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Las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han tenido “dimensiones de género claras y sistemáticas”. Evidenciando una “profunda contradicción” entre el discurso oficial que pregona la igualdad de género y una desigual realidad, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
En Nicaragua, la represión estatal “ha utilizado el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento”, advierten el Grupo de Expertos en su informe Nicaragua: La Represión en Clave de Género. Agregan que cientos mujeres opositoras han sufrido discriminación, agresiones y persecución política alimentadas por estereotipos de género y la manipulación de roles de cuidado, y profundizadas por prejuicios sociales.
“El Estado no solo ha afectado de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, sino que además ha reproducido, instrumentalizado y profundizado desigualdades estructurales y estereotipos de género preexistentes para castigar, disciplinar y silenciar a las víctimas y para destruir redes de apoyo, organización y resistencia”, se lee en el informe.
La utilización del género como instrumento de control expone la contradicción entre el discurso oficial y la realidad. Aunque el régimen destaca sus avances en representación política de las mujeres, esa participación ocurre dentro de estructuras centralizadas y controladas, con escasa autonomía real.
“Las autoridades promueven un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la familia y la obediencia, mientras estigmatizan a las mujeres disidentes como amenaza para el orden social. Esta narrativa ha servido para justificar ataques contra mujeres que ejercen liderazgo público o defienden los derechos humanos”, destaca el GHREN.
Dimensión de género en las violaciones
Entre las graves violaciones de derechos humanos donde el Grupo de Expertos identifica una dimensión de género destacan: las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos en lugares de detención, la vigilancia constante, el acoso y las campañas de difamación y la prohibición de ingreso al propio país.
El Grupo valora que las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas han tenido “impactos específicos en las mujeres”. Enfatizan que las mujeres opositoras o percibidas como tales han sido sometidas a procesos sin garantías, incomunicación, cargos infundados y estigmatización basada en roles de género.
Estas violaciones “interrumpieron trayectorias profesionales, desarticularon familias y separaron a madres de sus hijos e hijas. También afectaron a mujeres que buscaban a familiares detenidos o desaparecidos, que visitaban centros de detención o que reclamaban justicia. Estas mujeres fueron acosadas, vigiladas y amenazadas”, remarca el informe.
El GHREN también destaca que la tortura y los malos tratos en lugares de detención incluyeron “formas claras de violencia sexual y de género, incluida la violación”.
Agregan que las mujeres detenidas subrayan con frecuencia que fueron sometidas a insultos sexistas, amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual, aislamiento, restricción de visitas familiares y privación de atención médica adecuada.
“Estas prácticas buscaron humillarlas y castigarlas por su participación política y por apartarse de roles tradicionales. La violencia sexual y las amenazas dirigidas contra su maternidad o la custodia de sus hijos profundizaron el sufrimiento psicológico. Las familiares que visitaban a personas detenidas también sufrieron registros abusivos y tratos degradantes”, se lee en el informe.
“Malas madres”, “abortistas”, “traidoras” o “enemigas de la familia”
Para el Grupo de Expertos, la vigilancia constante, el acoso y las campañas de difamación han servido para aislar y silenciar a un gran número de mujeres dentro y fuera de Nicaragua. “Muchas fueron llamadas ‘malas madres’, ‘abortistas’, ‘traidoras’ o ‘enemigas de la familia’”, subrayan.
Adicionalmente, “las mujeres del colectivo LGBTIQ+ enfrentaron ataques homófobos y estigmatizantes; en tanto que las lideresas indígenas y afrodescendientes sufrieron también a causa del racismo en su contra, y la violencia e impunidad ligadas con esta forma de discriminación”, dice el informe.
Asimismo, advierten los expertos, la prohibición de ingreso al propio país, la denegación de pasaportes, las expulsiones, la privación arbitraria de la nacionalidad y la confiscación de bienes han dejado a muchas mujeres en situación de desarraigo, precariedad económica, separación familiar y, en varios casos, apatridia de facto.
Además, la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+ “ha eliminado espacios esenciales de protección, acompañamiento y denuncia”. Muchas de estas organizaciones brindaban servicios legales, psicosociales, comunitarios y de salud sexual y reproductiva. Su cierre ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
Para el Grupo, varias de estas violaciones constituyen los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución por motivos políticos. “Aunque el motivo principal de la persecución es político, el género de las víctimas ha influenciado en su selección por los perpetradores, en los métodos represivos utilizados y en los impactos sufridos”, subrayan.
