7 de marzo 2025
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por romper cuatro convenios internacionales por la represión ejercida al sector privado de Nicaragua.
Ante la “adopción de nuevas medidas”, que serán anunciadas la próxima semana, durante la reunión del Consejo de Administración de la OIT, el régimen orteguista decidió salirse de este organismo y acusarlo de “prestarse a maniobras de desestabilización e injerencismo”.
La queja fue presentada el 16 de junio de 2023 en la 111.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y fue firmada por 15 delegados empleadores de diversos países de Europa, Asia y América.
En el informe señalan a la dictadura de cometer “actos de acoso, agresiones físicas, privación arbitraria de libertad y detención contra los presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri y Michael Healy (q.e.p.d.), y de su vicepresidente Álvaro Vargas”.
También por la “exclusión del COSEP de los procesos de diálogo social nacionales y la ausencia absoluta de consulta tripartita con el COSEP sobre asuntos relacionados con los empleadores, como la aprobación de incrementos del salario mínimo”.
Asimismo, de “campañas de desacreditación, agresiones verbales y promoción de un entorno hostil contra el COSEP y sus organizaciones miembro por parte de funcionarios gubernamentales”.
En la queja también se reclama por la “cancelación arbitraria de la personalidad jurídica del COSEP y disolución de este, así como de sus 18 organizaciones miembros”, por la “confiscación de los activos del COSEP y sus dirigentes, y la retirada de la nacionalidad de antiguos dirigentes del COSEP”.
Ante estos hechos, que la dictadura negó de inmediato, los delegados señalan que se rompe cuatro convenios internacionales:
- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
- Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).
- Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
La ruptura de estos convenios fue estudiada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y Comisión de la Conferencia, ambas comisiones lamentaron “el persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores independientes”.
Nicaragua ha sido miembro de la OIT de 1919 a 1938 y de 1957 a la fecha, según detalla este organismo. El país ha ratificado ocho de los diez convenios fundamentales, dos de los cuatro convenios de gobernanza y 52 convenios técnicos.
Régimen desoye petición de OIT
La queja fue notificada a la dictadura el 12 de diciembre de 2023 y ocho días después, el 20 de diciembre, el régimen respondió que era infundada y carece de argumentos jurídicos. Además justificaron la cancelación de personería por “incumplimiento de obligaciones legales” y acusó al COSEP y sus cámaras de “negarse a participar en cualquier diálogo o consultas tripartitas desde mayo de 2018”.
En marzo de 2024, el Consejo de Administración de la OIT instó “al Gobierno a que subsane, con carácter urgente, las graves lagunas advertidas en esa aplicación de los convenios objeto de la queja” y solicitó que brinde más información “sobre todas las cuestiones planteadas en la queja”.
En abril de ese mismo año, el director general de la OIT se comunicó con el Gobierno de Nicaragua para “estudiar toda posibilidad de asistencia técnica que la Organización pudiera suministrar a los mandantes tripartitos de Nicaragua”. También se estableció un primer contacto con la Ministra de Trabajo, Alba Luz Torres Briones y se le propuso una comunicación virtual, pero no hubo respuesta.
Por lo que el Consejo afirmó que “deplora la ausencia de un compromiso significativo del Gobierno, así como el hecho de que este no haya respondido a ninguna de las comunicaciones de la Oficina y no haya facilitado la información solicitada”, según consta en la minuta de la reunión 352, ocurrida en noviembre de 2024.
En esa reunión se acordó enviar una “misión tripartita de alto nivel para que evalúe las cuestiones planteadas en la queja” y que sea esta quien presente un informe completo al Consejo de Administración en la próxima reunión, que se realizará en Ginebra.
En este encuentro, el Consejo emitirá una decisión sobre las nuevas medidas a tomar y “toda implicación financiera o de otra índole que pueda
acarrear”, según consta en la agenda de la reunión que fue publicada el 28 de febrero de 2025, día en que la dictadura decidió salirse de este organismo.
En las reuniones de la OIT se ha recordado los informes sobre violación a derechos humanos publicados por diversos órganos de las Naciones Unidas, como los del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Dictadura molesta por informe de OIM
En la misma nota de prensa que fue anunciada la salida de Nicaragua de la OIT, la dictadura también informó que salía de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La decisión fue tomada tras la publicación del “Informe sobre las migraciones en el mundo 2024” en el cual se menciona que Nicaragua facilitó el trasiego de migrantes cubanos que van rumbo a Estados Unidos.
“Algunos cubanos intentan llegar a los Estados Unidos de América por mar —a menudo en embarcaciones precarias— y otros vuelan a Nicaragua (que no exige visados de entrada a los turistas cubanos)”, cita el informe.
En respuesta, el régimen dijo que “esta organización carece de visión y acciones para el abordaje serio de las causas estructurales de la migración, utilizando un doble rasero en el tratamiento de los Estados”.
En el informe de la OIM se menciona que los nicaragüenses están en el top diez de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras de refugiados y solicitantes de asilo.
También señalan que en países como Nicaragua y Honduras, “el permanente deterioro de la situación de seguridad y, en particular, los delitos y los actos de violencia cometidos por las bandas y los cárteles de narcotraficantes —sumados a la enorme desigualdad—, han empujado a muchos a abandonar sus hogares”.
Por su parte, la dictadura decidió retirarse de dicha organización y exigió el cierre de su representación y de sus oficinas en Nicaragua.
Con una excusa parecida, el pasado 4 de febrero de 2025, el régimen se retiró y expulsó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
