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Las acciones de Washington en contra del favoritismo del régimen a empresas mineras chinas, en detrimento de inversiones norteamericanas, canadienses, y colombianas,“tienen nerviosos” a los dirigentes del régimen orteguista, aseguran un economista y un abogado entrevistados por CONFIDENCIAL.
La publicación de un comunicado por parte de la Procuraduría General de Justicia, más sendas notas de prensa emitidas por dos empresas exportadoras, y la reunión con las autoridades costarricenses para analizar la situación en Crucitas son “totalmente inusuales”, afirma el economista Juan Sebastián Chamorro, expreso político desterrado en Estados Unidos.
En un comunicado publicado por la Procuraduría el 21 de febrero de 2026, la entidad asegura que las empresas mineras que operan en el país, tienen “plena libertad de comercializar sus productos en los mercados internacionales”. De paso, indicaron que entre Hemco y Equinox, habían exportado un total de 1325 millones de dólares, de los 1961 millones (o sea, el 67.6% del total) que captó el país por ese rubro en 2025.
El Banco Central de Nicaragua corrigió ese dato al publicar su Informe de Comercio Exterior del IV Trimestre de 2025, al fijar ese monto en 1971 millones de dólares.
Chamorro atribuye esos movimientos a que Ortega y Murillo “están bastante preocupados por las publicaciones —que obviamente son ciertas— en especial por lo que le hicieron a BHMB, que es una empresa norteamericana. Ellos saben que la invadieron, saben que la confiscaron, y que se la entregaron a unos chinos. Ahí dejaron un reguero de evidencia que está a todas luces visible”, explica en referencia a la confiscación de esa empresa minera que operaba en Palacagüina.
La noticia de la confiscación, generó dos reacciones negativas en Estados Unidos. La primera fue la del abogado Jason Ian Poblete, quien denunció el hecho en una publicación en X. A continuación, Richard Grenell, enviado especial para Misiones Especiales del presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la toma de “indignante”.
“Lo de la Procuraduría sacando un comunicado fue totalmente inusual, porque nadie les estaba preguntando nada”, añade el economista, que también se desempeña como coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el exilio
Ortega y Murillo “temen” —según Chamorro— las posibles consecuencias de esta confiscación, “pero no parece que vayan a dar marcha atrás en ninguna de esas cosas, devolver concesiones”.
Luego que Estados Unidos sancionara a la Dirección General de Minas, en octubre de 2022, las exportaciones de oro comenzaron a cambiar de destino, lo que diversas fuentes interpretan como un mecanismo para evadir esas sanciones. Si hasta 2022, la casi totalidad del oro nicaragüense se enviaba hacia EE. UU., la tendencia comenzó a cambiar a partir de 2023, y se mantuvo en 2024 y 2025.
Régimen busca capear el temporal
CONFIDENCIAL habló también con un abogado nicaragüense radicado en el extranjero que, desde el anonimato, asegura que hay una “confluencia” de acciones iniciadas en —o coordinadas con— Washington, encaminadas a seguir golpeando al sector minero nicaragüense.
“Todas esas expresiones (los tres comunicados, y la reunión con las autoridades costarricenses) son producto de esa preocupación”, comenta la fuente. La razón de fondo es la importancia que tiene el oro para la economía nicaragüense: representó el 37% de las exportaciones de mercancías del país, y el 22%, si se incluyen los productos de zona franca. También para los intereses empresariales de la familia en el poder, “porque sus negocios están muy entroncados con la actividad minera” que hay en Nicaragua, valora.
Al respecto, menciona el crecimiento desmedido de las concesiones que se han otorgado “a empresas chinas que no tienen prestigio ni historial en el sector minero, lo que genera altas sospechas de que se trata de empresas de maletín, ligadas a los negocios de la familia”.
Otras preocupaciones se explican por varios movimientos que observa en Estados Unidos. El primero es la introducción en el Senado de Estados Unidos, de un proyecto legal denominado Ley de Asociación Legal de Oro y Minería de los Estados Unidos. El texto, que busca frenar la actividad minera ilícita en el continente, apunta a Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como a Nicaragua.
De forma explícita, se propone interrumpir el comercio ilícito de oro en Nicaragua. Incluso “mediante el uso de medidas específicas de los Estados Unidos contra el Gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y sus colaboradores”. Todo ello, “de conformidad con la Orden Ejecutiva 14088… que se emitió el 24 de octubre de 2022”.
El texto detalla que en 2023, Nicaragua exportó oro por 1240 millones de dólares, de los cuales 637 millones se colocaron en Estados Unidos; 353 millones fueron a Canadá; 244 millones a Suiza; y 6.6 millones a Italia. Las exportaciones de oro nicaragüense a Canadá fueron cero en 2022, y solo se aceleraron después de la última ronda de sanciones contra el sector minero.
Estados Unidos ha perdido relevancia como destino de las exportaciones nicaragüenses: si en 2021 nos compraba casi el 50% de la mercadería general, ese porcentaje cayó al 38% en 2025. En el proceso, Canadá se consolidó como segundo destino, al pasar de 0.8% a 17.4% en el mismo período.
El abogado también hizo referencia a la cumbre que convocó el presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo. A la cita han sido convocados los presidentes de los gobiernos latinoamericanos con los que el republicano guarda mayor afinidad ideológica, “para analizar el tema de la penetración china”, apostilló.
Régimen no está interesado en frenar traslado ilegal de broza
Sobre este particular, el abogado señala que “Costa Rica puso el dedo en la llaga, al denunciar lo que está pasando en Crucitas”.
Añade que el régimen intentó desmontar esa situación potencialmente dañina lo más rápido posible, enviando a Valdrack Jaentschke a tratar el caso con las autoridades ticas.
“Hay que estar claros que Nicaragua no va a defender lo que Costa Rica no tenga capacidad de defender. Para Nicaragua es un negocio que le esté entrando este oro. Puede haber muchas declaraciones, y firmarse muchos compromisos, pero si Costa Rica no es capaz de detenerlo por su cuenta, la colaboración nicaragüense se limitará a expresiones de buena voluntad, porque la situación actual les beneficia”, sostiene el abogado.
Al insistir en que no se debe esperar nada práctico de esa reunión porque “no es más que un acto político, de cara a la cumbre de Trump”, el experto detalla cuál es la hoja de ruta que, a su criterio, podría seguir Washington. Más que imponer nuevas sanciones contra entidades nicaragüenses, la fuente apunta a que la administración Trump irá contra China y sus empresas, para que no puedan exportar a Estados Unidos, ni mover recursos desde Nicaragua hacia el mercado mundial.
Dado que siempre es posible que esas empresas exporten directo a China, que es un gran comprador de oro, opina que Estados Unidos buscará cómo desmontar el modelo que permite exportar directamente a la nación asiática. Eso se puede lograr haciendo que sea difícil mover capitales, pero también, acusando a quienes lo intenten, de estar lavando dinero.
El desprestigio que implican las sanciones contra la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “significa que están apuntalando a señalar a Nicaragua como un país que propicia el lavado de dinero”, explicó. Vislumbra que Estados Unidos irá de forma selectiva contra las empresas chinas, señalando al tráfico de oro como un elemento de lavado de dinero por parte de Nicaragua.
Finalmente, Chamorro mencionó el otro gran temor del régimen. Uno que no se expresa con declaraciones grandilocuentes, sino con silencios impactantes. Como el de los últimos días, después que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. El país cuyos líderes acostumbraban fotografiarse con Ortega, celebrando entre abrazos representar a ‘revoluciones hermanas’.
