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El administrador de la Aduana Central Aérea citó a los gestores externos que llegan a esas oficinas cada día para “desaduanar” la mercadería de diversas empresas privadas, y les advirtió que deberían dejar de ofrecer dinero a los empleados públicos que trabajan en ese lugar. De forma consistente, el sector privado ha denunciado la existencia de un extenso esquema de corrupción en las aduanas nicaragüenses, que les obliga a pagar más de lo que la ley manda, para obtener sus mercaderías.
La reunión ocurrió el lunes 16 de marzo de 2026. Ahí, el administrador de la Aduana Central Aérea, Ernesto Torres, advirtió a la treintena de agentes aduaneros que ese día estaban presentes en el local, que no se les permitiría que ofrecieran dinero a los empleados públicos bajo su mando. También les dijo que cuidaran sus empleos, porque si los detectaban ofreciendo dinero, cerrarían las agencias para las que ellos trabajan.
La advertencia de Torres parece implicar que en la Aduana Central Aérea, no se permitirá corrupción no autorizada. En el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el concepto alude a toda forma de ilícito de tipo económico que se comete por cuenta propia, sin consultar con la autoridad local, y sin compartir las ganancias “con los de arriba”. La advertencia del administrador ocurre después de múltiples denuncias y publicaciones sobre el sistema imperante en esa entidad gubernamental.
El problema es el mecanismo diseñado para promover cobros ilícitos, que impera en las aduanas nicaragüenses, tal como lo relataron a CONFIDENCIAL personas que estuvieron presentes en la reunión. Empresarios que dependen de la labor aduanera para importar mercadería, o medicinas, o repuestos, etc., también se han quejado de ese esquema corrupto, que les causa perjuicios económicos.
Los gestores consultados explicaron que los funcionarios aduaneros imponen dudas de valor y cobros extraordinarios; o piden coimas para no imponer multas sin razón. O para quitarlas, cuando ya las impusieron. O dejan de hacer lo que sea que estén haciendo, para atender la carga especial que reciben, propiedad de allegados al régimen que manejan negocios privilegiados. Como los de la paquetería.
La carga especial es “propiedad de algunos negocios especiales. No se le revisa, ni se le atrasa, ni se le cobran impuestos. No es hasta que terminan de ‘desaduanarla’ por completo, y los espacios de trabajo quedan libres, que los aforadores comienzan a atender a los gestores aduaneros que sí están pagando conforme ley”, explicaron las fuentes.
200 córdobas para que hagan su trabajo
Como en todo sistema tributario moderno, las aduanas son una parte importante del esfuerzo fiscal de un Estado. En el caso de Nicaragua, recaudan cerca de un tercio del total de los impuestos cobrados cada año. De ahí que el tema de la probidad sea determinante para la bienandanza del presupuesto de la República.
Las fuentes explicaron que, aunque se trataron varios temas, había uno al que se le dio más importancia: al cese del sistema de pago de coimas.
Cada día, las agencias aduaneras envían a su personal a gestionar el retiro de la mercadería que importan sus clientes. Como parte de su labor, estos gestores deben presentar declaraciones ante la autoridad aduanera para definir el monto de los impuestos a pagar por esa mercadería.
El problema es que los aforadores trabajan a un ritmo tan lento que, muchas veces, los gestores tienen que ofrecerles dinero para que hagan más rápido su trabajo. Precisamente lo que el administrador Torres dice que se quiere evitar, al indicar que “no deben hacer pagos por debajo de la mesa”. El problema, justifican los gestores, es que el sistema está diseñado para causar esos retrasos.
El panorama más sencillo es tener una declaración cuya resolución urge, lo que se arregla entregando “hasta 200 córdobas” al funcionario encargado de procesarla. Una vez hecho el pago “ese funcionario deja de hacer lo que está haciendo, recibe la declaración del gestor, y le entrega el documento.
Es posible que ese día, ese gestor solo haya presentado una declaración, pero no es extraño que presente hasta 20 en un solo día. Si la decisión es aceitar el mecanismo con los billetes de 200 córdobas, eso implica que tendrá que pagar una mordida de 4000 córdobas al aforador encargado de atenderle.
El silencio de los culpables
A veces hay algo más que una larga fila en juego. El primero es que la Aduana está facultada para cobrar por cada día extra de almacenaje. No importa si la Aduana misma es la responsable de que la mercadería siga en los almacenes o en sus frigoríficos, en vez de estar en las bodegas (o los exhibidores) de su dueño, el importador.
Si los días de retraso son muchos, se corre el riesgo de que la mercadería sea declarada ‘en abandono’. En ese caso, la ley permite enviarla a subasta. Para evitarlo, se debe pagar una multa administrativa de cien dólares, lo que no necesariamente impide que la mercadería vaya a subasta. La razón es que los gestores deben ubicarla en físico e informarle a los aforadores, para que continúe el proceso normal de “desaduanaje”.
“Ellos nos atrasan con su corrupción; hacen que la mercadería caiga en abandono, y obligan a los importadores a pagar multas, mientras se le va sumando el costo de almacenaje”, refirió una de las fuentes. Dado que conoce cómo operan sus clientes, no duda en afirmar que es poco lo que los importadores pierden, porque su opción es tratar de pasar ese sobrecosto a sus clientes finales, cuando eso es posible.
Parte de la amenaza del administrador Torres, es que las agencias para las que trabajan los gestores que ofrezcan coimas, serán cerradas “por corruptas”. Dado que nunca, ningún aforador se ha quejado por recibir dinero, ni ha denunciado a ningún gestor por esa causa, las fuentes dudan que algo así pueda ocurrir. “No lo van a hacer porque el que diga eso sabe que pierde mucho dinero. Son 200 córdobas -por cada declaración- que ellos no van a rechazar”, ilustró.
Critican el doble discurso
“Indigna tener que pagarles por hacer su trabajo. Ellos deberían organizarse para recibir y procesar las declaraciones, pero eligen atrasar todo el proceso porque saben que mientras más atrasan a los gestores, mientras más lento avance la fila, cobrarán esos 100, 200, y hasta más”, detalla uno de los denunciantes.
Explica que no les sorprende la doble moral que implica amenazar los pequeños actos de corrupción, mientras se alientan los actos que generan grandes ganancias para quienes tutelan el sistema. La novedad es que, esta vez, dijo que se expulsaría “al gestor y al funcionario” que fueran encontrados cometiendo esos actos de corrupción no autorizada.
Lo que sí agradecen es la inesperada honestidad que traslució Torres, cuando los amenazó en la improvisada reunión. El funcionario les dijo que “cuiden sus trabajos. La canasta básica está muy cara, y ustedes no ganan ni siquiera para adquirir una canasta básica. Ganan menos de la mitad”.
La reacción de los presentes fue quedarse en silencio en la mayor parte de los casos. Ante una propuesta de mejorar las instalaciones de forma urgente, Torres solo respondió que le envíen la propuesta por correo. Los presentes entendieron que el funcionario simplemente se estaba desentendiendo de la solicitud, y continuaron guardando un prudente silencio.
