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El viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, es una ficha clave dentro del régimen represor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El funcionario fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, el 18 de abril de 2026, y es descrito por quienes lo conocen como un hombre capaz de cometer “cualquier cosa” para conseguir sus objetivos. Como operador de Murillo en el Ministerio del Interior, esos objetivos son reprimir a la población nicaragüense y ejecutar las órdenes de la todopoderosa “copresidenta” de Nicaragua.
Cañas ha ganado preponderancia como eje de la maquinaria del destierro de la dictadura y parte del círculo de poder de Murillo. También participa en un sistema de vigilancia permanente en el territorio nacional y es el encargado de transmitir las órdenes de Murillo, ejerciendo el verdadero poder en el Ministerio del Interior (MINT).
En su historial, Cañas incluye una destitución por corrupción en 2007, su ascenso posterior al grado de comisionado general lo posiciona como la pieza fundamental para la implementación de las políticas más represivas del régimen.
Mano derecha en la maquinaria del destierro
La mano derecha de Rosario Murillo en la maquinaria del destierro, que decide quién entra o no a Nicaragua, es el viceministro del Interior Luis Cañas Novoa. Identificado como uno de los 54 funcionarios responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN).
El Grupo de Expertos señala que, para negar el ingreso a los nicaragüenses, el viceministro solicita información al secretario de organización del Frente Sandinista, Fidel Moreno, quien dirige una red de vigilancia dentro del país, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de la Policía y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Moreno elabora un perfil de la persona y con esa información, el viceministro decide si la persona ingresa o no a Nicaragua.
Cañas también participó en el destierro de los 222 presos políticos enviados a Estados Unidos, en 2023, y los 135 enviados a Guatemala, en 2024. El funcionario ordenó la expedición de sus pasaportes sin que esas personas lo hubieran solicitado. Los documentos fueron entregados personalmente por el viceministro.
Luis Cañas en los nuevos anillos del poder de Murillo
Entre los nuevos anillos del poder de Rosario Murillo para garantizar su sucesión dinástica, Cañas se ubica como uno de los más cercanos. Es quien ejerce el verdadero poder en el Ministerio del Interior, por encima de la autoridad de la ministra María Amelia Coronel.
Desde finales de 2024, Cañas también ocupa con regularidad una silla en la mesa principal de los dictadores y es uno de los operadores más visibles, a pesar de que en sus inicios fue un hombre que se mantuvo un poco más en las sombras.
De acuerdo con el Grupo de Expertos, el viceministro ocupa “un papel importante” en la infraestructura represiva del régimen.
Según un reporte periodístico de Divergentes, antes de ocupar el puesto de viceministro, Cañas organizó un grupo de excombatientes sandinistas, a quienes les buscó apoyo médico y económico. Más tarde, el grupo apoyó la represión de 2018, cuando la dictadura armó a paramilitares para atacar y masacrar a la ciudadanía que participó en las protestas cívicas de ese año.
Vigilancia y control en el territorio nacional
La labor de Cañas en el MINT también incluye la vigilancia política y control permanente dentro del territorio nacional.
El sistema de vigilancia permite al régimen controlar la información que circula en el país, tomar decisiones sobre quiénes deben ser vigilados, detenidos, expulsados del territorio nacional, impedidos de regresar al país o despojados de su nacionalidad nicaragüense, detalla el Grupo de Expertos de la ONU.
Cañas ha sido el enlace entre el Ministerio del Interior, la Policía y las órdenes de El Carmen, la residencia, secretaría partidaria y despacho de los codictadores Ortega y Murillo.
Hasta mediados de 2025, Cañas ejerció esa función a través del otrora asesor presidencial en seguridad, Néstor Moncada Lau, “purgado” por Murillo en agosto de 2025. Tras la caída de Moncada Lau, el viceministro ahora ocupa un rol más visible en el esquema de vigilancia del régimen.
Cañas es quien recibe las órdenes directas de Ortega y Murillo y las transmite al aparato de vigilancia policial. Según el Grupo de Expertos, en abril de 2023, Murillo ordenó a la Policía que “no tenía que haber una mosca volando sin que ella se diera cuenta”.
