilidad de que esta legislación se apruebe, como en el caso de México. Pero en términos domésticos, en Estados Unidos, los migrantes tienen posibilidades de hacerse escuchar frente a la intención de esta ley? ¿Qué posibilidades tiene de ser aprobada?
La posibilidad de que pase en la Cámara Baja es muy alta. En el Senado va a haber un pleito bastante grande, porque también afecta los intereses de los estados, cuando le estás quitando algún tipo de ingreso al estado, porque habría una disminución de rentas de parte de las empresas de remesas. Eso afecta a la contribución tributaria que se recibe de parte de los estados.
Las organizaciones de migrantes están tratando de movilizarse en todos los frentes, hay algún tipo de solidaridad. La opinión pública en general es muy positiva sobre el envío de dinero. De alguna manera va a haber una oposición. La ley que se va a debatir, incluye una serie de temas, entre ellos impuestos estatales, es muy controversial y entonces en el Senado es muy difícil que se Llegue a aprobar.
Pero estos proyectos tienen el respaldo total del presidente Trump, que en. este tema de migración sigue teniendo popularidad.
Sí, la opinión pública ha disminuido en relación con el tema de las deportaciones, ha sido dividida en relación con el tema migratorio. En lo que respecta al Congreso, es más bien al revés. Los congresistas republicanos lo que están haciendo es darle un voto de confianza al presidente mediante la introducción de legislaciones que tienen que ver con restricciones migratorias y están apostando todo lo que puedan al respecto. Es bastante complicado, tanto para los republicanos en el Congreso como en el Senado. Hay mucho de la reputación de ellos en riesgo y el proceso electoral para las elecciones de segundo término ya está a la vuelta de la esquina, entonces están arriesgando bastante.
¿Cuál es el plazo político para la posible aprobación de esta ley? Estamos hablando de algo inminente en las próximas semanas, meses?
El debate es tratar de lograr que antes del 4 de julio esto sea aprobado, antes del receso de fin de año.
