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A año y medio de haber promulgado su propia Carta Magna —en la que alteró el 93% de los artículos— la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo someterá el texto a una nueva reforma que será aprobada en septiembre de 2026. El nuevo ajuste busca cumplir con la orden del dictador de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Según juristas nicaragüenses en el exilio, el reajuste incluirá “pocos” cambios a los publicados en febrero de 2025, pero marcará “un vuelco definitivo” del sistema político nacional y terminará de “demoler” el Estado.
La “copresidenta” Rosario Murillo anunció que la reforma constitucional será aprobada, en primera legislatura, en los primeros días de septiembre de 2026.
“Concluido el proceso de consulta la Comisión Especial (la Asamblea) elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días del mes de la patria”, detalló Murillo en su monólogo del lunes 27 de julio de 2026.
El anuncio fijó, por primera vez, un calendario para la nueva reforma constitucional. La iniciativa fue anunciada por Ortega durante el acto del 19 de julio, cuando ordenó cambios legales para poner un “muro” a quienes califica como “golpistas” y “vendepatrias”, con el fin de evitar que vuelvan a disputar el poder por la vía electoral.
El contenido de la reforma constitucional todavía no ha sido difundido. Sin embargo, juristas y analistas coinciden en que el objetivo de la dictadura es desmantelar por completo el sistema electoral vigente.
La estrategia de ganar tiempo para prorrogar mandato
De acuerdo con la legislación nicaragüense, las reformas constitucionales deben aprobarse en dos legislaturas. De tal manera que los cambios planteados por la dictadura serán ratificados en el primer semestre de 2027. Ese año está prevista la realización de las elecciones nacionales, cuya fecha original —de noviembre de 2026— ya había sido prorrogada por la Constitución “Chamuca”.
Por esta razón, los analistas prevén que el régimen orteguista “buscará ganar tiempo”, mientras afina un nuevo sistema.
Carlos, un abogado constitucionalista que habló con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, considera que la nueva reforma “va a tener elementos de prórrogas de la jefatura de Estado y de Gobierno de Daniel y Rosario”, dado el escaso margen de tiempo para la aprobación de la reforma constitucional.
La abogada constitucionalista Azahálea Solís, desnacionalizada por la dictadura, asegura que “estamos en la demolición del Estado”, tras alertar que en el país no existe ningún contrapeso político que evite la deriva dinástica.
Solís tampoco descarta que la dictadura pueda saltarse los plazos establecidos por la ley, debido a que el régimen “puede hacer cualquier cosa, independientemente que existan normas que se lo prohíban”.
“El tema no es normativo”, advierte Solís. Ortega y Murillo “sencillamente van a hacer lo que ellos quieran hacer y lo pueden hacer, además”, subrayó.
Reforma a la Ley 331 o Ley Electoral
Los juristas aseguran que, en simultáneo a la reforma constitucional, el régimen deberá reformar la Ley 331 o Ley Electoral para abolir o modificar formalmente los procesos electorales en el país.
La legislación establece el marco legal para la organización, dirección y supervisión de tres procesos electorales:
- Nacionales, para las elecciones de presidente y vicepresidente —ahora convertidos en “copresidentes”—, diputados nacionales y departamentales ante la Asamblea Nacional, y diputados ante el Parlamento Centroamericano.
- Municipales, para elegir alcaldes y vicealcaldes y consejos municipales.
- Regionales, para la elección de los miembros del Consejo de Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.
La Ley Electoral fue reformada completamente el 5 de marzo de 2025, un mes después de la promulgación de la Constitución “Chamuca”. La nueva legislación incorporó la figura de la “copresidencia”, la ampliación de cinco a seis años del período de gobierno, la subordinación del Consejo Supremo Electoral a la Presidencia. Además, eliminó los otros mecanismos legales de consulta popular a disposición de los nicaragüenses: el plebiscito y el referendo.
La democracia representativa demolida poco a poco
La dictadura lleva más de una década moldeando la Constitución a su medida. La última reforma constitucional, aprobada en noviembre de 2024 y publicada en febrero de 2025, fue bautizada como Constitución “Chamuca” por estar hecha a la medida de Murillo.
El texto redujo los poderes del Estado a “órganos” subordinados a la Presidencia, cambió el sistema de gobierno, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, estableció la “copresidencia” y abrió la puerta a una dinastía familiar sin ningún tipo de contrapesos.
Los cambios también ya incluyeron la eliminación de “toda referencia a la democracia representativa y solo se dejó la democracia directa”, destaca Carlos. El especialista cree que en la nueva reforma, Ortega y Murillo “van a potenciar la democracia directa en línea con lo que ya aprobaron en la Constitución ‘Chamuca’, diciendo que eso es más democracia que la democracia representativa”.
La “democracia directa” ha sido promovida desde el regreso al poder de Ortega, en 2007, mediante los Gabinetes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), impuestos en todas las esferas públicas como una primera cuota de poder público para Murillo, quien los usó como su propio aparato de vigilancia.
Carlos añade que en Nicaragua “ya hay normas constitucionales y legales, que (el régimen) ha venido construyendo, para excluir e impedir que la oposición pueda funcionar libremente”. “La participación (electoral) —sostiene— ya está restringida, no es que hasta ahora van a crear un mecanismo para eso”.
Cuerpo diplomático conoció la reforma
Murillo dijo que los diputados se reunieron el lunes 27 de julio de 2026 con el cuerpo diplomático y misiones acreditadas en el país, a quienes les explicaron el objetivo de reformar la Constitución, pero no brindó mayores detalles.
El encuentro, realizado en un salón de la Cancillería, fue presidido por el presidente del Parlamento, el diputado sandinista Gustavo Porras; los “cocancilleres” Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke; el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo; y el ministro asesor para Políticas y Relaciones Internacionales, Iván Lara.
Al finalizar el encuentro, informaron que las conversaciones continuarán en el marco de la denominada “Consulta Nacional” sobre la reforma constitucional.
“Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso con la comunidad diplomática que vive y trabaja en Nicaragua”, añadió Murillo.
Dijo que los diputados también se reunirán con “autoridades” de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Según Murillo, el proceso de consulta también incluye a miembros de los sectores productivos.
Sin embargo, la maniobra oficialista no ha logrado frenar las alarmas internacionales. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró su embajador—, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a los cambios en materia electoral en Nicaragua.