Policía corrupto ascendido a comisionado general
Cañas proviene de una familia pobre de El Sauce, León. Se integró a las filas del Frente Sandinista en los años setenta como combatiente. Fue miembro fundador de la Policía Nacional en los años ochenta y una década después, en los años noventa, se posicionó en el área de investigación antidrogas.
También estuvo a cargo del área de inteligencia policial a principio de la década del 2000, pero la primera comisionada Aminta Granera, lo apartó de la Policía en 2007, porque resultó ligado a casos de corrupción.
Tras su salida de la Policía, Cañas permaneció ocho años como civil. En 2015 Moncada Lau lo recomendó para ocupar el puesto de viceministro, en relevo de Carlos Nájar. Durante su primer año en el cargo, Cañas se manejó en las sombras, pero ganó notoriedad a partir de la caída de Ana Isabel Morales (2016) como titular del Ministerio de Gobernación, rebautizado por Ortega en 2023 como “Ministerio del Interior (MINT)”, como se llamó en los años 80.
Junto a la resurrección del MINT, la dictadura impuso su subordinación directa a la Policía, estableciendo la jerarquía de grados policiales en sus direcciones generales. La nueva ley estableció que el rango de viceministro equivale al grado de comisionado general. Días más tarde, Cañas fue ascendido.
Organizador del maltrato a los presos políticos
El esquema de represión del viceministro se extiende al Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Cañas es señalado por el Grupo de Expertos de ordenar “una política sistemática de trato discriminatorio contra reos políticos”.
Además, instruyó a directores de los centros penitenciarios para “obstaculizar el acceso de los abogados defensores y desobedecer órdenes judiciales de liberación y exhibición personal”.
Las instrucciones también incluyen la desobediencia a las órdenes judiciales que autorizan evaluaciones médicas forenses y el acceso a información sobre las condiciones de detención, reforzando un patrón sistemático de impunidad en el sistema penitenciario, que obstruye la rendición de cuentas y permite que continúen los abusos contra las personas detenidas, incluyendo decenas en condición de desaparición forzada.
En mayo de 2019, tras el asesinato en prisión del reo politico Eddy Montes, Cañas justificó que Montes recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los centinelas durante un intento de motín en la cárcel La Modelo. Sin embargo, los presos políticos que presenciaron el hecho desmienten la versión oficial y aseguran que fue un disparo directo.
Gestor de las cancelaciones de oenegés
Cañas también ejecutó órdenes directas de la copresidenta Murillo para cancelar la personalidad jurídica de oenegés u organismos sin fines de lucro. Además, el Grupo de Expertos lo señala de solicitar a Murillo autorización para cancelar la personalidad jurídica de organismos que él mismo selecciona.
En una entrevista el 9 de octubre de 2024, Cañas justificó las cancelaciones afirmando que el dinero enviado a oenegés se usaba para atentar en contra del orden público en el país.
“Un alto porcentaje de estos organismos sin fines de lucro estaban sin actividad inclusive por décadas. Nunca habían presentado ningún tipo de los requerimientos que ellos tienen qué hacer. Fundamentalmente el de los estados financieros. Aquí hubieron organismos que les entró cantidades navegables de plata y que nunca rindieron cuentas. Y los donantes de dudosa procedencia o existencia no les interesaba. Sí sabían que ese dinero iba para atentar contra el orden y la seguridad del país. Y había que protegerlo”, dijo Cañas.
Negación de pasaportes y despojo de nacionalidad
A Cañas también se le señala como el principal responsable, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la política de Estado para denegar la expedición o renovación de pasaportes a opositores dentro y fuera de Nicaragua.
Otros perjuicios incluyen la anulación o borrado del registro oficial de datos, incluyendo actas de nacimiento, un hecho que según el Grupo de Expertos de la ONU conlleva a la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas.
Los nicaragüenses a quienes les niegan estos derechos son personas identificadas por la red de inteligencia del régimen, que coordina la recopilación de información personal, familiar, laboral y de otra índole sobre personas consideradas una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad.
En esa estructura, Fidel Moreno se articula con el Registro Civil y con el área de registro civil de las alcaldías para ordenar el borrado de los registros civiles. Basándose en esa información, en consulta con Murillo, el viceministro Cañas decide a quién privar de su nacionalidad.
