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Los “codictadores” Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron a la Procuraduría General de Justicia, entregar 36 propiedades ubicados en ocho departamentos del país, en concepto de “donación” al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según los acuerdos presidenciales publicados el 19 de junio de 2026 en La Gaceta.
Las donaciones al INSS se han realizado a través de ocho acuerdos presidenciales:
- Acuerdo 83-2026: Matagalpa (1)
- Acuerdo 84-2026: Estelí (5)
- Acuerdo 85-2026: Bluefields (1)
- Acuerdo 86-2026: Granada (1)
- Acuerdo 87-2026: Masaya (1)
- Acuerdo 88-2026: Rivas (9)
- Acuerdo 89-2026: Managua (15)
- Acuerdo 90-2026: León (3)
Igual que las propiedades cedidas con anterioridad, el régimen ha ocultado datos como la extensión, el número catastral y la ubicación exacta. Corredores de bienes raíces y economistas, en marzo de 2025, explicaron a CONFIDENCIAL que esto revela que son bienes confiscados ilegalmente y la dictadura quiere evitar reclamos públicos de sus legítimos dueños.
En agosto 2024, a través del Acuerdo Presidencial 135-2024, la dictadura traspasó al INSS la “isleta Zompopera”, propiedad del líder político y opositor Juan Sebastián Chamorro. En esa ocasión, la publicación de La Gaceta informó detalles como la extensión 3704.75 metros cuadrados (M2) y datos de la inscripción “número de finca 18331, tomo 830, folio 166, asiento 4º del Registro Público de la Propiedad de Granada”.
En las nuevas “donaciones”, sin embargo, el régimen ocultó información y solo indicó los Números Absolutos de Propiedad (NAP) y el departamento al que pertenecen.
Mismo patrón en las “donaciones”
Cada uno de los acuerdos en las que se ceden las 36 propiedades sigue una misma estructura jurídica. El artículo 2 de los documentos autoriza al presidente del INSS a presentar ante el Consejo Directivo de la institución, para su aprobación, la “aceptación de la donación” de los bienes inmuebles descritos en cada acuerdo.
El artículo 3, faculta a la Procuradora General de Justicia para que incluya en los contratos de donación todas las “cláusulas contractuales” que estime pertinentes, “con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua”.
Los acuerdos otorgan a la Procuradora General de Justicia, Wendy Morales —el rostro visible de las confiscaciones y el robo de propiedades privadas en Nicaragua—, la potestad de ejecutar todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para formalizar las “donaciones”.
Cada acuerdo entra en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Régimen disfraza “donaciones”
Los Acuerdos Presidenciales indican que las donaciones tienen como finalidad “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias”.
Asimismo, aseguran que sirven para “fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.
El traslado de bienes inmuebles hacia instituciones controladas por el Ejecutivo, bajo la figura de donaciones estatales aprobadas mediante acuerdos presidenciales y ejecutados por la Procuraduría General de Justicia, forma parte de un patrón ejecutado por la dictadura desde 2024.
Entre agosto de 2024 hasta marzo de 2025, unas 113 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según una revisión de CONFIDENCIAL.
Los nicaragüenses exiliados y desterrados también han denunciado la expropiación y confiscación de sus propiedades por parte del Estado. Una vivienda robada a la doctora Anely Pérez Molina y su familia, tras su destierro a Estados Unidos en marzo de 2023, por ejemplo, fue usurpada en mayo de 2026 por personas ligadas a la dictadura, denunció la dermatóloga.
