AA
Share
Miles de nicaragüenses que durante años han esperado una respuesta sobre sus solicitudes de refugio en Costa Rica, o que recibieron una resolución negativa sin lograr otra alternativa migratoria, podrán optar por la reactivada categoría especial que les permitirá residir y trabajar legalmente en el país.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció la reactivación de la denominada “Categoría especial temporal complementaria para personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y colombianas cuyas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentren pendientes de resolución o hayan sido denegadas”, según la resolución DG-0064-05-2026 publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 2026. La institución fijó la entrada en vigor de la medida para el 1 de septiembre de 2026.
La resolución constituye un cambio migratorios relevante anunciados por Costa Rica en los últimos años porque abre una alternativa de regularización para personas que permanecen atrapadas entre expedientes de refugio sin resolver, resoluciones negativas y dificultades para acceder a otra categoría migratoria. Esta categoría dejó de funcionar en 2024 y en 2025 se había descartado reactivarla.
La propia DGME reconoció que el país registra un aumento considerable de solicitudes de refugio desde 2014 y admitió que una cantidad importante de personas permanece en condiciones de vulnerabilidad, incertidumbre e irregularidad migratoria mientras espera una decisión definitiva sobre su situación.
La magnitud de esa población aparece reflejada en datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En mayo de 2025, el organismo informó que Costa Rica acogía a más de 194 000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9216 personas reconocidas formalmente como refugiadas procedentes de Nicaragua. ACNUR también indicó que Costa Rica alberga a más de la mitad de toda la población nicaragüense desplazada en el mundo.
La DGME permitirá aplicar a personas que solicitaron refugio desde el 1 de junio de 2014, una fecha que amplía significativamente el universo potencial de beneficiarios.
¿Quiénes podrán solicitar la categoría?
La nueva categoría migratoria beneficiará a personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y ahora también a colombianas que cumplan varias condiciones establecidas por la resolución.
La persona interesada deberá haber presentado una solicitud de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026.
Además, deberá haber permanecido en Costa Rica desde la presentación de esa solicitud y mantener un expediente pendiente de resolución, una solicitud declarada manifiestamente infundada o una solicitud denegada en firme.
La DGME también exigirá que la persona no posea otra categoría migratoria aprobada ni mantenga otros procesos de regularización pendientes. Asimismo, la institución excluyó de este beneficio a quienes sí puedan optar por alguna de las categorías migratorias ordinarias previstas en la legislación costarricense.
Antes de aprobar cada solicitud, la institución realizará verificaciones de antecedentes penales y policiales mediante bases de datos nacionales e internacionales.
La resolución también autoriza revisiones biométricas cuando Migración lo considere necesario.
Trabajo legal y permanencia renovable
La resolución permitirá a las personas beneficiarias trabajar legalmente en cualquier actividad remunerada, tanto por cuenta propia como bajo relación de dependencia.
Ese punto representa uno de los principales beneficios de la nueva categoría, ya que muchas personas solicitantes de refugio han enfrentado dificultades para acceder a empleos formales o mejorar sus condiciones laborales mientras esperan una resolución migratoria.
La DGME otorgará la categoría por períodos de dos años y permitirá renovaciones sucesivas por plazos idénticos. La institución conservará la facultad de revisar el historial migratorio de cada persona antes de aprobar una renovación.
Las personas beneficiarias tampoco necesitarán permisos especiales para salir de Costa Rica y regresar al país, aunque deberán cumplir los requisitos migratorios aplicables a otras categorías especiales.
Pruebas de arraigo y documentos obligatorios
La DGME exigirá una serie de documentos para demostrar identidad, nacionalidad y permanencia en Costa Rica.
Entre los requisitos figuran certificaciones de nacimiento, antecedentes penales, documentos de identidad y pruebas de arraigo. Para acreditar ese arraigo, la persona interesada podrá presentar constancias de matrícula educativa, documentos que demuestren la inscripción de hijos en centros educativos costarricenses, registros de atención médica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) u otros documentos emitidos por instituciones públicas.
La resolución también permite sustituir algunos documentos por declaraciones juradas cuando la persona demuestre una imposibilidad material para obtenerlos.
Migración recibirá las solicitudes mediante cita previa entre el 1 de septiembre de 2026 y el 1 de septiembre de 2027 en sus oficinas de La Uruca, San José.
¿Cuánto costará obtener la nueva categoría?
La resolución también establece una serie de pagos obligatorios para las personas que reciban una resolución favorable.
La DGME cobrará 25 dólares por concepto de solicitud migratoria y 20 dólares adicionales por los dos años de vigencia inicial de la categoría.
La persona beneficiaria también deberá cancelar 30 dólares por la emisión del documento migratorio y otros 30 dólares contemplados en la legislación migratoria costarricense. A esos montos se suma el costo del documento de identificación migratoria establecido en el artículo 251 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Los pagos expresamente detallados en la resolución ascienden al menos a 105 dólares por persona, sin incluir gastos relacionados con certificaciones, apostillas, autenticaciones notariales, traducciones, antecedentes penales o desplazamientos para realizar el trámite.
La DGME también exigirá que la persona mantenga una afiliación vigente a la Caja Costarricense de Seguro Social, requisito indispensable para completar la documentación y conservar posteriormente la categoría migratoria.
La resolución obliga a cada integrante de un grupo familiar a realizar los depósitos de forma individual, por lo que el costo total aumentará según la cantidad de personas que soliciten la categoría especial.
Costa Rica reconoce la presión sobre su sistema de refugio
Más allá de la reactivación de la categoría migratoria, la resolución ofrece una radiografía del sistema de refugio costarricense.
La DGME reconoció que Costa Rica ha recibido un aumento considerable de solicitudes de refugio de personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y colombianas desde 2014.
La institución también admitió que no todas las personas solicitantes cumplen los requisitos legales para obtener el reconocimiento como refugiadas, situación que ha contribuido al crecimiento de una población migrante que permanece en condiciones de vulnerabilidad mientras intenta regularizar su estatus.
En la resolución, la institución argumentó que las situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público que atraviesan los países de origen de esta población justifican la adopción de mecanismos complementarios de protección que permitan una estancia regular en Costa Rica.
La DGME también citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección complementaria para personas que no encajan dentro de la definición tradicional de refugiado, pero que podrían enfrentar riesgos para su vida, libertad o integridad si regresan a sus países de origen.
*Este artículo se publicó originalmente en Mosaico CSI.
