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“Eso es absolutamente ilegal”, zanjó en 2001 el diputado del Frente Sandinista Wálmaro Gutiérrez, al conocer que el Gobierno del entonces presidente Arnoldo Alemán, dedujo un 5% del salario de un grupo de trabajadores del Estado como “aporte voluntario” al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El contralor de turno, Guillermo Argüello Poesy, también cuestionó la medida, y los sindicatos afines al otrora opositor FSLN denunciaron el “abuso” del gobierno liberal.
Veinticinco años después, con el FSLN en el Gobierno, nadie en la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República o los sindicatos cuestiona o denuncia cómo el Frente Sandinista impuso una deducción del 2% al 10% en los salarios de todos los trabajadores del Estado, obligados a declararse militantes del partido de Gobierno.
La deducción, impuesta en mayo de 2026, le permitirá al Frente Sandinista embolsarse hasta 1543 millones de córdobas a final de año, según un análisis de los datos oficiales realizado por CONFIDENCIAL.
En 2001, las deducciones impuestas por el PLC también tomaron relevancia cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ordenó una auditoría en el Fondo de Inversión Social (FISE), para comprobar si los fondos del organismo multilateral, destinados a salarios de esa institución, estaban sirviendo para financiar la campaña electoral municipal del PLC.
Los argumentos del rechazo sandinista
Como diputado opositor, Gutiérrez argumentó que —fuera de las cotizaciones al sistema de pensiones e impuestos de renta— las únicas deducciones salariales permitidas en la legislación nicaragüense, “cuando se deduce la plata antes de que llegue al funcionario”, son aquellas ordenadas por un juez, como pensiones alimenticias y deudas laborales.
“Si no hay orden judicial, cualquier otra intervención es ilegal”, afirmó el legislador sandinista.
En declaraciones a CONFIDENCIAL, sostuvo el diputado del FSLN que “la plata que se destina en sueldos y salarios es para sueldos y salarios”. De otra forma, agregó, “estás haciendo una desviación de plata del presupuesto. Y eso es absolutamente ilegal en base a la Ley de Régimen Presupuestario”.
Gutiérrez añadió que la ley “establece claramente que las partidas deben de ubicarse en el destino que en el presupuesto se consignen para tal fin”, tras reclamar que las deducciones se hicieran en la planilla estatal.
“No le podés dar otro destino a partidas que tienen un destino específico, en caso contrario es ilegal”, sentenció.
Desde entonces, lo establecido en la legislación laboral nicaragüense y la ley del presupuesto de la república no se ha reformado, y las únicas deducciones salariales contempladas son la cotización al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), el Impuesto sobre la Renta (IR) y cobros judiciales o retenciones autorizadas por el mismo trabajador, como préstamos o adelantos salariales.
Gutiérrez aún ocupa un escaño en la Asamblea Nacional, como diputado del Frente Sandinista, y está obligado por los estatutos de su partido a “aportar” el 10% de su salario, por ocupar un cargo de elección popular. Sin embargo, pese a que esa deducción ahora aplica en la planilla estatal de todos los trabajadores del Estado, el diputado hoy no emite ningún cuestionamiento.
La posición de la Contraloría y sindicatos
La “voluntariedad” del aporte partidario impuesto por Alemán también fue cuestionada por la Contraloría General de la República (CGR). El entonces presidente de la institución, Guillermo Argüello Poesy (q.e.p.d.), declaró que “muchas veces esa voluntariedad pudiera no estar muy clara”.
Enfatizó que “sería totalmente inaceptable que alguien diera contribuciones que no fueran voluntarias y más bien fueran exigidas”.
A las críticas se sumó la Unión de Empleados de Nicaragua (UNE). Su secretario nacional, Domingo Pérez —quien aún sigue en el cargo sindical—, rechazó las “deducciones partidarias” que calificó de “ilegales” y de “chantaje institucional” por parte de PLC.
“(Las deducciones) se aplican en muchas instituciones: en el MIFIC, la DGI, la OTR y en entes autónomos como INISER, INSS, Aduanas y en otras”, detalló Pérez.
Incluso, el sindicalista advirtió la posibilidad de interponer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el “abuso” del gobierno, y un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el sindicalista, la medida afectó a unos 20 000 trabajadores del Estado.
Hoy, ningún sindicato denuncia la deducción impuesta por el Frente Sandinista. Tampoco el partido de Gobierno o el Ministerio de Hacienda detallan cuántos trabajadores públicos son sujetos de retención, aunque la cifra supera ampliamente los 20 000 afectados denunciados en 2001.
A diferencia de la medida del PLC, la deducción del FSLN afecta a todas las instituciones del Estado. Además, todos los empleados públicos han sido obligados a declarar sus patrimonios personales y familiares y presionados a firmar su afiliación al partido oficialista. Los datos oficiales, publicados por el Banco Central, indican que a mayo de 2026 —cuando se impuso el “aporte” al FSLN— el número de trabajadores del Estado era de 106 183 personas, incluyendo direcciones, servicios administrativos, técnicos y científicos, docentes, sector salud, producción y servicios generales.
Deducciones del PLC fueron suspendidas
Ante la presión del BID y las críticas, Alemán suspendió las “deducciones” a los salarios de los empleados públicos e intentó restarle importancia al tema.
En una reunión con el entonces presidente del BID, Enrique Iglesias, el mandatario liberal alegó que menos del 45% de los empleados del FISE habían “cotizado” para el PLC, y aseguró que no se había despedido a nadie por no hacerlo.
El canciller de Alemán y gobernador por Nicaragua ante el BID, Francisco Aguirre Sacasa, secundó al mandatario y precisó que el número de empleados que cotizaban al PLC “era menos de mil en todo el gobierno”. También dijo que el presidente comprendía que “podía crear una imagen negativa por la forma en que se hacía, al hacer una deducción de planilla”.
En 2026, los contrapesos que frenaron la medida en 2001 están anulados. Sin auditorías de organismos multilaterales, con una Contraloría que no fiscaliza el destino de los fondos públicos y con diputados y sindicatos alineados a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la deducción ilegal del FSLN se ejecuta bajo el silencio y la impunidad.
